Los promotores de esta reforma legal en Nueva York son las autoridades y organizaciones sociales que se basan en hallazgos de la neurociencia y la hipótesis de que más encierro no contribuye a la seguridad pública.

Con la decisión del estado de Connecticut, en 2009, de subir la edad de imputabilidad de 16 a 18 años, los de Nueva York y Carolina del Norte son los únicos estados cuyas leyes establecen la edad de 15 años como el límite de la jurisdicción juvenil, según un informe elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) de Uruguay que ya fijó su postura contraria a la baja de la edad de imputabilidad. Esto significa que a partir de los 16 años de edad, cualquier adolescente que se presuma culpable de cualquier delito es procesado por el sistema de adultos.

En 2013 más de 30 mil adolescentes de 16 y 17 años pasaron por los juzgados de adultos en Nueva York y el 75 por ciento fue procesado por delitos menores. Los jóvenes comparten con los adultos las áreas comunes de las cárceles, según información de la organización Raise the Age, una de las principales promotoras del proyecto.

Algunos adolescentes son recluidos en establecimientos para mayores y se los encierra en celdas aisladas, de modo de mantenerlos separados de los adultos. Raise the Age también advirtió que juzgar a los jóvenes por el sistema de adultos aumenta la probabilidad de que cometan delitos o crímenes violentos en el futuro.

Un retroceso al siglo XIX

En poco más de un mes, el domingo 26 de octubre, junto con las elecciones nacionales será sometido a la consulta popular un plebiscito que proyecta una reforma constitucional que establece que los adolescentes mayores de 16 años de edad puedan ser juzgados y sancionados penalmente como adultos.

De aprobarse esta reforma, Uruguay sería el único país de América Latina en cuya Constitución se excluye, en forma expresa, a los adolescentes entre los 16 y 18 años del derecho a ser juzgados y sancionados penalmente en un sistema especial de responsabilidad penal.

En caso de aprobarse esta reforma se modificaría drásticamente el sistema de enjuiciamiento y sanción penal de los adolescentes en varios aspectos. Uno es que quedará establecido en la Constitución la edad penal en los 16 años para ciertos delitos. En estos casos no podría el legislador, ni el juez, establecer ninguna regla especial de juzgamiento, sanción o forma alternativa de cumplimiento de la pena, según el trabajo de Unicef Uruguay.

La reforma autoriza a que el legislador pueda ampliar las hipótesis de delitos en los que el adolescente deba ser juzgado como adulto. De esta manera, se le brinda la posibilidad de actuar como "constituyente", pero sólo para restringir aún más el derecho del menor de edad a recibir un tratamiento diferente.

Además, la reforma propone introducir, en forma adicional, la posibilidad de eximir de responsabilidad penal de adultos a los adolescentes de entre 16 y 18 años sobre los que se alegare que no reúnen la madurez suficiente acorde a su edad.

De esta forma, se volvería a introducir en el sistema penal una consideración propia de los códigos penales del siglo XIX: el discernimiento como criterio para distinguir a personas responsables de las irresponsables penalmente.

La determinación judicial caso a caso de la edad de responsabilidad penal fue abandonada a comienzos del siglo XX, para privilegiar la seguridad jurídica —estableciendo un límite legal de carácter cronológico cierto y objetivo— y evitar así la discrecionalidad judicial, según Unicef.

La situación en América Latina

Varios países de América Latina han debatido en los últimos años acerca del límite de la edad de imputabilidad penal. En Brasil, Panamá o Costa Rica han surgido propuestas para bajar la edad en la que los adolescentes empiezan a ser juzgados como adultos, pero ninguna de ellas prosperó.

Todos los países latinoamericanos, a excepción de Argentina, tienen un sistema de responsabilidad penal juvenil que, tal como establece la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) aprobada en 1989, se extiende hasta los 18 años. La edad mínima varía entre los 12, 13 y 14 años (ver gráfico).

El de Argentina es un caso particular. Si bien en ese país se ratificó la CDN, nunca se modificó el sistema penal que rige desde 1980. Los adolescentes argentinos que infringen la ley con 16 años o más son juzgados por el sistema de adultos.

El tratamiento que reciben los menores de esa edad depende del juez, porque no hay un procedimiento especial para juzgarlos. Habitualmente se los somete a un procedimiento tutelar o de protección por el cual se toman diversas medidas, desde pericias, informes sociales o psicológicos, hasta la privación de libertad. Si esos "tratamientos" no dan resultados, al cumplir 18 años se los juzga como adultos.

Hace poco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  condenó a Argentina en el caso "Mendoza y otros vs Argentina", por violar el derecho internacional de los derechos humanos tras aplicar el derecho penal de adultos a menores de 18 años, y le ordenó modificar y ajustar su marco legal a las normas internacionales.

Otro ejemplo singular es Bolivia. Hasta julio de 2014 rigió una ley penal que establecía los 16 años como límite de edad para ser juzgado como adulto, configurándose como el único país latinoamericano que tenía una situación similar a la que resultaría si Uruguay aprobara la reforma constitucional en las elecciones de octubre. Fue entonces que el gobierno de Bolivia modificó la normativa y conformó un sistema especial para juzgar a los adolescentes de entre 14 y 18 años, adecuándose así a lo que indica la CDN.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó en enero de 2014 un informe llamado Seguridad ciudadana con rostro humano. Diagnóstico y propuestas para América Latina que señala que varios países han ensayado políticas de seguridad de mano dura hacia jóvenes y adultos, y que lo único que lograron fue aumentar la violencia.

Esos enfoques "representan un obstáculo para la construcción de un modelo de seguridad ciudadana incluyente, sostenible y con apego a los derechos humanos", asegura el informe.