Víctor L. Bacchetta

El anuncio en el Diario Oficial, el 30 de octubre último, de la Puesta de Manifiesto del proyecto de construcción en la península de Punta Ballena, departamento de Maldonado, de un complejo de 29 edificios con 320 apartamentos, desató una movilización sin precedentes. La población supo recién ahora de la existencia de un proyecto de gran impacto ambiental y social que se negocia desde hace años entre inversores privados, la Intendencia y el Ministerio de Ambiente.

El 2 de noviembre, una nutrida asamblea de vecinos y la Red Unión de la Costa, que reúne unas 70 organizaciones, decidió movilizarse contra el proyecto. El día 9, con más de 3 mil firmas, se solicitó una prórroga de la Puesta de Manifiesto.

El Ministerio de Ambiente accedió y, al cabo de los 10 días adicionales, se presentaron 13.545 comentarios escritos. La plataforma Change.org lleva recolectadas más de 80 mil firmas exigiendo la expropiación de Punta Ballena.


Foto: Federico Ferreira / FocoUy

Las características originales de este lugar de la costa uruguaya, que se han conservado hasta el presente, hacen de Punta Ballena un sitio emblemático de la naturaleza para los que conocen y disfrutan su belleza, así como los estudiosos e investigadores de sus singularidades, geológicas, biológicas y paisajísticas. No son solo los habitantes de la zona y el departamento, sino también nacionales y extranjeros que la han visitado como turistas a lo largo de los años.

El carácter público o privado de Punta Ballena se discute desde la década de 1970, cuando la Intendencia decidió expropiarla a los sucesores de Antonio Lussich. Sin haber pagado la indemnización, los militares se apropiaron del lugar en la dictadura y construyeron la ruta panorámica y el mirador.

Desde entonces, sin estar escriturada como tal, la península siguió siendo considerada espacio público, pero en 1995 los dueños reclamaron en la Justicia el retorno de la propiedad.

Los fallos de primera y segunda instancia y, por último, la Suprema Corte, en 2001, ordenaron a la Intendencia la devolución de la península a los privados, incluyendo las áreas con obras públicas. A esa altura, un 70 por ciento de la propiedad había pasado a manos del banquero argentino Ezequiel Carballo.

En los años siguientes, ambas partes negociaron un acuerdo, que firmó el intendente Oscar de los Santos en 2014 y ratificó la Junta, por unanimidad, en el año 2017.

El acuerdo mantuvo áreas públicas, como la ruta, el mirador y los accesos a la playa, e incluyó un proyecto de varios condominios cerrados, conformados por 37 edificios de tres plantas con 359 apartamentos, supeditado a la autorización del Ministerio de Ambiente.



La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) le dio entrada al proyecto en 2015 y creó un Grupo de Trabajo para evaluar su viabilidad, que realizó varios pedidos de información complementaria.

Los proponentes alegaron que, al no ser un fraccionamiento ni la creación de un centro poblado, sino una división interna del padrón N°15.503, no es aplicable la Ley N°18.308 de Ordenamiento Territorial, ni la franja costera de 150 metros de uso público.

El Grupo de Trabajo concluyó sin objeciones en 2020 el análisis del proyecto y le asignó la Categoría C, prevista para aquellos “cuya ejecución pueda producir impactos ambientales negativos significativos”.

En abril de 2022, el proyecto de desarrollo residencial en Punta Ballena presentó la Solicitud de Autorización Ambiental Previa (SAAP) a cargo de la consultora GEA con una versión reducida de las obras, pasando de 37 a 29 edificios y de 359 a 320 apartamentos. GEA atribuyó los cambios a las recomendaciones de los técnicos de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) con el fin de “contribuir a la viabilidad ambiental del proyecto” (sic).

Para la población, las asociaciones civiles y los grupos académicos movilizados, la propuesta configura un cambio inadmisible de los atributos naturales de Punta Ballena, que debe mantener el carácter de sitio público, con condiciones adecuadas de preservación.

El 12 de diciembre culminó la Puesta de Manifiesto, cuarta etapa del proceso de evaluación ambiental que, por la Categoría C, antes de la resolución, debe pasar todavía por una Audiencia Pública.

Varios pronunciamientos

“El sitio conforma un paisaje costero único en el país, caracterizado por su acantilado rocoso, extremo sur de la Cizalla Sierra Ballena, originada hace 530 millones de años. Componentes determinantes de este territorio son también su buen estado de conservación, su alta diversidad de especies de flora y fauna terrestre y marina, así como factores culturales vinculados a usos prehistóricos, históricos y actuales que la sociedad considera de vital importancia”, señala el Centro Universitario Regional del Este (CURE).

Según el centro universitario, la afectación del paisaje será irreversible, las medidas de mitigación planteadas no garantizan la persistencia de la biodiversidad a mediano y largo plazo, conducirá a la desaparición total y permanente del patrimonio histórico-arqueológico del lugar y la calidad de la experiencia turística en la zona se verá afectada negativamente. El proyecto debió cumplir las obligaciones de las leyes 18.308 y 19.355 sobre la faja costera de 150 metros, señala el CURE. “No contemplar esta cesión invalida la propuesta”, concluye.

“No puede realizarse ninguna transformación material ni jurídica del territorio fuera de su correspondiente IOTDS (instrumento de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible), ni omitir las instancias obligatorias de participación social establecidas en la LOTDS (Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible)”, expresa el profesor Pablo Ligrone en el informe difundido por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República (Udelar) sobre la propuesta edilicia en Punta Ballena.

“Ni la Dinama de otrora, ni el Ministerio de Ambiente deberían admitir tramitar este proyecto surgido de un acuerdo de partes y aprobado por simple decreto de la Junta Departamental sin que dicho proyecto sea tramitado como PAI”, afirma Ligrone refiriéndose al Plan de Actuación Integrada (PAI), previsto en el Artículo 21 de la Ley N°18.308 de 2008.

“La transacción acordada entre los privados y la Intendencia de Maldonado, luego aprobada por la Junta Departamental, viola disposiciones legales de orden público, que están por encima de cualquier acuerdo como el considerado”, sostiene la Red Unión de la Costa. Y agrega que, de haberse realizado un Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, habría obligado, entre otras cosas, a ceder la faja de 150 metros de la ribera hacia el interior.

La Red Unión de la Costa resume en estos términos las afectaciones que provocaría la aprobación del proyecto:

- Pérdida de comunidades vegetales únicas como es el herbazal rupícola costero del lugar y la pérdida de numerosas especies.
- Pérdida invaluable del patrimonio geológico del Uruguay.
- Afectación irreversible del paisaje.
- Importante reducción del acceso y uso público del espacio.
- Pérdida de conocimiento, información y materialidad para poder acceder y preservar las diversas.
memorias que confluyen en la percepción y uso del paisaje.
- Afectación negativa de la calidad de la experiencia turística y recreativa y profundización de un modelo turístico y urbanístico insostenible y privatizador de los espacios públicos.

Los cuestionamientos al proyecto en trámite abarcan un espectro muy amplio de la sociedad, desde agrupaciones de vecinos, asociaciones profesionales, instituciones académicas y centros de estudiantes, hasta instancias nacionales de organizaciones internacionales:

Asociación Vecinos de Las Grutas - Punta Ballena
Unión Vecinal de Punta Ballena (UVPB) y Lagunas del Sauce y del Diario
Red Unión de la Costa (RUC)
Sociedad de Arquitectos del Uruguay
Asociación de Limnología del Uruguay
Sociedad Uruguaya de Geología
Asociación Oceanográfica Uruguaya
Centro Universitario Regional del Este (CURE), UdelaR
Facultad de Arquitectura y Diseño del Uruguay
Laboratorio de Ciencias del Mar de la Facultad de Ciencias
Carta abierta de 81 investigadores e investigadoras
Centro de Estudiantes de la Licenciatura en Gestión Ambiental
Centro de Estudiantes de la Licenciatura en Turismo
Centro de Estudiantes de la Licenciatura en Diseño de Paisaje
Cátedra UNESCO Derechos Humanos, Universidad de la República
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS Uruguay/ Unesco)