Víctor L. Bacchetta, desde Barcelona

“Un paso de gigante. Millones de catalanes van a salir a las calles para votar pacíficamente el futuro de su país. ¿Cuál será la reacción del Estado? La violencia ejercida por sus policías. ¿Resultado? Más de 840 personas lesionadas y daños a las propiedades. ¿Cómo explica el Estado toda esta violencia innecesaria? La ignora y la califica de “proporcional”. Al mismo tiempo, el gobierno catalán considera el referéndum como un paso de gigante hacia la independencia y reafirma la hoja de ruta que se concretará en breve. El camino será largo y complicado y requerirá acciones firmes. El primer paso será la paralización general prevista para el día 3 de octubre”.

Este editorial del diario independentista “El Punt Avui” sintetiza de qué forma vivieron los catalanes la jornada del 1º de octubre, donde tendría lugar el referéndum para votar si querían o no constituir un estado separado de España, y cómo visualizan la nueva etapa iniciada a partir de un masivo pronunciamiento por el SÍ.

Es obvio que ningún estado prevé jurídicamente su fragmentación, pero el único y persistente argumento del gobierno español contra la realización del referéndum en Cataluña fue declararlo “ilegal” e “inconstitucional”, ignorando el principio universal que defiende el derecho de los pueblos a su autodeterminación.

El plan del presidente Mariano Rajoy era impedir el referéndum porque su trayectoria política fue forjada enarbolando la bandera de España como una nación indivisible, aplastando sistemáticamente la reivindicación nacionalista catalana en su interior, y porque sabía que perdería la votación.

Sin declararlo, Rajoy implantó un estado de excepción en Cataluña con la complicidad de la mayoría parlamentaria que lo sostiene –formada por el Partido Popular (PP), el Partido Socialista (PSOE) y Ciudadanos-, y del sistema judicial y policial del estado español.

La ofensiva de Rajoy incluyó desde la confiscación de cuentas del gobierno catalán, allanamientos de sus sedes, la detención y apertura de procesos judiciales contra sus autoridades, pasando por allanamientos de diarios e imprentas, censura y persecución de sitios web de información y sus técnicos, requisa de papeletas y urnas de votación, hasta amenazas de procesamiento contra cualquiera que interviniera en la realización del referéndum, incluidos los votantes. En el mismo día de la votación, 10.000 policías españoles enviados a Cataluña con ese fin, descargaron sobre las multitudes una represión sin precedentes desde el fin de la dictadura franquista.

“¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?”, decía la pregunta de la papeleta que se podía responder SÍ o NO. He aquí los datos fríos de la votación: Se iban a constituir 2.230 mesas electorales para un padrón de 5:343.358 electores.

La intervención policial clausuró 117 mesas y se llevó las urnas con votos en dos centenares más, donde había unos 670.000 inscriptos para votar. Las requisas previas de la policía llegaron a incautar unos 10 millones de papeletas, 5.900 sobres con documentación para las mesas y 45.000 sobres más con instrucciones para sus integrantes. No obstante, las autoridades catalanes lograron instalar un 95% de las mesas electorales previstas donde se votó normalmente.

El escrutinio primario oficial, con más del 90% de los votos emitidos, contabilizó 2:242.295 votos válidos, de los cuales 2:020.144 (90,09%) por el SÍ, 176.565 (7,87%) por el NO y 45.586 (2,03%) en blanco. Es una proeza histórica de la sociedad catalana haber logrado realizar esa votación en medio de la represión desatada por el estado español.

Sabiendo que las imágenes de la violencia indiscriminada contra los votantes habían recorrido el mundo entero y se encontraban en la portada de los principales medios de comunicación, puede parecer insólito que el presidente Rajoy, la vice presidenta Sáenz de Santamaría, sus ministros y el portavoz del PP declararan que el referéndum catalán “no se realizó” y que los cientos de lesionados y heridos por la violencia policial eran “una gran mentira” (sic).



No cabe duda de que este era el resultado buscado, pero no se amilanaron ante la evidencia de lo contrario. La única conclusión posible es que el gobierno actual no prevé ningún cambio de su relación histórica con Cataluña, con lo cual está dando más razones al movimiento independentista para seguir su camino, ya que la única perspectiva que le ofrecen es la rendición incondicional.

Es probable que Rajoy y su equipo hayan analizado esta situación contando solo con los partidos políticos del sistema institucional vigente. No son los únicos que lo hacen y que han subestimado la fuerza del independentismo catalán actual. Si bien ha tratado de desvincularse de la represión, el PSOE no le ofrece una perspectiva diferente a los catalanes, como lo evidenció cuando le tocó gobernar.

El grupo Podemos, la tercera fuerza hoy en el parlamento español, surgido de las asambleas ciudadanas en las plazas públicas contra la política del gobierno ante la crisis económica, condenó la violencia y el cercenamiento de las libertades, pero no se define sobre la pregunta del referéndum.

Sectores del viejo Partido Comunista desestiman asimismo las causas nacionalistas, tanto la española liderada por el PP como la catalana que atribuyen a Convergencia i Unió, alegando que son solo una manipulación política de la derecha para esconder la corrupción evidenciada en esos partidos.

Se ignora o se minimiza en estos casos la gravitación de un actor novedoso y clave en este proceso que es el movimiento social constituido en torno a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Desde las manifestaciones multitudinarias de los años 2011 y 2012 (las Diadas del 11 de setiembre, Día Nacional de Cataluña), este movimiento imprime un nuevo impulso al independentismo, reflejado por una nueva mayoría en el parlamento y el gobierno catalanes.

Esta movilización social y política no es una simple prolongación del antiguo nacionalismo de Convergencia i Unió, que terminaba acordando con el PP en el Congreso español, sino que expresa un amplio espectro de la sociedad catalana, que en lo partidario incluye desde una derecha moderada hasta la izquierda radical representada por la CUP (Candidaturas de Unión Popular). Los análisis políticos tradicionales no explican esta situación.

“Tenían un problema y en vez de intentar resolverlo, lo han hecho grande. ¿Se han fijado, en la cantidad de colectivos que a estas alturas han hecho escritos, cartas o comunicados en favor del referéndum? Curas, campesinos, estudiantes, bomberos, artistas, economistas, periodistas y todos los istas que ustedes quieran añadir. En vez de minimizar el problema (de aniquilarlo, en su lenguaje), la han hecho grande y lo han socializado, por lo que a estas alturas el referéndum ya no es ni del gobierno ni de la ANC ni de Òmnium; ya es cosa de todos. Pase lo que pase el 1-O, decía, no hay marcha atrás”, escribió el periodista Xevi Xirgo en víspera del referéndum.

Tras la extraordinaria y compleja jornada del domingo, la movilización continúa. Dos días después, el “paro de país” contra la represión y en defensa de las libertades ha paralizado a Cataluña, mientras el parlamento catalán es convocado para cumplir el plan de transición previsto hacia la constitución de la nueva república.

La ‘hoja de ruta’ de la ANC

Gente protegiendo las urnas al final de la votación en las calles de Barcelona.

“La movilización ciudadana es, sin lugar a dudas, el elemento desencadenante y definitorio para legitimar las decisiones políticas que, bajo el mandato mayoritario otorgado por la ciudadanía de Cataluña, deben tomar los representantes electos y las instituciones políticas de nuestro país. Es, pues, el compromiso y la perseverancia de la gente lo que hará posible la ruptura con el Estado español y la instauración de un nuevo ordenamiento jurídico e institucional”. Tal es la introducción a la “Hoja de ruta” de la ANC donde con gran anticipación, a comienzos de este año, el movimiento define sus objetivos estratégicos y evaluó los posibles escenarios a enfrentar.

Entre los objetivos estratégicos se destacan aquellos que definen la naturaleza del movimiento. En primer lugar, mantener la independencia de la ANC con respecto a los partidos políticos, “como garantía de una transversalidad clave en el compromiso y la movilización de la sociedad”.

En segundo lugar, mantener la unidad de acción de los partidos y de las entidades independentistas, del conjunto de la base social del independentismo, “como garantía del éxito del proceso hacia la independencia”. Entre los once objetivos, se destaca aquel que reafirma una característica central del movimiento: “Velar en todo momento por el carácter pacífico del proceso y de las movilizaciones, y denunciar cualquier provocación que intente generar violencia”.

La ANC previó la posibilidad de una intervención del gobierno catalán por el estado español antes de la aprobación de la Ley de Transitoriedad y de la convocatoria del referéndum. Frente a esta hipótesis, la ANC definió que organizaría las movilizaciones necesarias para la declaración de la independencia por el parlamento catalán “como depositario de la soberanía del pueblo”, ejerciendo de esta manera el derecho a la autodeterminación.

Anticipándose también a los hechos vividos el 1º de octubre, donde la población se expresó en forma masiva en las calles y en las mesas de votación donde pudo votar, la ANC reafirmaba el plan independentista.

Para ambas situaciones, las acciones de la ANC se orientarían por tres directrices fundamentales: el reconocimiento de la legalidad catalana y la defensa de sus instituciones; la movilización ciudadana y el reconocimiento internacional. Para el movimiento independentista catalán es esencial la proyección de su proceso ante la opinión pública europea y mundial tanto a nivel político como social.

El “paro de país”, llamado así por no tratarse solo de una medida sindical, se inscribe en el plan de la ANC. "Convocamos a toda la sociedad, patronales, empresarios, sindicatos, trabajadores, autónomos, entidades, instituciones y todos y todas las ciudadanas de Cataluña a un paro de país el martes día 3 de octubre", explicaron los voceros de la Mesa para la Democracia.

La Mesa organizó concentraciones delante de los ayuntamientos y los centros de trabajo, coincidiendo con un paro general de los sindicatos catalanes (Comisiones Obreras, CGT, Intersindical CSC y otros). "No queremos hacer el paro solo en las empresas ni limitar la protesta al ámbito laboral", declaró Dolors Llobet, delegada de CCOO en la Mesa que reúne a 44 entidades.

Transitoriedad

Paralelamente, el Parlamento y el gobierno se preparaban para implementar la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, aprobada para el caso de ganar el SÍ en el referéndum.

El artículo primero define a Cataluña como una "república de derecho, democrática y social", el segundo dice que la soberanía nacional reside en el pueblo de Cataluña y el tercero que, mientras no se apruebe la Constitución de la República, esta ley es la norma suprema del ordenamiento jurídico catalán.

Además de establecer la continuidad de las normas autonómicas y estatales vigentes en Cataluña, de las instituciones políticas y el poder judicial, así como de los derechos de los ciudadanos, la Ley de Transitoriedad prevé el desarrollo de “un proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante, con el objetivo de redactar y aprobar la Constitución de la República”.

Ese proceso constituyente consta de tres fases: una primera, de participación social durante los seis meses posteriores a la proclamación del resultado del referéndum; una segunda, de elecciones constituyentes, la disolución del Parlamento actual y elaboración de la propuesta de Constitución por la Asamblea Constituyente; y una tercera, de ratificación de la Constitución por medio de un referéndum.

La Asamblea constituyente dispondrá de plenos poderes para redactar una propuesta de Constitución, la que debe aprobarse por mayoría de 3/5 de los miembros del Pleno en votación final sobre el conjunto del texto. Si no se alcanza esta mayoría, en la segunda votación es suficiente la mayoría absoluta; si no se obtiene se sigue deliberando y sometiendo a votación nuevas propuestas hasta alcanzarla. Las decisiones de la Constituyente, no serán susceptibles de control, suspensión o impugnación por ningún otro poder, juzgado o tribunal.

Finalmente, si la propuesta de Constitución es ratificada por la ciudadanía, se disuelve la Asamblea Constituyente y se procede a convocar elecciones para la conformación del nuevo sistema institucional establecido por la Constitución.

Mientras tanto, todo indica que el conflicto se agravará. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, advirtió que los efectivos policiales enviados permanecerán en Cataluña y el presidente Rajoy consideraba la aplicación del artículo 155 de la Constitución para declarar formalmente la intervención en la región.

El mensaje extraordinario emitido por el rey Felipe VI en la noche del martes, afirmando que el gobierno catalán se ha situado fuera de la ley y la democracia española, respalda esta opción.

Nota de redacción: por error en la versión original de esta nota se incluyó una fotografía que fue denunciada como "trucada", por lo que fue retirada. Pedimos discupas a los lectores.