La Relatoría sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a cargo de Rosa María Ortíz, visitó el país entre el 1 y el 5 de setiembre a fin de expresar su posición ante la propuesta de reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad penal de 18 años a los 16 años. Además criticó varios aspectos de la política oficial hacia niños, niñas y adolescentes, aunque destacó avances registrados en los últimos años. 

En un pronunciamiento emitido ayer, martes 16, la CIDH valoró los “importantes avances registrados en materia de desarrollo de la institucionalidad estatal dedicada a la protección de los derechos humanos”, entre los que mencionó la instalación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, así como el Mecanismo Nacional contra la Tortura. También destacó la creación de la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente de la Presidencia de la República y el “importante impulso” que el Gobierno de Uruguay ha dado al cumplimiento con la presentación de informes a los Órganos Internacionales de Derechos Humanos.

Además, Ortiz expresó su “satisfacción” por los “cambios positivos” que implican la creación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA) “junto con importantes recursos para implementar sus funciones y reconoce los cambios encaminados en materia de infraestructura que ayudan y ayudarán a los propósitos de rehabilitación de adolescentes privados de libertad”. La Relatora mencionó también los esfuerzos por dotar de nuevo personal al SIRPA, brindarles capacitación para sus nuevas funciones, y señaló “las dificultades que aún existen en este objetivo”. También valoró “muy especialmente” los convenios con seis sindicatos para la colocación laboral de los jóvenes en conflicto con la ley y el acompañamiento cercano en el proceso de rehabilitación y sugirió su profundización y difusión “a nivel nacional e internacional”.

No a la baja

Ortiz destacó en su informe que “una parte importante de los desafíos que enfrenta Uruguay se relaciona con asegurar el establecimiento de parámetros de edad para responsabilizar a niñas, niños y adolescentes por infringir leyes penales, acordes a la normativa internacional en la materia”. En ese sentido, la relatora citó un pronunciamiento de la CIDH que señala que “tomando en cuenta la normativa internacional y el criterio sustentado por la Corte en otros casos, se entiende por ‘niño’ a toda persona que no ha cumplido 18 años de edad”. Agregó que “el Estado es especialmente responsable por todas las personas que se encuentran privadas de su libertad bajo la custodia del Estado, y en forma particular, por todos los niños, niñas y adolescentes, en consideración de sus necesidades especiales de protección, por lo tanto el Estado debe adoptar medidas positivas para asegurar que los niños, niñas y adolescentes bajo su custodia, o sometidos al sistema de justicia juvenil, gocen efectivamente de todos sus derechos”.



Ortiz dijo que la propuesta de reforma constitucional que impulsa el Partido Colorado y un sector del Partido Nacional implica “regresiones respecto de los estándares alcanzados en el marco de los procesos de adecuación de la legislación interna a los postulados de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el corpus juris en la materia”. La relatora subrayó que la aprobación de la reforma “constituiría una grave violación de los derechos fundamentales de los adolescentes y en contra de los tratados internacionales ratificados por el Estado, dado que infringe la garantía del adolescente de ser procesado penalmente bajo una justicia juvenil excepcional y especializada”.

La CIDH, recordó Ortiz, ha reiterado que “no es admisible que los Estados excluyan de este sistema a personas que no hayan alcanzado la mayoría de edad, establecida por el derecho internacional a los 18 años”. Además, se refirió “a las cuestiones susceptibles de plebiscito” y recordó el pronunciamiento de la CIDH en el caso "Juan Gelman, María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y María Macarena Gelman García Iruretagoyena contra Uruguay" (Caso 12.607) . “La legitimación democrática de determinados hechos o actos en una sociedad, está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos en tratados como la Convención Americana, por lo que la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo ‘susceptible de ser decidido’ por parte de las mayorías en instancias democráticas”, recordó.

Más allá de los avances destacados, en su informe, la relatora expresó su preocupación porque “las garantías ofrecidas por el sistema de justicia juvenil y que los y las adolescentes sean víctimas de un cambio regresivo debido a reformas legislativas recientemente aprobadas, como la Ley 19.055 que agrava penas convirtiendo la privación de libertad en regla al establecer que no pueden ser excarcelables por el plazo de un año los adolescentes que cometan delitos considerados por esa ley como gravísimos”. Según la relatora de la CIDH, “eso en la práctica ha implicado un incremento exponencial de la privación de la libertad”, lo cual “se ve agravado por la falta de suficientes y vigorosos programas de implementación de medidas socioeducativas alternativas a la privación de libertad, así como los desafíos constatados en la implementación de programas que aseguren una defensa jurídica efectiva que vele por su mejor interés”.

Durante su visita a Uruguay, Ortiz visitó la Colonia Berro, el Centro de Detención SER y el Centro de Detención Ituzaingo, el Centro de Ingreso TRIBAL y a la Casa Residencial La Posada para tratamiento en salud mental. Dijo que durante sus recorridas recibió el compromiso de las autoridades de trasladar a los internos del SER, “lo cual constituye una necesidad imperiosa, por las graves deficiencias que presenta y por no ajustarse a los parámetros para una acción socioeducativa con adolescentes”. También dijo que recibió denuncias de familiares de adolescentes quienes “han sido judicializados y privados de su libertad, sobre tratos crueles, inhumanos y degradantes recibidos por los internos, y que señalan una falta de celeridad de las investigaciones con aparentes irregularidades frente a denuncias de dichos malos tratos y tortura”.

Ortiz destacó que los mismos familiares le aclararon que estos hechos no se repitieron después del cambio de autoridades y finciionarios en el Hogar SER, a pesar de lo cual expresó su “profunda preocupación por la grave situación ocurrida en dicho Centro y saluda la pronta clausura del mismo”.

Institucionalización y juzgados que no existen

Si bien Ortiz elogió los avances registrados desde el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) para generar modalidades alternativas de cuidado en convenio con organizaciones de la sociedad civil, expresó su preocupación por algunos problemas que todavía se registran en el sistema. Por ejemplo, dijo que el 70 por ciento de los niños, niñas y adolescentes en el INAU todavía están institucionalizados sin cuidados parentales, y que el 45 por ciento de ellos son adolescentes de entre 13 a 17 años de edad. Lamentó también la “inexistencia de Juzgados especializados en Niñez y Adolescencia” y mencionó la existencia de “diversos problemas” para la defensa de los niños, niñas y adolescentes por parte de la Defensoría General.

“El paradigma de los derechos de los niños se asienta en asegurar a los niños y niñas, desde bien pequeños, una vida en familia y en su comunidad en un contexto de no violencia; al no contar con ello, y ante la recurrente institucionalización y la falta de otras oportunidades, muchos adolescentes están más vulnerables a incurrir en actividades de infracción a la ley”, señaló Ortiz.

Resaltó, además, “la urgencia que debe asumir el Estado en priorizar políticas y programas públicos promoviendo modelos de cuidado que garanticen el goce de todos sus derechos dentro del ámbito de la familia y en la sociedad, los cuales son reconocidos en la Convención Americana de los Derechos Humanos y en el corpus juris de los niños, niñas y adolescentes”.



Entre sus preocupaciones Ortiz también señaló que a pesar de la existencia de varios programas dirigidos a reducir la pobreza, a combatir la violencia familiar y la violencia de género y a fortalecer a las familias más necesitadas de apoyo, “todavía las principales causas de ingreso de niños y de adolescentes al régimen institucional residencial y a los centros de privación de libertad se vinculan con la pobreza y la violencia intrafamiliar y comunitaria”. La Relatora cuestionó “la ausencia de una articulación suficiente entre los distintos programas e instituciones”, así como la “falta de diálogo fructífero entre sus respectivas autoridades”. Por esa razón, Ortiz recomendó fortalecer el Consejo Nacional Honorario y Consultivo de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, “dotándole de los medios económicos y la legitimidad política necesaria para favorecer dicha articulación y avanzar en el diseño de un amplio Sistema Nacional de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que asegure el énfasis en la prevención de los problemas a través de servicios cercanos a los niños y sus familias a nivel local, que apuesten a su inclusión, a su desarrollo integral y armónico, a su participación protagónica y a la superación de todo tipo de discriminación”.

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