La denuncia describirá la presión que el autoproclamado líder antipiratería, Fernando Couto, ejerció ante la dirección del medio de prensa a fin de cobrar más de 20 mil dólares para desactivar un juicio por el uso de software sin licencia. Y presentará como prueba el comunicado que la empresa Adobe Systems Inc. libró desautorizando al abogado a “celebrar acuerdos que pudieran involucrar el pago de multas, indemnizaciones o cobro de honorarios, relacionándolos directa o indirectamente con los derechos de autor” de esa marca.
Este hombre no se mete con medios de prensa nacionales o de cierto poderío económico o político. Acecha a diarios y semanarios del interior del país, cuyas posibilidades económicas en general son escasas, y por ende el riesgo de cierre del medio se vuelve latente ante una demanda judicial que pueda determinar el desembolso de ciertas sumas de dinero.

“Si usted no paga los 20 mil dólares que le pido, la ley me autoriza a cobrarle diez veces más”. Así comenzó la presión que Couto ejerció sobre El Eco de Colonia.

Del otro lado del teléfono, el director del semanario, Daniel Roselli, le respondió que no le iba a pagar. Y junto a su equipo emprendió una costosa lucha que implica trabajar en condiciones muy adversas, pues la jueza de Colonia, Alexandra Facal, dispuso la incautación de las computadoras del medio, e incluso de una laptop de uso personal de una periodista.

El Eco admite que no tenía licencia para ciertos programas, pero entendió que no debía pagarle 20 mil dólares a Couto, pues desconfiaba de su comportamiento, de su ostensible interés por cobrar el monto de supuestas multas o regularizaciones de licencias, y de la representación que invocaba para tratar de hacerse rápidamente con el dinero.

Por estas razones, el semanario se comunicó con las oficinas de Adobe Systems Inc. para verificar si Couto actuaba legalmente en representación de esa marca. La firma internacional abrió un expediente interno que recorrió Chile, México y Estados Unidos. Y que determinó el comunicado difundido el jueves 16 en Uruguay para señalar que Adobe “no ha mandatado, ni autorizado, a ninguna persona física o jurídica” a realizar las denuncias y gestiones que encabezó Couto, y por las cuáles la empresa “deslinda toda responsabilidad”.

Couto es presidente de la llamada Asociación Antipiratería de Software del Uruguay y de la denominada Cámara Antipiratería del Uruguay, y su empleada en el estudio Couto Bandzul y Asociados, Magdalena Labella, es la vipresidenta en ambas organizaciones, que se domicilian en Ciudadela 1426, oficina 804. Es decir, en el mismo lugar donde funciona el estudio del abogado, y ex subcomisario de guardia de la Dirección de Seguridad del Ministerio del Interior.



Así que Couto preside dos organizaciones de aspecto fantasmal –el abogado se niega a revelar quiénes son los socios de tales instituciones porque según él, prefieren mantener el anonimato– y a su vez va por el país promoviendo denuncias y allanamientos en nombre de tales entidades contra medios de prensa que trabajan con software sin licencia a los que presiona para que le paguen, a veces tres mil dólares, otras 20 mil dólares, que irán a su cuenta personal, a cambio de desactivar el juicio que él mismo inició.

El abnegado denunciante niega que haya cobrado o pretendido cobrar multas o regularizaciones por programas como los de Adobe Systems Inc. Dice que el dinero tampoco va para la “asociación” que preside porque esta es “sin fines de lucro”, sino que se trata solo del cobro de honorarios por sus servicios como abogado (Sabuesos, Radio Nacional).



Pero El Eco considera que eso no es cierto, y que el semanario ha sido víctima de delito: “Vamos a iniciar demanda penal contra Couto por extorsión”, aseguró Roselli (Sabuesos, Radio Nacional).



Pero en la justicia penal lo que valen son las pruebas de un delito. Por ello el Eco buscará desacreditar con documentación la versión de Couto: “Es una falacia decir que él cobraba por honorarios; él presiona a los medios y a las imprentas para que le paguen, eso es lo que le importa, no que regularicen” la situación de los programas, afirma Roselli.

Y aclara que Couto le envió a El ECO de Colonia un archivo que detalla cuánto pretendía cobrar por cada software de Adobe Systems Inc. –entre otros montos por diversos programas– que al sumarse determinan el monto de 20.807 dólares que reclamaba para dejar en paz al medio.

El documento al que accedió Sudestada –y que será presentado al juzgado penal como prueba–, señala que Couto pretendía cobrar entre 501 y 1.170 dólares por cada programa o paquete de software de Adobe Systems Inc. que El Eco utilizaba para su trabajo, a pesar de que el abogado no contaba con el aval de la firma internacional para hacerse de ese dinero. Y que también reclamó entre 220 y 607 dólares por programas de Microsoft S.A.

Documento entregado por Couto a El Eco by Sudestada - Periodismo y transparencia