El militar retirado, José Nino Gavazzo, tiene que realizarse un tratamiento de diálisis por un problema renal, y presentó informes médicos –uno sin firma– que acreditan la enfermedad que padece.

Sin embargo, los informes no establecen que el uso de la tobillera sea un impedimento para la situación clínica del paciente, ni para su recuperación domiciliaria.

La defensa del represor, ejercida por su hija Rossana Gavazzo, esgrimió ante el Juzgado de Ejecución de Canelones que la tobillera afecta la salud del coronel retirado, y denunció incumplimientos en los traslados al Hospital de parte de la Oficina de Supervisión y Libertad Asistida (OSLA), que depende del Ministerio del Interior.

De esta manera logró que la sede suspendiera el uso de la tobillera y dejara a Gavazzo bajo “tutela familiar” en todo momento.

El ex agente del Servicio de Información de Defensa y de la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas se encuentra en prisión domiciliaria luego de un informe de la Cruz Roja que pidió su excarcelación por motivos de salud.

Hasta ahora el uso de la tobillera permitía vigilar que el autor de graves violaciones a los derechos humanos –homicidios, desapariciones forzadas, torturas– se mantuviera dentro de los límites de su casa: una construcción lujosa en un barrio privado.

Pero ahora esa posibilidad de vigilancia se ha esfumado, porque además se apartó a la OSLA de la supervisión del condenado. La familia no representa una garantía real para que Gavazzo cumpla con su sentencia en los términos fijados por la justicia, cuando le otorgó el beneficio de egreso de la cárcel de Domingo Arena.



“Los informes médicos no acreditan que la tobillera sea un impedimento para el tratamiento del paciente, y los supuestos incumplimientos de la OSLA tampoco están probados. Por ello no se justifica que se cambie la medida de vigilancia sobre Gavazzo”, dijo a Sudestada el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe.

El representante del Ministerio Público sostuvo que la medida adoptada por la justicia pone en juego dos temas fundamentales: “el peligro de fuga y la violación de la prisión domiciliaria”.

“Gavazzo está condenado o procesado en diversos expedientes, y además es indagado en más de 15 causas en la que es necesaria su presencia. Si se anulan los mecanismos que tiene el Estado para controlar dónde está, aunque la persona tenga cerca de 80 años y padezca cierta enfermedad, la realidad indica que puede fugarse, que es posible que se fugue”, subrayó Perciballe.

El fiscal explicó también que Gavazzo “solo está autorizado a trasladarse al médico” y que si le quitan los controles de OSLA y de la tobillera “no se puede saber si la persona sale de su casa por otras razones, para las que no está habilitado”.

“Si simplemente está bajo el control de sus familiares, él puede hacer muchas otras salidas distintas de las que tiene autorizadas por la justicia”, afirmó.

Por estas razones, la Fiscalía recurrió el fallo judicial y ahora deberá expediré un Tribunal de Apelaciones.