Víctor L. Bacchetta

Solo la Sociedad de Productores Forestales (SPF), posiblemente pensando en los litigios y los seguros, ha sostenido que procedieron correctamente en los recientes incendios. Los restantes actores, incluidas autoridades nacionales y departamentales han admitido las carencias, en algunos casos ante poblaciones indignadas porque sufrieron las consecuencias y tuvieron que improvisar una respuesta.

Alcanzó con que la Dirección Nacional de Bomberos informara que había encontrado evidencias de cinco focos intencionales en la zona de los incendios para activar una polarización estéril donde desde un extremo se acusa agriamente al otro de ser los responsables de la tragedia. En lugar de ayudar a esclarecer los hechos, esa es la manera de conseguir que todo se diluya en medio de una gran confusión.

Es probable que haya más evidencias, incluso porque se hicieron contrafuegos, la quema de ciertas áreas en sentido contrario al viento, que es una manera de detener el avance del incendio. Pero siempre es necesario distinguir el origen, intencional o accidental, de la evolución posterior, que depende de los planes de prevención ante esa eventualidad. En uno y otro caso, las responsabilidades son diferentes.



El hecho es que Paysandú contaba desde 2016 con un Plan de Gestión de Riesgos de Incendios Forestales a nivel Local para Guichón, Orgoroso, Pueblo Gallinal y Piedras Coloradas, impulsado por el Sistema Nacional de Emergencia (SINAE), su Dirección y Coordinación Técnica, junto con las instituciones departamentales del SINAE, el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y entidades locales.



El documento afirma enfáticamente que “Paysandú cuenta con un Plan de respuesta ante la eventual emergencia de incendios forestales” y señala que es responsabilidad de la Dirección de Bomberos la coordinación e intervención en la emergencia. El plan concluía con la enumeración de las tareas pendientes para ponerlo en práctica y la definición de un Plan de Evacuación para las localidades consideradas.

El plan sanducero fue una consecuencia del “Proyecto para el fortalecimiento de capacidades nacionales frente a incendios forestales y para la promoción de una cultura de gestión del riesgo y preservación del ambiente”, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID, cuya ejecución estuvo a cargo de la organización no gubernamental Cultura Ambiental.

Criterios para la definición de un plan

La elaboración del plan se inscribe en los fundamentos de la creación del SINAE en 2009, por la ley N°18.621, en normas complementarias como la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana y la ley de Educación, así como en la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) aprobada por Naciones Unidas en 1999.

El SINAE es un sistema público permanente cuyo fin es, según la ley, “la protección de las personas, los bienes de significación y el medio ambiente, ante el acaecimiento eventual o real de situaciones de desastre, mediante la coordinación conjunta del Estado con el adecuado uso de los recursos públicos y privados disponibles, de modo de propiciar las condiciones para el desarrollo nacional sostenible”.

En la práctica, el funcionamiento del SINAE se concreta en un conjunto de acciones de los órganos estatales competentes dirigidas a “la prevención de riesgos vinculados a desastres de origen natural o humano, previsibles o imprevisibles, periódicos o esporádicos; a la mitigación y atención de los fenómenos que acaezcan; y a las inmediatas tareas de rehabilitación y recuperación que resulten necesarias”.



La elaboración de un plan de gestión de riesgos de incendios forestales en una localidad específica es un proceso de reunión y análisis de informaciones con la participación de los actores involucrados, que permite identificar las amenazas, evaluar las vulnerabilidades y capacidades existentes, confeccionar los mapas comunitarios de riesgos y los planes de alerta temprana y evacuación.

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) busca generar y difundir información para que “las personas, las comunidades y las organizaciones afectadas por una amenaza se preparen y actúen de forma apropiada y con suficiente tiempo de anticipación. Los SAT incluyen el conocimiento del riesgo, el pronóstico de la amenaza, la difusión de las alertas y las capacidades locales para responder a dichos alertas.

La distancia de los centros poblados

En este caso, el proceso consistió en la realización de una serie de talleres con las instituciones, empresas y entidades sociales referentes del lugar, que posibilitó la definición anticipada del escenario de riesgo, con el fin de elaborar la respuesta a ser preparada de tal manera que localidades expuestas a ese riesgo pudieran actuar en consecuencia si la evolución de la situación lo hacía necesario.

“La población de Guichón, Orgoroso, Pueblo Gallinal y Piedras Coloradas está muy expuesta ante un posible incendio que involucre a la masa forestal que los rodea”, señalaba el plan. Al mismo tiempo, afirmaba que el origen de los incendios se debe generalmente a descuido de la población y le adjudicaba bajo nivel de riesgo a las zonas forestadas por disponer de planes de prevención adecuados.


Al evaluar las vulnerabilidades de la zona, el plan definía como “factores críticos” la alta densidad de la forestación cerca de las localidades y las altas temperaturas en el verano. Sin embargo, el diagnóstico del plan no hace ninguna referencia a la distancia que deberían mantener las plantaciones de las edificaciones. De hecho, se permitió que los macizos de árboles lleguen hasta pocos metros de las viviendas.

Declaraciones tras los incendios del ministro de Ambiente, Adrián Peña, generaron dudas sobre la normativa vigente. No hay ley ni decreto que fije la distancia de 500 metros entre la forestación y los poblados, es un criterio que las autoridades irían a aplicar en los rebrotes y los nuevos proyectos. Peña concluyó diciendo que no van a imponerlo, que buscarán hacerlo de acuerdo con las empresas forestales.



Para mitigar la responsabilidad en la cercanía de la forestación a los centros poblados, el presidente de la SPF, Nelson Ledesma, ha sostenido que las poblaciones también se ampliaron. En realidad, la forestación ha vaciado los campos y la poca ocupación de mano de obra no justifica un crecimiento de los pueblos vecinos. Incluso algunos desaparecieron, como Las Flores, por haberse secado los pozos de agua.

Los incendios forestales desde la óptica de la NASA

Secuencia de los incendios forestales ocurridos en Uruguay entre el 29 de diciembre de 2021 y el 2 de enero de 2022, registrada por los sensores satelitales de incendios de la NASA. Se percibe la rapidez de la expansión del fuego en los tres primeros días y la declinación posterior como consecuencia de las lluvias que comenzaron a caer el 1° de enero.

Fuente: NASA - FIRMS (Fire Information for Resource Management System).