El edil nacionalista Javier Barrios comparó el pago a Montelecnor con el caso de la casa comprada por la IM por el doble de su valor
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La obra fue licitada durante la gestión de Ana Olivera y el pago final de 600 mil dólares se produjo bajo la de Daniel Martínez.
El representante de la oposición en la Junta Departamental de Montevideo, el edil nacionalista Javier Barrios, cursó un pedido de informes este viernes luego de que se conociera que el Tribunal de Cuentas observó el gasto realizado por la Intendencia de Montevideo, por considerar que violó el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) del Estado y la Ley Orgánica Municipal.
El gobierno de la capital había concedido una licitación en 2010 a la empresa Montelecnor, filial de la multinacional española Elecnor en Uruguay, para encargarse de la regularización del asentamiento “San Antonio” en el marco del primer Programa de Mejoramiento de Barrios.
Luego dispuso dos ampliaciones de la licitación sin cumplir con los requerimientos del Tocaf y a finales de 2016 resolvió pagarle 17,1 millones pesos (600 mil dólares) para evitar un contencioso judicial.
Tanto las ampliaciones como este último pago, que llegó como un regalo de fin de año el 31 de diciembre de 2016, fueron observados por el TCR pero reiterados por la administración encabezada por Daniel Martínez.
Sudestada informó sobre el asunto este jueves, y este viernes el edil del Partido Nacional Javier Barrios cursó un pedido de informes al intendente de Montevideo a fin de conocer todos los detalles de la transacción.
“Amparado en el Articulo N° 284 de la Constitución de la República, solicito tenga a bien tramitar ante la Intendencia de Montevideo el siguiente pedido de informes, vinculado a la Resolución 6085/16 del 30 de diciembre de 2016 donde la Intendencia de Montevideo arriba a un acuerdo transaccional con la empresa MONTELECNOR SA por la suma de $ 17.175.000, el cual fuera observado por el Tribunal de Cuentas (Resolución 205/17 del 18 de enero de 2017) ya que se incumplió con la Ley Orgánica Municipal Art 35 numeral 11, en cuanto no se solicitó la anuencia de la Junta Departamental para transigir”, dice el pedido de Barrios.
Pero además del caso particular de Montelecnor, Barrios pidió a la IM que le proporcione información sobre “todas las licitaciones y sus objetos donde se hubiera hecho uso de la facultad del artículo 74 del Tocaf de los últimos cinco años más las resoluciones que justificaron el aumento del gasto”.
Según el dictamen del TCR además en la decisión de la Intendencia “no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 35 Numeral 11 de la ley Orgánica Municipal en cuanto exige al Intendente para transigir la autorización de la Junta Departamental, en los asuntos de mayor cantidad ($2.000)”.
El órgano de contralor también cuestionó que “el objeto con cargo al que se ha imputado el gasto emergente del presente acuerdo transaccional carece de disponibilidad, en contravención a lo dispuesto por el Artículo 15 del TOCAF”.
"Peor que la casa al doble de precio"
A través de su cuenta en la red social Twitter el edil blanco cuestionó el negocio realizado por la Intendencia que dispuso el pago de 600 mil dólares a la multinacional Montelecnor y lo comparó con otra controvertida decisión de la administración de Daniel Martínez.
Barrios aludió a la
compra realizada por la IM a los hermanos Roberto e Isidoro Kosak de un inmueble en el barrio Brazo Oriental por 1,4 millones de dólares, cuando los vendedores lo habían adquirido 48 horas antes por la mitad de precio.
Debido al escándalo que produjo la divulgación de la transacción el intendente Martínez dispuso la conformación de una comisión para analizar el asunto, la que finalmente recomendó que se dejara sin efecto el negocio ya que todavía no se había procedido a la firma del contrato.
A pesar de haber quedado sin efecto el negocio, la Junta Departamental de Montevideo dispuso la conformación de una
comisión investigadora a pedido de la bancada oficialista.
En el caso de Motelecnor, el pago ya se produjo por lo que no se puede recuperar el dinero del erario.