Sonia Da Silva en su casa, 2018. Foto: T. Gaeta.

Tomás Gaeta / Sudestada / @TomiGaeta

El 16 de febrero de 2016, los vecinos del asentamiento Santa María Eugenia recibieron una demanda judicial de Monte Platino Sociedad Anónima. Sonia Da Silva se enteró por su hija: había un cedulón para cada familia. Se dirigió hasta al salón comunal y leyó el texto en silencio.

“Monte Platino S.A. viene a promover acción reivindicatoria respecto de las cuatro fracciones de campo (...) propiedad de la compareciente, ubicadas en la calle Servando Gómez sin número (...) contra TODOS los que hoy habitan en dichos predios”, decía la primera página de la demanda. “En definitiva se ordene a las personas que habitan en la calle Servando Gómez (...) la restitución a Monte Platino S.A. de dichos bienes, en virtud de ser la legítima propietaria en el plazo de 120 días”.

Da Silva recordó: “Cuando terminé de leerla, tuve miedo. Ahí dije: ‘Nos van a echar de acá’”.

Según documentos de la Dirección General de Registros y datos del expediente judicial del caso, Monte Platino está liderada por el diputado suplente del Partido Nacional Aldo Lamorte, y su firma de desarrollo inmobiliario planea construir el barrio semiprivado más grande de Montevideo. En 2011, la sociedad anónima de Lamorte compró los cuatro terrenos donde se ubica el asentamiento por un valor de 306.850 dólares. Cinco años más tarde, demandó a las 130 familias que allí vivían.

Los vecinos de Santa María Eugenia tenían cuatro meses para irse.


Un barrio organizado

Una semana después de recibir el cedulón, los vecinos del asentamiento se reunieron para analizar qué opciones tenían. Fue en esa reunión que surgió el nombre de Mauricio Delgado, el abogado que tomó el caso y defendió al asentamiento hasta fines de 2018.

“Judicialmente lo que está en disputa es el derecho de Monte Platino SA a recuperar los terrenos contra el derecho de esas personas a prescribir a su favor esos terrenos”, afirmó Delgado.

La estrategia de defensa fue utilizar la prescripción adquisitiva, un modo legal de adquirir la propiedad sin poseer su título. “Si compraste una casa y te fuiste, y yo me meto en esa casa y vivo durante una determinada cantidad de años, tengo el derecho a quedarme. Eso se llama prescripción adquisitiva”, explicó el abogado.

De chapa y madera, de concreto o solo de chapa, las casas en Santa María Eugenia emergen apretadas desde el barro hasta conformar un vecindario con más de 15 calles principales y secundarias. A los costados hay rastros de casas incendiadas, electrodomésticos que ya nadie usa, establos caseros para caballos, cerdos y gallinas, neumáticos y basura.

Según Delgado, la precariedad del asentamiento hizo difícil el trabajo. “He tenido otros casos de prescripciones donde es más fácil tener una prueba. En este barrio no está tan claro: las calles y las casas no están bien delimitadas y cuando el juez ve eso no sabe mucho quién es propietario de qué. Es todo muy rudimentario y esas cosas son las que hacen que esto sea complejo”.

La demanda estaba dirigida a todo el asentamiento, algunas personas habían vivido en Santa María Eugenia durante 30 años y otros lo habían hecho por al menos cinco. Para el primer grupo, Delgado utilizó la prescripción general, amparándose en los artículos 1188 y 1203 del Código Civil, que establecen que si una persona vivió 30 años en un inmueble de forma ininterrumpida y de buena fe, el juez puede otorgarle la propiedad a esa persona por más que no tenga el título.

En el caso de los vecinos que llevaban menos de 30 años en Santa María Eugenia, se utilizó la prescripción abreviada, que solo puede ser solicitada por las familias con “precariedad habitacional” que vivieron en Santa María Eugenia durante al menos cinco años de forma ininterrumpida.

Sin embargo, para que la prescripción adquisitiva funcione, el juez del caso tiene que recibir suficientes pruebas que prueben que quienes hoy habitan el asentamiento lo han hecho por al menos cinco años. “Es por eso que reunimos facturas, partidas de nacimiento y testimonios [que afirman] que ese barrio existe hace muchos años”, dijo Delgado. Para eso, los vecinos fueron a la Intendencia y a la Junta Departamental de Montevideo, a la Defensoría de Vecinas y Vecinos, y las escuelas que reciben a los niños de Santa María Eugenia desde 30 años. “Nosotros acá dimos la escolaridad a muchas familias que la pedían para demostrar que hace años que están ahí”, contó la directora de la escuela Nº183, Silvia López.


Escuela 183 de Carrasco Norte. Allí asisten los niños del barrio Santa María Eugenia. 

Asimismo, la Ley de Ordenamiento Territorial afirma que solo las personas “cuyo núcleo familiar no supere el nivel de pobreza en sus ingresos” podrán hacer uso de la prescripción adquisitiva. En enero de 2018, 70 de 130 familias recibían dinero del Plan de Equidad del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el 55% tenía la Tarjeta Uruguay Social del organismo. Por mes, un habitante de Santa María Eugenia recibía, en promedio, 2.948 pesos por todas sus ocupaciones y llegaba a 5.080 pesos si le sumaba las pensiones del BPS, los beneficios de la tarjeta y las asignaciones familiares del Mides, y es por eso que esa información se incluyó en la respuesta a la demanda de Monte Platino.


La lucha por la tierra


"La espina que queda" entre varios barrios privados. Foto: T. Gaeta.

En setiembre de 2017, la jueza del caso, Beatriz Venturini, citó por primera vez a una audiencia a los habitantes de Santa María Eugenia. De las 130 familias que vivían allí en marzo de 2016, 108 personas viajaron al Juzgado Civil de 11º Turno y subieron los 58 escalones hasta la oficina judicial. “Con el dinero recaudado contratamos un ómnibus y la comisión de fomento de Cruz de Carrasco nos donó otro”, contó Tomás Millán. A la salida de la Suprema Corte de Justicia, en Plaza de Cagancha, los vecinos sostuvieron pancartas que rezaban: “La lucha por la tierra está más vigente en el corazón de cada asentado”, como se ve en las fotos publicadas en Facebook.

“Yo siempre les dije que este juicio es muy difícil, pero que tenemos alguna probabilidad. Es más difícil aún que un juez les dé la razón y diga: “Ustedes son propietarios de estos terrenos”, comentó el abogado, respecto a las posibilidades de superar la demanda.

Desde entonces, el juicio ha avanzado muy lentamente. Fue recién a principios de 2020 que un ingeniero agrimensor visitó el asentamiento y realizó el peritaje para determinar si todas las familias demandadas estaban dentro de los padrones en cuestión, y según dijo Delgado, el resultado no fue muy favorable: el informe indicó que todas las familias construyeron sus casas dentro de los terrenos de Monte Platino.

En tanto, la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda compraron un predio para realojar un primer núcleo de 50 familias -una cuarta parte― del barrio, pero no hay novedades desde julio de 2019.


Cambio de suelo


Santa María Eugenia, el barrio cercado por proyectos urbanos privados. 

Actualmente, el asentamiento Santa María Eugenia, rodeado por los barrios semiprivados San Nicolás, Los Olivos y los complejos deportivos Carrasco Polo Club y Los Ceibos, es, como dijo otra vecina, “la espina que queda”. La que molesta. De acuerdo a un relevamiento del Mides, en Santa María Eugenia viven más de 200 familias en una zona que, en su mayoría, se inunda cada vez que el Arroyo Carrasco crece.

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial, en Montevideo existen tres tipos de suelos: el rural, el urbano y el suburbano. Según las Directrices Departamentales de la Junta Departamental de Montevideo, los de tipo rural están excluidos de todo proceso de fraccionamiento con propósito residencial, mientras que los urbanos y los suburbanos sí admiten desarrollos con fines residenciales.

Según Monte Platino, Santa María Eugenia no cumple con ninguno de los requisitos que exige la Ley de Ordenamiento Territorial para obtener la posesión de un predio. Documentos incluidos en el expediente señalan que el suelo donde se encuentra el asentamiento no admite el desarrollo de urbanizaciones. “Le compete a la Intendencia Departamental informar si el predio tiene la aptitud de ser urbanizado”, afirma la empresa en el expediente judicial del caso.

El 7 de diciembre de 2017 Monte Platino aportó un informe elaborado por el arquitecto Martín Suárez del Plan de Ordenamiento Territorial, que confirmó que Santa María Eugenia se encuentra en suelo rural y, por lo tanto, no permite urbanizaciones. “Se localiza un asentamiento irregular, actividad impropia para el suelo rural”, señala el documento.

Por otra parte, un escrito realizado el 1 de febrero de 2018 por la responsable del Plan de Ordenamiento Territorial, María Roda, concluye que los terrenos donde viven los vecinos de Santa María Eugenia no tienen “aptitud de ser transformables”. Sin embargo, un plano satelital del sitio web de Lamorte & Asociados  sostiene que los terrenos forman parte del “Sector 10 Carrasco Norte”, una categoría del Programa de Actuación Urbanística (PAU)”.

De acuerdo al PAU, el Sector 10 Carrasco Norte tiene aptitud de ser transformable y es potencialmente urbanizable, tal como lo establece un decreto aprobado por la Junta Departamental de Montevideo en 1998.

Al menos siete barrios privados en el área metropolitana de Montevideo cambiaron el tipo de suelo con el fin de desarrollar proyectos de barrios privados: Altos, Mirador, Viñedos y La Toscana de la Tahona, San Marino, Carmel, Cumbres y Colinas de Carrasco, de acuerdo a un estudio de 2019 realizado por el politólogo y coordinador del Programa de Mejoramiento de Barrios Marcelo Pérez y el economista Juan Ravela.

En total, la superficie ocupada por los barrios privados en Uruguay —semiprivados para el caso de Montevideo— es mayor que la de todos los asentamientos juntos contabilizados por el último informe del Ministerio de Vivienda de 2012: mientras que los primeros ocupan 3.564 hectáreas, los segundos ocupan 2.912. Parque Rodó, Palermo, Barrio Sur, el Centro y la Ciudad Vieja en su conjunto representan la mitad del espacio ocupado por los barrios privados en Uruguay.

Esta investigación forma parte de un trabajo de Tesis de Grado para la Licenciatura de Comunicación de la Universidad ORT.