Víctor L. Bacchetta

En el marco del debate sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC), la Cámara de Diputados aprobó el sábado último la creación del nuevo Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial con el voto unánime de los partidos allí representados. Al no haber modificaciones del texto que venía de la Cámara de Senadores, esta decisión equivale a la sanción parlamentaria del proyecto.

Ese mismo día, los directores de áreas y divisiones de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) recibieron la orden de comunicar a unos 77 funcionarios cuyos contratos anuales vencieron el pasado 30 de junio, que no se presenten a trabajar en el organismo hasta tener confirmada la renovación de sus contratos, a consideración de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de la Presidencia.

La revisión de estos contratos, que en su mayoría eran renovados automáticamente, se inscribe en las disposiciones del decreto 90/2020 del Poder Ejecutivo, del 11 de marzo de este año, sobre el elevado déficit fiscal y la presión tributaria por el gasto excesivo del estado, que fijó el máximo de gastos de funcionamiento e inversiones para 2020 en 85% de los créditos comprometidos en el ejercicio 2019.

El artículo 4° de ese decreto dispuso que “los cargos vacantes generados al 31 de diciembre de 2019 no podrán ser provistos y, de los que se generen durante el ejercicio 2020, sólo podrán ocuparse un tercio”. Quedó exceptuado el personal docente; profesional técnico y especializado de la salud, dependiente del Ministerio del Interior en funciones de seguridad y del Ministerio de Defensa Nacional.


Se prohibió, asimismo, “la renovación automática de todos los vínculos de servicios personales de carácter temporal con la administración central que no revistan la condición de funcionarios públicos, cualquiera sea su fuente de financiamiento”. Y se estableció que el monto destinado a la realización de nuevos contratos de servicios personales, cualquiera sea su naturaleza y su financiamiento, no podrá superar el 60% del monto total ejecutado en 2019 por el mismo concepto.

Esta disposición afecta directamente a 106 trabajadores contratados de la Dinama, profesionales, administrativos y técnicos con contratos a término, obtenidos por medio de llamado público, que representan un 40% de la plantilla total de funcionarios del organismo. El vínculo laboral de estos trabajadores posee una antigüedad promedio de 5 años, teniendo un 10% de ellos una antigüedad de más de 10 años.

Se trata de contratos de servicios personales para proyectos financiados por organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM) y el Fondo Francés para el Ambiente Mundial (FEMM) y por fondos locales. Los contratos con fondos del FMAM y del proyecto de financiamiento del BID son administrados por agencias de Naciones Unidas.

El 73% de esos contratos venció el pasado 30 de junio, solo un 2% había vencido antes de esa fecha, y son a quienes se les comunicó la decisión de no presentarse a trabajar hasta que se decida la renovación o caducidad de su contratación. De los restantes, el 23% de los contratos vence entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de este año y el 2% el 31 de enero de 2021.

En algunos sectores los contratados son 80% del personal, se los encuentra en áreas como evaluación de impacto ambiental de los proyectos, control ambiental de las industrias y las actividades, asesoría jurídica y atención de denuncias. De esos 106 funcionarios, 70% son profesionales y si se suma el 10% que ocupa cargos de dirección son 80% profesionales, 17% técnicos y un 3% administrativos.

Incertidumbres y disparidades

“Es una contradicción apostar a la creación del Ministerio de Ambiente y perder el capital humano con este decreto. Y no se trata solo de las personas que no estarían, sino de cómo se afectarían los equipos, que aun al día de hoy terminan no siendo suficientes para dar respuesta a todos los desafíos”, declaró Soledad Ávila ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado en representación de los contratados.

Los funcionarios señalaron que existe una contradicción en el decreto de austeridad del gobierno al plantear una reducción del 40% en los gastos por servicios personales e incluir los que dependen de fondos de cooperación internacional, ya que varios de esos fondos son donaciones a las que Uruguay accedió porque el gobierno se propuso realizar un proyecto que consideró que era importante.

“Estamos cumpliendo con lo que establece el decreto 90/020, que estamos obligados a asumir, y estamos estudiando caso a caso porque cada situación personal es una situación diferente”, dijo la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Irene Moreira, al comparecer con otras autoridades a las comisiones de Medio Ambiente y de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado.

Las autoridades del MVOTMA no dieron cifras definitivas pero relativizaron el alcance de las medidas en su área, enfatizando que el artículo 5° de ese decreto abre la posibilidad de excepciones. “En la mejor de las posibilidades vamos a poder reducir el 12%. Si se mantendrán las personas contratadas por organismos internacionales”, afirmó el director general de Secretaría, el coronel retirado Gabriel Albornoz.

De los 77 contratos vencidos en junio, Dinama ya rescindió 11 y se van a revocar seis más; a quince se les va a reducir el horario y otros cuatro finalizan porque termina el proyecto, según señaló Albornoz. “Del resto se va a tramitar la recontratación”, pero aclaró que no depende del ministerio. “La tenemos que pedir y escapa a nuestro control. Hasta ahora nos han autorizado todas las que pedimos”, explicó.

Aunque en teoría la política de la Dinama habría sido la de tratar de emparejar las condiciones de retribución y de carga horaria del personal contratado y las de los funcionarios públicos presupuestados, de hecho subsisten diferencias que hacen que los trabajadores contratados no formen parte de la Asociación de Funcionarios del MVOTMA y actúen en forma separada en sus reclamos laborales.

“Contratados y funcionarios públicos trabajamos juntos, unos tienen sus beneficios y otros los suyos. Creo que no todos los contratos van a cesar; hay contratos que tienen término y otros se van a renovar porque se entiende que se necesitan en la función en la que están. Los compañeros contratados en 20 años nunca pidieron agremiarse a nuestra asociación”, afirmó la presidenta del sindicato, Rossana Berrini.