Esta decisión fue observada por el Tribunal de Cuentas de la República (TC) y forma parte de una larga lista de señalamientos que la comuna ha recibido en su contrato con ICM SA. Desde 2013 y sumando el dinero que percibirá hasta 2018 la empresa cobrará a la Intendencia de Montevideo un total de 127.856.868 pesos (aproximadamente 4,4 millones de dólares) a pesar de las sucesivas observaciones del organismo de contralor. 

Esta empresa, presidida por Juan Pedro Crisci, hace negocios con la Intendencia desde principios de los 2000, cuando comenzó a integrar la nómina de empresas que el entonces director de Casinos, Juan Carlos Bengoa, incluyó en su sistema de arrendamiento de slots.

La política de arrendamiento, en lugar de la compra de las máquinas tragamonedas, culminó con pérdidas multimillonarias en las salas municipales y el procesamiento con prisión de Bengoa (quien ocupaba la Dirección General de Casinos desde 2005) y de sus ex asesores Orestes González Braida (entonces Director Nacional de Loterías y Quinielas), José Luis Antúnez, y Gustavo Dalmonte, y el empresario Felipe Ruiz.

 

Lo que en su momento se denominó el "sistema Bengoa" quedó reflejado en el auto de procesamiento, dictado por la jueza penal Fanny Canessa, el 20 de diciembre de 2007, cuando señaló que "Bengoa para lograr imponer su sistema de arrendamiento de slots al grupo de empresarios que él conocía perfectamente, dándole a cada uno un porcentaje diferente de la utilidad, sin ningún fundamento serio de sus actos como no sea beneficiarlos, aun a costa del daño efectuado al Estado cuya cuantificación exacta se determinará oportunamente, pero que sin duda existió".

 

El 26 de junio pasado la administración Martínez decidió volver a renovar el contrato para el alquiler de 100 máquinas tragamonedas a ICM SA entre junio de 2017 a mayo de 2018 por un monto total de 29.280.000, IVA incluido. Esta resolución fue observada por el Tribunal de Cuentas, según documentación a la que accedió Sudestada, y se debió a que el contrato anterior había vencido el 31 de diciembre de 2016.



Para subsanar esto, Martínez había firmado otra resolución el 29 de mayo donde resolvió ampliar nuevamente la contratación de ICM SA para el período comprendido entre enero y mayo de 2017 por un total de 12.319.268 de pesos, IVA incluido.

 

El 7 de enero de 2016 el Tribunal de Cuentas ya había señalado en que el contrato con ICM SA derivaba de "un procedimiento cuyo gasto fue observado por motivos insubsanables" y volvió a observar la decisión de la comuna. 

 

El intendente Martínez -en diciembre de 2015, y siguiendo los pasos de su antecesora Ana Olivera- volvió a adjudicar a la empresa ICM SA el arrendamiento, desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2016, de 100 máquinas tragamonedas por 34.257.600 pesos, IVA incluido. 

En junio de 2013 la intendenta Ana Olivera había resuelto contratar en forma  directa  a las empresas ICM SA y Famostar SA para arrendar 150 máquinas tragamonedas por el equivalente al 26% más IVA de la utilidad bruta por mes de cada slots y por el plazo de un año, para el casino del Parque Hotel, hoy el único en manos municipales, luego de la concesión de la sala de juegos del Hotel Carrasco.

 

Además, decidió contratar, también a ICM SA, para el arrendamiento del sistema TITO durante un año por el equivalente al 4% más IVA de los equipos que utilizan este método que permite al apostador introducir dinero en las tragamonedas. TITO es la sigla del sistema informático Tiquet in – Tiquet out que permite que se utilicen “tokens” (monedas o billetes) hasta cierta suma de dinero y luego el apostador debe desembolsar su dinero directamente a través de esta vía.

 

Un mes después, en julio de 2013, el Tribunal de Cuentas observó el gasto con el argumento de que no existía "la causal de excepción invocada" para esta contratación y porque no había "disponibilidad suficiente en el rubro de imputación contable". De todas formas, la Intendencia de Montevideo reiteró el gasto.

 

En aquella época las autoridades municipales ajustaban detalles para la mudanza del casino Parque Hotel a la emblemática Casa de Andalucía, ubicada enfrente al viejo edificio que pasó a ser la sede del Parlamento del Mercosur (Parlasur).

 

La mudanza implicaba algunos cambios en la operativa de la sala de juegos y una de ellas era reducir la cantidad de máquinas tragamonedas. En setiembre de 2014 la intendenta Olivera convalidó el alquiler de 100 slots a ICM SA para el Parque Hotel. El contrato establecía que desde el 1° de agosto de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, la empresa cobraría 15 millones de pesos durante 2014 IVA incluido y otros 27 millones de pesos por el alquiler de slots durante el año 2015.

 

Una vez más, el Tribunal de Cuentas observó el gasto ya que este contrato derivaba de "un procedimiento observado por razones insubsanables" y "por falta de disponibilidad en el rubro de imputación". La administración Olivera hizo caso omiso al señalamiento del órgano de contralor y siguió adelante con el arrendamiento de las tragamonedas. Y pasadas las elecciones municipales, Martínez siguió en la misma línea de contratación. 

La intendencia de Montevideo registró en el último año un descenso de las ganancias en su sala de juego y el director del área Hugo Gandoglia atribuyó el hecho al "azar" que determinó el aumento de la suerte de los apostadores. 

Según explicó Gandoglia, el casino del Parque Hotel tuvo en 2015 una ganancia de 87 millones de pesos mientras que en 2016 bajó a poco más de 57 millones. "Con respecto a la reducción en el resultado de la actividad de los slots voy a decir que efectivamente es inferior a la de 2015, pero sin embargo el monto de lo apostado no es inferior al del 2015, sino por el contrario, es superior. Estas cifras no las registra el presupuesto. Estamos hablando de una actividad en la que el azar también existe. Lo que no ingresó a las arcas de la Intendencia está en poder del público", explicó Gandoglia, citado por el diario El País.  

Al igual que en los tiempos de Bengoa, la estrategia de la Intendencia para superar el momento difícil de la sala de juego es el arrendamiento de nuevas máquinas tragamonedas. El director de Desarrollo Económico Óscar Curutchet dijo que en 2018 se invertirán 15 millones de pesos en slots. 

 

Presidente de ICM SA, Juan Pedro Crisci, durante la inaguración de su casino en el hotel de Salto. 

En el año 2002 y con variados argumentos el entonces director de Casinos de la Intendencia de Montevideo, Juan Carlos Bengoa, comenzó a contratar a varias empresas, en muchas de las cuales figuraban familiares de asesores municipales, según estableció la justicia penal al procesar a varios jerarcas que ocuparon altos cargos de gobierno del Frente Amplio y empresarios.

 

Luego de reiteradas observaciones del Tribunal de Cuentas la comuna convocó a mediados de 2003 a la licitación número 108.986/1, mediante la cual se contrataron 12 empresas, la mayoría de las cuales ya tenía vínculos comerciales con la IMM. 

 

En aquella oportunidad fueron seleccionadas 12 empresas: Tecnostar SA, ICM SA , Borelco SA, Borlex SA ,Vallasey SA, Flipper’s Andes Ltda,  Famostar SA , Folway SA , Metal Finish SA , Macale SA , Raft SA y Tisaro SA.  Luego se sumarían  Folway SA, Timelur SA, Sabid SA y Libretol SA, entre otras. En el caso de ICM SA la comuna le compró 50 slots y le arrendó otras 50 máquinas.

 

Macale SA firmó un contrato con la IMM para arrendarle 10 máquinas tragamonedas sin que existieran antecedentes de relación con la administración municipal o de actividad alguna en el rubro slots. La empresa fue fundada el 3 de diciembre de 2001, y hasta el 9 de noviembre de 2003 tenía como presidenta (luego continuó siendo su representante legal) a Rose Marie Sosa Delgado, quien era la esposa de Eduardo Mario Bernis Braida, primo hermano del entonces asesor de Bengoa, Orestes González Braida, quien fuera luego director nacional de Loterías y Quinielas.
 

Otra firma, Libretol SA, fue fundada el 2 de enero de 2002, y hasta el 7 de diciembre de 2003 su presidente era Eduardo Bernis Braida, el primo de González Braida, asesor de Bengoa. Era su firma, con la correspondiente aclaración, la que figuraba al pie de la oferta que la empresa presentó, y que su primó analizó. Dejó constancia escrita de haber puesto dinero en una célebre "colecta" que tenía como objetivo la remodelación de la sala del casino del Parque Hotel.
 

En el caso de Folway SA primero presentó como dirección Ramón Anador 3856, apartamento 301, pero luego pasó a funcionar en Gonzalo de Orgaz 528, apartamento 202, en la zona de Villa Biarritz. Arrendó 20 máquinas, la mitad conseguidas a través de un acuerdo con Famostar SA (empresa con la que compartía domicilio) y el resto con Otor SA. 

 

Folway fue una empresa emblemática de todo el esquema de tráfico de influencias que había montado Bengoa en la Intendencia. En primer lugar, esa SA compartió domicilio en aquel apartamento de Villa Biarritz con Famostar SA y con Timelur SA cuyo presidente fue Orestes González Braida, entonces asesor de Bengoa -quien también fue procesado con prisión. En esa empresa que "alquilaba" slots para la Intendencia de Montevideo trabajaban tres de hijos de González Braida y un hijo de José Luis Antúnez, otro de los asesores de Bengoa.

Pero además, Folway tenía en su nómina de empleados al cuñado de Bengoa, hermano de su pareja, Javier Dibitonto. 

 

En el caso de ICM SA, siempre tuvo el domicilio en Salto 1169 y su cara más visible es su presidente Juan Pedro Crisci quien en aquella oportunidad señaló ante la Justicia penal que no participó directamente de las reuniones en las que se resolvió entregar 25 mil dólares por empresa para remodelar el Parque Hotel. 

 

Crisci señaló que en esas conversaciones estuvo presente su representante Pablo Espasandín, y que él sólo concurrió a la Intendencia de Montevideo para firmar el contrato. 

 

El empresario argumentó que el casino del Parque Hotel estaba muy deteriorado y que “querían” hacer algo para arreglarlo, pero la comuna capitalina “no tenía” plata. Sostuvo que la idea de los 25 mil dólares por cabeza surgió de los “proveedores” y que para llevar a cabo la refacción “se habló” con Felipe Ruiz, un ex funcionario de Casinos que era el encargado del mantenimiento de las máquinas, y dueño de Sabid SA, quien también fue procesado con prisión. 

 

Además de arrendarle máquinas tragamonedas a la Intendencia de Montevideo, Crisci ha ganado varias licitaciones en varios departamentos del país para colocar slots en salas que funcionan bajo el control de la Dirección General de Casinos.