Montelecnor, filial de la multinacional Elecnor en Uruguay, ganó el 25 de enero de 2010, una licitación pública de 172 millones de pesos para encargarse de la regularización del asentamiento “San Antonio” (Camino Santos, Instrucciones, Behering y Batlle y Ordóñez, barrio Lavalleja), en el marco del primer Programa de Mejoramiento de Barrios.

Dos años después, el 22 de octubre de 2012, la comuna amplió en un 80 por ciento el contrato de aquella licitación, y le pagó a la multinacional otros 137 millones de pesos para que se ocupara de las obras de realojo del asentamiento de Isla de Gaspar y Larravide, a 10 kilómetros del asentamiento San Antonio.

El Tribunal de Cuentas (TCR) observó ese gasto al considerar que se violenta el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) en tanto “no amplía el objeto del contrato, sino que incorpora el realojo de un asentamiento no considerado ni en el llamado ni en el contrato suscrito con la empresa Montelecnor S.A” en el año 2010, entre otros puntos. Pero las obras y los pagos por parte de la Intendencia durante el mandato de Ana Olivera (2010-2015), igualmente se ejecutaron.

Seis años después de la adjudicación de la licitación pública a Montelecnor por 172 millones de pesos (2010), y cuatro luego de la primera ampliación por otros 137 millones de pesos (2012), la Intendencia firmó en 2016 una nueva extensión del contrato para encargarle a la multinacional las obras de saneamiento de las calles María Orticochea y Juan Bautista Saá.

Esa esquina del barrio Conciliación se encuentra a cinco kilómetros del barrio San Antonio (contrato original) y a 18 kilómetros del asentamiento de Isla de Gaspar (primera ampliación).



Según la resolución de la Intendencia 4274/16, la División Tierras y Hábitat entiende que es “necesario incorporar las obras de infraestructura y saneamiento en las calles María Orticochea y Juan Bautista Saá”; la Contaduría general “sugiere se modifique” la resolución del año 2012 que amplió el contrato con Montelecnor, ahora “incluyendo las obras mencionadas” por la suma de 2,56 millones de pesos; y la Dirección General del Departamento de Acondicionamiento Urbano es de “opinión favorable a que se proceda en consecuencia”.

Así, el intendente Daniel Martínez firmó, el 19 de setiembre de 2016, la nueva ampliación del contrato con la multinacional para una obra distinta que sorteaba un nuevo llamado a licitación. El monto no era significativo –unos 89 mil dólares, aproximadamente–, teniendo en cuenta el contrato original y la anterior ampliación.



Pero Montelecnor decidió parar la obra como represalia contra la comuna, a la que reclamaba un millón de dólares porque, a su juicio, los trabajos en el asentamiento Isla de Gaspar implicaron mayores gastos para la empresa al ejecutar el fraccionamiento de los terrenos –para el realojo de las familias– con frente a las calles Veracierto, Capitán Duarte y Cochabamba.

La situación, que la Intendencia bien pudo considerar como incumplimiento de parte de la empresa privada, se resolvió poco después con una erogación de las arcas públicas, de acuerdo a la documentación obtenida por Sudestada.

Transacción viola la Ley Orgánica Municipal

El 30 de diciembre de 2016, la Intendencia cede frente a la multinacional alegando la “imperiosa necesidad, ante la trascendencia social del destino de las obras mencionadas (y paralizadas por Montelecnor), de superar las diferencias surgidas entre las partes para la continuación de los trabajos pendientes”. Y aceptando que “en el transcurso de la ejecución de esas obras surgieron un cúmulo de diferencias de criterio y desinteligencias de diversa naturaleza, entre la Administración comitente y la empresa, con eventual incidencia en los aspectos económicos derivados del contrato”.

La resolución 6085/16 –que en definitiva otorgó 17,175 millones de pesos (600 mil dólares) adicionales a Montelecnor–, fue firmada ese último día hábil del año por el intendente interino, Oscar Curutchet –en tanto Martínez se encontraba de licencia– y por el secretario general, Fernando Nopitsch, a quien llegaban los reclamos formales de la multinacional, según el documento al que accedió Sudestada.



Se trató de una transacción extrajudicial: “Las partes declaran que no tienen nada más que reclamarse por los conceptos aquí estipulados, lo cual se traduce en que ni la contratante ni la contratada, podrá reclamar, una a la otra, una vez suscrito el presente acuerdo, por concepto de las obras de Veracierto, Capitán Duarte, Cochabamba y María Orticochea (sin perjuicio de los futuros trabajos y los certificados de obra que, tras el reinicio de esta última, se devenguen en el futuro”, indica el contrato.

La ley Orgánica Municipal (Nº 9.515) establece en su artículo 35 las competencias del intendente. Y en el inciso 11 se precisa que al jefe comunal le compete “transigir previo dictamen del Ministerio Fiscal en los asuntos inferiores a dos mil pesos, requiriéndose además la autorización de la Junta Departamental, en los de mayor cantidad”.

Tras el reclamo de Montelecnor la Intendencia negoció y transó antes de que el caso llegara a la justicia, por tanto no hay pronunciamiento del Ministerio Público y Fiscal, y no se solicitó autorización a la Junta Departamental para pagar una transacción de 17,1 millones pesos (600 mil dólares).

El TCR cuestionó por esa razón la decisión de la Intendencia: “no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 35 Numeral 11 de la ley Orgánica Municipal en cuanto exige al Intendente para transigir la autorización de la Junta Departamental, en los asuntos de mayor cantidad ($2.000)”. Y terminó por observar el gasto, además porque “el objeto con cargo al que se ha imputado el gasto emergente del presente acuerdo transaccional carece de disponibilidad, en contravención a lo dispuesto por el Artículo 15 del TOCAF”, señala la resolución a la que accedió Sudestada.