El Poder Ejecutivo amplió por otros diez años la concesión otorgada a Puerta del Sur, la empresa de los Eurnekian, para operar el Aeropuerto Internacional de Carrasco, que ahora se prolongará hasta el año 2033, anunció el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro.

A su vez, el jerarca explicó que las instalaciones del viejo aeropuerto serán utilizadas por la Corte Electoral como base de operaciones en las próximas elecciones nacionales: en el nuevo contrato se estableció que esa terminal pase a manos del Estado. El organismo de contralor electoral utilizaba el Cilindro Municipal para recibir las urnas de votación, pero el estadio fue demolido en junio, tres años y medio después del incendio que colapsó su estructura edilicia.

La concesionaria Puerta del Sur –empresa de Corporación América, dirigida por la familia Eurnekian– tenía la opción contractual de solicitar una ampliación del plazo sobre los 20 años otorgados en 2003. El gobierno de José Mujica aceptó esta prórroga luego de que el Tribunal de Cuentas no presentara objeciones.

Esta es la segunda vez que el gobierno anuncia la ampliación del plazo en beneficio de Puerta del Sur. La primera vez fue hace 17 meses, cuando el secretario de la Presidencia Homero Guerrero hizo pública la decisión del Poder Ejecutivo luego del primer consejo de ministros de 2013.

El “compromiso” de Puerta de Sur

Como contrapartida, Puerta del Sur se comprometió a realizar inversiones por más de 131 millones de dólares. La empresa de los Eurnekian desembolsará 23,5 millones de dólares en el momento de firmar la prórroga de la concesión, de los cuales 20 millones irán al Ministerio de Economía y Finanzas y los 3,5 millones restantes al Ministerio de Defensa.

Además, deberá pagarle al Estado un canon adicional de más de 74 millones de dólares, a desembolsar dentro del período de ampliación de la concesión (2023-2033), que será destinado al Fondo de Fomento de Turístico. Así se piensa promover a Uruguay como destino de visitantes extranjeros y, en línea con la sinergia público-privada que se ha desplegado junto al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, también incentivar el desarrollo de Montevideo como hub de carga y pasajeros.

A su vez invertirá más de 30 millones de dólares para potenciar la infraestructura y continuar optimizado los servicios de la terminal de pasajeros. La compañía también destinará otros tres millones de dólares para rediseñar el espacio aéreo uruguayo, tarea que fue definida como prioritaria por el Poder Ejecutivo.

La empresa se hizo cargo del aeropuerto en noviembre de 2003 al ser la única que se presentó a la subasta de obra pública realizada tres meses antes y por la que pagó 34 millones de dólares. En ese entonces, pasaban por Carrasco 830 mil pasajeros al año, según información de Puerta del Sur. La obra del nuevo aeropuerto fue inaugurada en 2009, y la familia Eurnekian siguió explotando la terminal, tanto el servicio de pasajeros como el de carga.

La denuncia ante la Corte Electoral y la JUTEP

Esta ampliación de la concesión ocurre unos días después de que Uruguay Transparente –capítulo uruguayo de Transparencia Internacional– presentó denuncia ante la Corte Electoral y la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), basada en la investigación de Sudestada “El negocio de los mecenas electorales”, que revela cómo la familia Eurnekian violó la ley de financiamiento de partidos políticos (ley 18.485).

Ahora ambos organismos esperan recibir información adicional de parte de la filial de Transparencia Internacional a fin de iniciar investigaciones sobre las denunciadas ilegalidades en las donaciones de empresas a los partidos políticos. Sudestada empleó la aplicación ¿Quien paga? La ruta del dinero en la campaña electoral para confirmar que ciertas donaciones para la campaña electoral del año 2009 estaban vedadas por la ley 18.485.

De acuerdo a la documentación presentada por los propios partidos ante la Corte Electoral, Eduardo Eurnekian apoyó con 560 mil pesos a la fórmula presidencial del Frente Amplio (FA), mientras que su hijo Martín también contribuyó a la dupla Mujica-Astori con otros 560 mil pesos. Además, donó 416 mil pesos para la fórmula del Partido Nacional (PN), y 53.770 para la del Partido Independiente (PI). También contribuyó con el Partido Colorado (PC), pero en este caso lo hizo en beneficio específico del sector Propuesta Batllista, al que le otorgó 200 mil pesos.

El artículo 45 de la ley 18.485 establece que “los partidos políticos o sus sectores internos o listas de candidatos no podrán aceptar directa o indirectamente (…) contribuciones o donaciones de empresas concesionarias o adjudicatarias de obras públicas”. Además, de ser la concesionaria del Aeropuerto de Carrasco y de su Terminal de Cargas, la familia Eurnekian también había ganado la licitación del Aeropuerto de Laguna del Sauce.

La ley prevé multas para estos casos: los partidos deben pagar el doble del monto ilegal recibido, y los benefactores de dos a diez veces más que la cifra aportada. Pero además, en los casos de adjudicatarios de obra pública, las empresas “y sus directivos responsables, no serán tenidos en cuenta para nuevas adjudicaciones”, señala la norma.

Por otra parte, el grupo Eurnekian ganó las licitaciones para la construcción de dos parques eólicos en Maldonado, a las que se presentó con dos de sus firmas subsidiarias: Fingano S.A. y Vengano S.A. El 31 de julio de 2014 el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Industria, Energía y Minería, exoneraron a Fingano S.A. de pagar todo tributo o recargos por la importación de equipamiento. Y también del pago de IVA por 51 millones de dólares, y de IRAE por 60 millones de dólares a cumplir en 13 años, en un proyecto de inversión total de 110 millones de dólares.

La Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) recomendó que también se otorgara una exoneración similar para Vengano S.A. lo que redundaría en un beneficio de 41 millones de dólares en IRAE, es decir alrededor de 55 por ciento del monto de la inversión proyectada por la empresa de Eurnekian (75 millones de dólares).