Después de varios meses de una agresiva campaña y decenas de miles de dólares cobrados de manera irregular, una de las principales empresas de software del mundo aclaró públicamente que la ofensiva que se realiza en Uruguay por parte de una Asociación Antipiratería es ilegítima y no cuenta con su aprobación.

La empresa de software Adobe publicó este jueves 16 de abril un comunicado público en el que descarta cualquier relación con las gestiones realizadas por el abogado Fernando Couto y la Asociación Antipiratería que preside a fin de cobrar multas contra empresas uruguayas que utilizan software sin licencia. Entre las consecuencias de esta larga campaña recaudatoria se encuentra la incautación del equipamiento al semanario coloniense El Eco, que se produjo durante la semana de Carnaval, gracias a una medida dictada por la jueza Alexandra Facal.

En el expediente la Asociación Antipiratería, representada por la abogada Magdalena Labella, realizó la denuncia contra el Semanario El Eco y allí menciona expresamente a la empresa que hoy deslinda su responsabilidad en la denuncia: “Es de notar que para la realización de dicha actividad es necesario la utilización de diverso software o programas de ordenador, principalmente el creado por las empresas COREL Y ADOBE”.

El comunicado de la empresa, publicado el jueves 16 en el diario El Observador de Montevideo, señala textualmente:


De esta forma, queda claro que las gestiones que Couto lleva adelante desde hace meses son ilegítimas ya que cobró decenas de miles de dólares (a cambio de la entrega de facturas de su estudio jurídico por concepto de “honorarios profesionales”) sin tener la representación legal de las empresas. Y es más grave aún si se considera que Couto ha declarado que el dinero que él le cobraba a los medios tenía un destino que no se podía hacer público y que quedaba en un secreto acordado entre él y las empresas, según le dijo al semanario Brecha. “La Asociación Antipiratería es sin fines de lucro. Pero ese es un tema reservado entre las marcas y yo. Eso es un tema aparte”, contestó, al ser consultado sobre cuál era el uso que se le daba al dinero.



La presunta representación de Couto para reclamar en nombre de Adobe y otras empresas fue “reconocida” por la jueza Facal cuando decidió dar curso al juicio contra El Eco y poner en riesgo la continuidad del medio de prensa, al incautar el equipamiento que el semanario utiliza para su edición. En distintas notas periodísticas publicadas por El Eco la ofensiva de Couto y su práctica de cobrar multas sin estar habilitado para ello fue calificada como "extorsión".

De hecho, la medida fue cuestionada por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) mediante un comunicado de prensa emitido el 19 de febrero. Según estas organizaciones, la medida adoptada por la jueza Facal “resulta especialmente grave ya que desconoce la Convención Americana sobre Derechos Humanos así como la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión del Sistema Interamericano”, y por esa razón es “arbitraria, innecesaria y desproporcionada”.

Por su parte, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, también había cuestionado la medida por considerarla “desproporcionada”. “Si bien puede haber un legítimo derecho de las empresas a proteger la propiedad intelectual, el tema no se soluciona cerrando el diario de una pequeña localidad”, dijo Lanza a La Diaria, y comentó que le “llama la atención que el juez no tome en cuenta que puede poner en riesgo la salida de un diario y afectar la libertad de expresión”.

Pero la ofensiva de Couto no sólo afectó a El Eco sino también a varios otros medios del interior en los últimos meses. Entre ellos se encuentran El Heraldo (Florida), Norte (Rivera), Jornada (Rivera), La Semana (Libertad), Primera Hora (San José), Todas las Voces (Sarandí del Yi), Semanario Minuano (Minas), La Democracia (San Carlos), El Profesional (Melo), Acción (Mercedes), Crónicas (Mercedes), Entrega 2000 (Mercedes), Acontecer (Durazno), Noticias (Juan Lacaze) e imprentas de Florida, Colonia, Cardona y Paysandú. En estas “visitas”, el abogado reclamaba el pago de diferentes sumas de dinero para evitar que los casos llegaran a la justicia, aunque todavía no está claro cuál sería el destino de estas cantidades que oscilaron –según los casos– entre 300 y 16 mil dólares.

Uno de los últimos “desembarcos” de Couto y su Asociación fue a finales de febrero en el departamento de Paysandú, según consignó el diario El Telégrafo. Allí el abogado contó cuál es su modus operandi: “La Asociación elige una localidad, en este caso Paysandú, y a la vez un centro de actividad, en esta ocasión era software de diseño, por lo que se contactó a las empresas que pueden utilizar ese tipo de software; los medios de prensa y las imprentas”. Y añadió: “nos contactamos con todas las empresas del rubro para expresarles que estamos haciendo una campaña preventiva de uso de software y si por favor nos pueden enviar el tipo de licenciamiento que están usando; si hubiere una falta de licencia, los asesoramos acerca de la forma más económica de regularizarla, adaptada a sus necesidades”.

Piratas contra la piratería

El abogado Fernando Couto ha sido la cara visible de esta campaña contra el software ilegal desde dos organizaciones que él mismo preside: la Asociación Antipiratería de Software del Uruguay y la Cámara Antipiratería del Uruguay. Sin embargo, no es posible acceder a información acerca de ambas porque no tienen página en Internet en funcionamiento; apenas si existen perfiles de Facebook que derivan a sitios que no están operativos.

Tampoco aparece demasiada información en la red social LinkedIn, donde suele hallarse información de empresas y personas con sus perfiles laborales. Allí sí puede encontrarse información de Couto, quien dice ser presidente de la Asociación y la Cámara Antipiratería, socio fundador del estudio jurídico Couto, Bandzul y Asociados, abogado de la Unión Uruguaya de Video y de la Asociación de Videclubistas y Afines del Uruguay y ex oficial nacional de Policía.

Este último dato no es menor si se tiene en cuenta que en reiteradas ocasiones Couto ha realizado declaraciones públicas en las que aseguró estar respaldado por un “protocolo” acordado entre la Asociación que él preside y el Ministerio del Interior, lo cual lo habilitaría a proceder de manera expeditiva en allanamientos contra presuntos piratas del software, al mando de oficiales de Policía que llevan adelante los operativos.

Pero la Policía no sólo realiza los allanamientos junto a Couto, ya que al menos en el caso que involucra al semanario el Eco de Colonia fue un funcionario policial el que realizó la denuncia ante la justicia, y no –por ejemplo– alguna de las empresas que pudo haberse sentido involucrada en la utilización de software sin licencia. En efecto, según supo Sudestada la denuncia presentada contra El Eco fue firmada por el oficial de Policía Nelson Gustavo Escobal Fagúndez, quien ejerce la abogacía en la ciudad de Nueva Helvecia pero tampoco tiene la representación de Adobe para perseguir o cobrar ninguna multa en Uruguay.