Pablo Alfano y Víctor L. Bacchetta / Sudestada

El informe "UPM - Análisis de alternativas portuarias en Montevideo", elaborado por el Departamento de Planificación y la Unidad del Plan Estratégico de la Intendencia de Montevideo en setiembre de 2016, fue la evaluación técnica solicitada por el gobierno departamental para decidir cuál sería el trayecto del tren más apropiado para trasladar la producción de la proyectada planta de celulosa de UPM en el río Negro.

Este informe, al que accedió Sudestada, analizó la viabilidad del acceso por la línea Rivera hacia el puerto de Montevideo por formaciones de tren de unos 800 metros de largo, a velocidades en torno a los 60 kilómetros por hora, con una frecuencia diaria mínima de siete viajes de ida y siete de vuelta. Como opción alternativa se barajó la construcción de un ramal ferroviario hacia Puntas de Sayago, donde se proyecta otra terminal portuaria.



El nuevo proyecto significa un aumento del 80% en la frecuencia de los trenes y la eliminación, por razones de seguridad, del 80% de los cruces a nivel existentes, según las estimaciones de la Dirección de Tránsito para el trazado actual de las vías. Esto implica la inhabilitación de las calles afectadas y la pérdida de conectividad urbana de vastos sectores de la población a lo largo de 11 kilómetros.

El paso del tren de UPM por la trama urbana de Montevideo limitaría el cruce de la vía a ocho puntos de la ciudad, con distancias promedio superiores al kilómetro entre un punto y otro. "Dar viabilidad a este modelo operacional significaría la consolidación de una brecha entre uno y otro lado de la trama urbana de profundas consecuencias para la movilidad urbana y para la ciudad toda", sostiene el informe de la Intendencia de Montevideo. Al final del informe se obtiene otra dimensión de esas consecuencias cuando realiza una comparación de ventajas y desventajas entre las dos localizaciones estudiadas.

El trazado hacia Puntas de Sayago sigue los lineamientos del Plan Estratégico y las Directrices de Ordenamiento Territorial del departamento, contribuye al desarrollo del Polo Logístico de la Administración Nacional de Puertos (terminal granelera, de contenedores, etc) no interfiere con el tránsito local, mejora la seguridad vial y posibilita que el abastecimiento de combustible salga desde La Tablada en lugar de la planta de Ancap, en La Teja.

Como desventajas del uso por UPM de la terminal portuaria en Puntas de Sayago solo se menciona que insumiría mayores costos y plazos para la puesta en funcionamiento. Las únicas ventajas del acceso a la terminal de Capurro serían la menor inversión y los menores tiempos de implementación estimados.



Aunque utilice el trazado actual, el tren de UPM trastoca el ordenamiento territorial en vigor, imposibilita la relación y acceso de la población con un extenso sector de la bahía, provoca mayor interferencia con el tránsito urbano, pérdida de conectividad en grandes sectores de la ciudad (cortes de calles e interrupción de la trama vial) y una importante afectación de la imagen urbana por los cruces a desnivel, sostiene el informe oficial.

"La infraestructura a desarrollar tanto terrestre como marítima beneficia a una sola empresa", señala el análisis técnico de la Intendencia de Montevideo y es contundente al afirmar que "el canal y la infraestructura portuaria servirá solamente a UPM". O sea, que los costos de las obras y los trastornos propios del nuevo proyecto ferroviario sólo atenderán las necesidades de la multinacional de origen finlandés.

Por lo pronto, voceros del grupo "Por el costado de la vía" dijeron a Sudestada que las autoridades municipales confirmaron que recibirán a los vecinos preocupados por los impactos negativos del tren de UPM tras una reunión que la Defensora del Vecino, Ana Agostino, mantuvo con Ramón Méndez y Pablo Inthamoussu, directores de Planificación y de Movilidad Urbana de la Intendencia de Montevideo para analizar este tema.

Un tren que levanta resistencias

En la primera audiencia pública sobre el proyecto ferroviario Montevideo-Paso de los Toros, convocada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, no le fue nada bien al gobierno, ya que la mayoría de los vecinos se pronunció en contra de esta iniciativa. Y luego la mayoría de estos vecinos abandonó el local y dejó, en soledad, a los jerarcas de gobierno.

“Se busca que los colectivos organizados o la población en general informen sobre alguna cuestión que no haya sido contemplada en el estudio de impacto ambiental”, dijo el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, en esta primera audiencia sobre el tren de UPM, donde participaron el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y el subsecretario de esa cartera, Jorge Setelich, entre otros jerarcas.


Víctor Rossi en la audiencia de vecinos

Esta primera audiencia se realizó en el gimnasio del Espacio Polideportivo del Municipio G en la zona de Villa Colón, y la segunda se hará en la ciudad de Florida el próximo jueves 27, según explicó Nario.

La audiencia en la zona de Colón tuvo muy escasa difusión de parte de los aparatos de comunicación oficial tanto del gobierno nacional, como del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del Municipio G y de la Intendencia de Montevideo. Este hecho puede explicar la escasa concurrencia de la reunión, un centenar de personas, incluyendo a unos 30 funcionarios del gobierno nacional y departamental.

Practicamente, el resto de los asistentes eran vecinos que se habían informado por cuenta propia y que se oponen al trazado del proyecto ferroviario que conectará Pueblo Centenario, en Durazno, con el puerto de Montevideo, en el marco de las obras de la segunda planta de celulosa de UPM.

El encuentro tuvo dos instancias bien marcadas. En la primera, técnicos de la empresa LKSur, una de las adjudicatarias de la obra, presentó una síntesis del proyecto ferroviario. En la segunda parte, las autoridades dieron respuestas a las preguntas presentados por ciudadanos durante la Puesta de Manifiesto previa del proyecto.

Las autoridades informaron, además, que las obras afectarán más de 180 servicios, entre los que se encuentran el gas, combustible, energía eléctrica, telecomunicaciones, saneamiento y agua potable. Además, se expropiarán 557 padrones en forma parcial y 52 totales en los cinco departamentos involucrados en las obras.

Integrantes del grupo "Por un costado de la vía" denunciaron que el gobierno ya inicio, sin tener aún la habilitación ambiental y legal correspondiente, la expropiación de más de 200 viviendas en los cinco departamentos por donde se proyecta que pasará el tren que llevará la celulosa desde Durazno hasta el puerto capitalino.

Este grupo de vecinos reclamó que se lleven adelante estudios ambientales independientes para poder evaluar los posibles "impactos negativos" de la construcción de la nueva vía y de la circulación de los trenes. Además, consideran que el informe ambiental resumen oficial tiene varias carencias, como por ejemplo, que está en inglés y es demasiado extenso. 

Así las cosas, en determinado momento de la audiencia pública una vecina propuso una votación simbólica y una clara mayoría votó en contra del proyecto. Minutos después la mayoría comenzó a retirarse del gimnasio, dejando casi a todos los funcionarios y jerarcas de gobierno solos, mientras el director nacional de Medio Ambiente seguía al frente de la mesa.


Momento en que los vecinos se retiran de la audiencia                                                                                              Foto: Sudestada

El proyecto Ferrocarril Central implicará 273 kilómetros y las obras durarán 36 meses que incluyen dos trincheras entre Capurro y Las Piedras, una nueva vía doble entre Sayago y Progreso, un nuevo acceso al puerto de Montevideo, 17 nuevos desvíos de cruce, el refuerzo de cinco puentes, la construcción de 128 puentes y 36 viaductos y la reconstrucción de 24 estaciones y paradas, según la información oficial.