María García Arenales / Sudestada / @MGArenales

Un nombre interrumpió la placidez del verano de 2014: Lola Chomnalez, la joven argentina de 15 años que fue asesinada en el balneario de Valizas, Rocha, cuando se disponía a pasar unos días junto a unos amigos de la familia. Desde aquel 28 de diciembre son varios los jueces y fiscales que actuaron en el caso, uno de los que más cambios ha tenido en la historia judicial del país, además de que fueron más de 70 personas las que pasaron por el juzgado de Rocha en calidad de testigos o como sospechosos.

Casi cinco años después, el crimen sigue sin ser resuelto. No se sabe qué ocurrió exactamente ni quiénes son los responsables.

El pasado mes de mayo, sin embargo, el último fiscal a cargo de la investigación, Jorge Vaz, aportó un poco de esperanza a la familia de Lola al pedir el procesamiento de Ángel Moreira, un hombre de 33 años, originario de Rivera y apodado “El Cachila”, como coautor del asesinato de la adolescente. El representante del Ministerio Público consideró que había elementos de convicción suficientes que demuestran que participó en el crimen.

El 9 de diciembre el Tribunal de Apelaciones confirmó el procesamiento de Moreira. Este hombre ya había declarado en 2015 como sospechoso, pero entonces quedó libre porque las pruebas de ADN no coincidieron con las que se encontraron en las pertenencias de la adolescente. Pese a ello, el fiscal Vaz consideró que "El Cachila" estuvo presente cuando mataron a la adolescente y que, por tanto, hay más de un implicado.

“Si bien el ADN (de Moreira) no dio positivo, sí ha hecho numerosas declaraciones con detalles que coinciden en un 90% con lo que dicen los forenses en la autopsia. La diferencia es que él mantiene que la joven se desvaneció y murió de forma natural después de que fuera voluntariamente hasta el lugar (donde luego fue encontrada) porque hacía calor y se sentía mal, cuando las pericias forenses dan cuenta de una muerte violenta”, explicó a Sudestada uno de los abogados de la familia de la adolescente, Juan Williman.

Según esas pericias, la adolescente presentaba un fuerte golpe en la cabeza, además de cortes en el cuello y en los brazos. Su cuerpo fue hallado el 30 de diciembre de 2014 semienterrado en la arena, cerca de una cañada.

Lo que evidencian esos restos de sangre encontrados en la mochila de la joven, continuó Williman, es que hay más de un implicado en el crimen. “Puede que incluso ese ADN no sea de quien le dio muerte (a Lola) y que se trate de alguien que dejó su rastro al meter su mano ensangrentada para agarrar dinero de la mochila”, señaló el abogado.

Sin embargo, la información detallada que ha aportado Moreira tanto sobre el lugar donde se encontró el cuerpo de Lola como la ropa que llevaba la joven o la hora a la que sucedieron los hechos “indican que al menos estuvo presente y que participó activamente” en el asesinato. No obstante, hay otra parte del relato que el procesado no cuenta.

Familia Chomnalez y su abogado Juan Williman. Foto: Rocha al día. 

Una nueva perspectiva

Es lógico preguntarse qué es lo que ha cambiado en estos casi cinco años para que el fiscal Vaz ordenase en mayo el procesamiento de Moreira y la respuesta es clara: no hay nuevas pruebas, sino que analizó el expediente desde otra perspectiva.

“Es entendible que la gente se lo pregunte. Dentro del expediente hay como unas 10 líneas de investigación, yo también estoy tratando de hacer conjeturas de lo que pensaron los colegas que me antecedieron. Probablemente fueron por la línea que les pareció más plausible y a mí me pareció esta que estoy siguiendo. Tal vez hubo cosas que no pudieron visualizar y yo tuve la suerte de ver el expediente a la distancia, vi la globalidad, y eso me dio como otra visión”, explicó tiempo atrás Vaz al ser consultado por Sudestada.

Existen además otros motivos que explican por qué aún a día de hoy el caso de Lola Chomnalez no está resuelto. Uno de ellos es el propio lugar donde ocurrió el crimen, pues no ayuda que se produjera en un sitio de densa vegetación azotado por el viento y entre dunas de arena, aparte de que en diciembre Valizas es uno de los balnearios más transitados del país y miles de personas pasan sin dejar rastro.

Desde un punto de vista criminalístico también influyó el trabajo de la policía porque “pudo haber sido mucho más ordenado”, consideró Williman.

La investigación, además, se vio sin duda afectada por el cambio de jueces y fiscales, pues rotan de manera permanente y más cuando se trata de ciudades del interior.

Para Jorge Barrera, también abogado de la familia de la víctima, “no es lo ideal que existan tantos jueces y fiscales que lleven adelante un único proceso, porque esto significa que cada vez que tienen que tomar medidas o cuando asumen en sus cargos tienen que hacer un estudio pormenorizado del expediente”, dijo a Sudestada.

Además, recuerda, también influyó que el caso se viera en medio de la reforma del Código del Proceso Penal.

“A partir de noviembre de 2017 pasamos de un sistema notoriamente inquisitivo a un sistema acusatorio, lo que provocó que no solamente convivan con vigencia dos sistemas procesales distintos, sino que además eso implicaba una redistribución de los fiscales y los jueces para primero poder prepararse para el nuevo código y luego en la ejecución”, indicó Barrera.


“Críticas injustas”

El pasado mes de mayo el fiscal Jorge Diaz también hizo referencia a esas críticas por el cambio de fiscales en el caso y por la falta de recursos de la institución. En una conferencia de prensa defendió el trabajo de todos los representantes del Ministerio Público que participaron en el proceso de investigación a lo largo de estos últimos años (Soledad Barriola, Rodrigo Morosoli y Patricia Sosa, además de Vaz).

“Todos me merecen el mayor de los respetos y por eso reivindico su trabajo. Obviamente cualquiera puede cometer un error, pero conozco su trayectoria y quiero resaltar su trabajo”, dijo ante la prensa.

Díaz explicó que la reforma del proceso penal era una “asignatura pendiente de la democracia uruguaya” y aseguró que en los últimos años se lograron grandes cambios. Entre ellos, destacó que la fiscalía llegue a ser una institución penal, dedicada a la investigación y persecución de delitos, en lugar de centrarse en materias menos importantes.

También comparó algunas cifras: Montevideo pasó de tener 19 fiscalías penales en 2012 a las 36 actuales, mientras que en el interior también se crearon otras seis. Además, añadió Díaz, los funcionarios de la institución aumentaron de 409 a 807.

En esa conferencia de prensa también mostró su preocupación por el incremento de denuncias por abuso sexual y de los enjuiciamientos por ese tipo de abuso, sobre todo a menores. “Es un tema que nos preocupa tanto como el crecimiento en la tasa de homicidios o el de las rapiñas. El 87% de las denuncias se concentran en cinco delitos: rapiña, hurto, homicidio, delitos sexuales y amenazas”, concluyó Díaz.