La comisión investigadora parlamentaria que se encarga de indagar la relación entre empresas privadas y los partidos políticos se encontró en los últimos días con un escollo inesperado para avanzar en su trabajo. 

 

Los legisladores no han podido dar con el paradero del empresario Alberto Fernández Alonso, ex dueño del fundido Frigorífico Pesquero Uruguayo (Fripur), según admitió el diputado nacionalista Alejo Umpiérrez. Los legisladores pretenden obtener, de primera mano, el testimonio de Fernández sobre los vínculos que tuvo el empresario con la financiación de las últimas campañas polìticas, en especial con la del Frente Amplio.

Y es que Alberto Fernández fue quien pagó a la Congregación de las Hermanas Oblatas la confección de la banda presidencial que usó el entonces presidente José Mujica, aunque después el Estado le restituyó el dinero. También donó unos 15 mil dólares para la ceremonia de traspaso de mando y en varias oportunidades le prestó su avión privado, tanto a Mujica como al presidente Tabaré Vázquez, durante su primer mandato.

Así las cosas, los diputados buscan localizar el domicilio actual de Fernández Alonso para poder enviarle la citación, pero hasta hora, nadie sabe donde vive el próspero empresario pesquero. Luego de varios intentos fallidos esta comisión parlamentaria resolvió “solicitar al Ministerio del Interior y, por su intermedio, a la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), datos del domicilio del señor Alberto Fernández”, según informó Ecos.

En realidad, la búsqueda no debería resultar tan compleja si se tiene en cuenta que Fernández Alonso forjó un emporio empresarial que tiene varias direcciones conocidas y, además, desarrolla desde hace años una actividad diplomática que tiene un domicilio establecido ante el Estado.

 

En efecto, desde hace muchos años Alberto Fernández Alonso figura ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay como el cónsul honorario de la República de Malta en Montevideo. Hasta hace un tiempo, mientras Fripur agonizaba, la sede diplomática se encontraba en la calle Rondeau 2260, al igual que la empresa. De hecho aún hoy, si se consulta la página de la Cancillería, el nombre de Fernández aparece con esa dirección.

Sin embargo, según consta en la Guía Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores el empresario cambió el domicilio del consulado de Malta a la sede de otra de las sociedades de su grupo económico: Frimaral, una empresa con servicios en Uruguay, Argentina y Paraguay, “especializada en el alquiler y venta de contenedores y módulos habitacionales”, además de “servicios logísticos de almacenamiento y transporte de productos secos y perecederos (depósito frigorífico de contenedores)”.

 

La dirección de Frimaral (razón social Destinel SA), es Luis Batlle Berres 5175 y Alberto Fernández sigue figurando como el representante de Malta en Uruguay, junto con su esposa Lisette Blasiak. Incluso aparece un correo electrónico, al que seguramente le llegaría la citación parlamentaria si se la envían por esta vía: arfa14@yahoo.com.

Además Frimaral aparece como un habitual proveedor del Estado. Organismos públicos como el Instituto de Formación Profesional (Inefop) o el Banco República (al que los Fernández le deben decenas de millones de dólares) requirieron los servicios de la empresa en el pasado reciente. 

Quien aparece como propietario de Frimaral es el hijo de Alberto, Javier, quien está casado con Natalie Manhard. Este matrimonio consagró la unión de dos grandes grupos económicos: por un lado el de los Fernández y por otro el de los Manhard, propietarios del grupo Parisien (Parisien, La Casa de la Telas, Indian Outlet y medierías Si Si) además de socios en el Punta Carretas Shopping. 

Este conjunto empresarial está integrado además por las sociedades Dirole SA, Frigersen SA, Rastor SA, Industrias Pesqueras del Plata SA, Ocean Export SA, Nilto SA y por las personas físicas Gonzalo Fernández Alonso y Fernando Omar Pérez Tabo, según informó el semanario Brecha en setiembre de 2016.

Pero la empresa vendedora de viento Kentilux también puede ser un buen lugar para empezar a buscar. Es que distintos organismos del Estado han señalado a esta empresa de energía eólica, encabezada por Ricardo Fernández (hijo de Máximo y sobrino de Alberto) como parte del grupo económico que mantiene una deuda millonaria con el Estado. 

Así por ejemplo mientras la UTE se presentó ante un juzgado a fin de solicitar que se considere el contrato para la compra de electricidad de generación eólica a Kentilux SA como parte de la masa concursal de la fundida Fripur, el Banco República reconoce a todas sus empresas como parte del mismo conglomerado pero admite que no puede cobrarle a una empresa lo que adeuda otra.

Los Fernández (el otro hermano, Máximo, falleció en mayo de 2016) también recurrieron a los buenos oficios de Mossack & Fonseca mucho tiempo antes de que el estudio jurídico panameño se hiciera conocido en todo el mundo por la filtración conocida hoy como los Panamá Papers. Fue así que crearon sociedades fantasmas en Panamá e Islas Vírgenes: Realdream Management SA, Collins Consultants Capital SA, Venstar Capital SA, Selquist Enterprises y Sofer Corporation.

Las reuniones de los directorios de estas sociedades offshore solían darse en la oficina 101 de la calle Rincón 477, donde funciona el estudio jurídico HFFV. En su lista de clientes, según la página web del estudio, se encuentran Kentilux y Magdalena Sag, dos empresas del grupo económico de la familia Fernández Rodríguez. En esa lista hasta hace poco tiempo también se encontraba Fripur, como puede verse en la imagen más abajo, pero a partir de la estrepitosa caída del frigorífico pesquero dejó de estar en su cartera. A pesar de esta desaparición seguramente allí también tienen idea de cómo ubicar al cónsul escurridizo.