Néstor Cerveró, ex director del área Internacional de Petrobras. 

Fabián Werner y Pablo Alfano / Sudestada (*)

El anuncio de Petrobras del inicio de una demanda millonaria contra el Estado uruguayo por los perjuicios sufridos en el negocio de compraventa de la compañía del gas tiene una turbia historia detrás.

Néstor Cerveró, el ex gerente del área Internacional de Petrobras, que hoy se encuentra preso en Brasil por cobrar sobornos para entregar licitaciones a varias empresas constructoras, relató a la Justicia de su país cómo se dio ese proceso de negociación, que fue muy desventajoso para la estatal brasileña.

El documento que obtuvo Sudestada es el “Termo de Colaboração N°21” que firmó Cerveró con la Justicia de Brasil, en el marco de su acuerdo de colaboración refiere a la “Compra de compañías de gas en Uruguay 2006/2007”, en referencia a la actual Montevideo Gas y a Conecta.



Cerveró relató en su testimonio que en los años 2006 y 2007 Petrobras había culminado con el proceso de compra de las estaciones de Shell en Uruguay y Paraguay en el marco del proceso de expansión de la estatal en la región.

El entonces ministro de Industria Jorge Lepra le planteó a Cerveró si no existía interés por parte de la empresa de adquirir también las dos compañías de gas (en aquel momento Gaseba, propiedad de Gaz de France, y Conecta). “La gente de la dirección internacional de Petrobras, de forma de solucionar un pleito del gobierno uruguayo, inició negociaciones y compró Gaseba a Gaz de France”, narró Cerveró.

Relató también que “pensando en el crecimiento del mercado de gas en Uruguay Petrobras compró también una pequeña empresa, Conecta, que tenía el derecho de vender en todo el país, excepto en Montevideo”.

Petrobras pagó 8 millones de dólares por Gaseba y un monto menor (que no precisó) por Conecta. Al concretar esta compra, “en verdad Petrobras ‘assumiu un mico’”, dijo Cerveró, utilizando una expresión coloquial que en portugués quiere decir que hizo un negocio ruinoso.

Al fundamentar esta afirmación, el exgerente dijo que “Gaseba había comprado la compañía en la época de las privatizaciones en aquel país” y que “tenía problemas laborales gigantescos” y una “red de distribución muy antigua”.

“Posteriormente el gobierno ayudó en la resolución de los problemas laborales”, recordó Cerveró, y concluyó que “la compra de esas dos compañías fue una decisión de cuño político para atender un pedido del gobierno uruguayo”.

Quien hizo posible el negocio, explicó Cerveró en su testimonio, fue Luiz Carlos Moreira, quien por aquella época se desempeñaba como gerente ejecutivo de Nuevos Negocios del área Internacional de la petrolera brasileña. También participaron Atan de Azevedo Barbosa, a quien definió como “un antiguo operador del mercado nacional, un intermediario de negocios, ligado con Shigeaki Ueki (expresidente de Petrobras), primo de Nelson Jobim (exministro de Defensa de Lula) y fue director de Interbras, una empresa de comercialización internacional de Petrobras”.

La tercera persona ligada a las negociaciones fue el uruguayo Eduardo Irigaray, a quien Cerveró, sin dar más detalles, calificó como “un operador del mercado uruguayo”.

Consultado sobre la eventual “irregularidad” que Cerveró podría señalar en esta operación, el exejecutivo de Petrobras señaló “la posibilidad de que Luiz Carlos Moreira, Atan Barbosa y Eduardo Irigaray se hayan beneficiado personalmente con esos negocios” pero negó estar en condiciones de “afirmar que eso haya ocurrido”.

En lenguaje corriente, Cerveró decidió denunciar el cobro de coimas como una simple “posibilidad” pero se negó a aportar las pruebas de su insinuación.

Quién es quién

Como ya informó Sudestada, Cerveró fue el gerente del área Internacional de Petrobras y en esa condición manejó muchas de las licitaciones que hoy son objeto de investigación por parte de la Justicia brasileña. Fue puesto en la empresa en representación del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), del actual presidente Michel Temer. Quien logró su nombramiento fue el hoy preso exdiputado Eduardo Cunha.

Cerveró ya tenía fuertes vínculos con Uruguay por otras razones. Compró un apartamento en Rio de Janeiro para lavar dinero de las coimas a través de una empresa uruguaya, Jolmey SA, gracias a los “buenos oficios” del abogado uruguayo Oscar Algorta Rachetti.



Además contrató al estudio Posadas & Vecino para que le abrieran la empresa Forbal SA, que también fue usada para blanquear sobornos.

Sin embargo, los otros nombres que Cerveró señala en su delación ante la Justicia son menos conocidos y son los que se investigan por estos días en los tribunales de Brasilia, Curitiba y Rio de Janeiro.


Pasaporte de Atan de Azevedo Barbosa, acusado de "corrupción activa" en la causa Lava Jato. 

Atan de Azevedo Barbosa es un exdirectivo de la dirección de Servicios del área Internacional de Petrobras que actualmente está acusado de "corrupción activa" por integrar el “esquema criminal” formado en la petrolera para pagar sobornos y beneficiar a empresas constructoras y de servicios. Entre las acusaciones contra Barbosa se encuentran la de haber actuado en beneficio de la empresa IESA Óleo e Gás como “operador financiero para el pago de propinas” cuando el titular de la dirección era Renato Duque, actualmente preso.

Quien lo mencionó como miembro de la red fue el también acusado Pedro Barusco, exgerente de Servicios de Petrobras, que admitió haber cobrado entre octubre de 2008 y abril de 2013 un total de 1.977.350 dólares a través de Barbosa. Los pagos se realizaron en mensualidades de 29 mil dólares mediante una cuenta en el Banco Clariden Leu AG de Suiza a nombre de la offshore panameña Rhea Comercial Inc que administraba Barbosa.


Luiz Carlos Moreira, exgerente de Nuevos Negocios de Petrobras.

Luiz Carlos Moreira es otro conocido de la Justicia brasileña en la causa Lava Jato. Moreira cobró millonarias coimas, entre otros casos, por la compra de sondas de perforación para la búsqueda de hidrocarburos. Él era uno de los máximos jerarcas del esquema criminal, al punto que era quien señalaba en qué cuenta serían depositados los sobornos.

Moreira y Cerveró definieron que cada político “coimeado” en este asunto recibiría 4 millones de dólares, según el documento judicial al que tuvo acceso Sudestada.

Entre los políticos “beneficiados” se encontraba el también preso Eduardo Cunha, quien recibió al menos 5 millones de dólares por su “bendición” a estos negocios turbios. Parte de esos dineros sucios, al menos 250 mil dólares, fueron derivados a una iglesia evangélica brasileña. 

El juicio contra Uruguay

Tiempo de sonrisas en 2014: Carlos Belomo, gerente general de Montevideo Gas y Conecta, Carlos Alberto da Costa, presidente de Petrobras Uruguay y Pedro Borges, gerente corporativo de Petrobras Uruguay. Foto: Espectador.com

Las empresas Montevideo Gas y Conecta –pertenecientes al grupo brasileño Petrobras– iniciarán acciones legales contra el Estado uruguayo al estar disconformes con el negocio de la distribución de gas. Si bien aún se desconoce el monto exacto, trabajadores del sindicato del sector consultados por Sudestada estiman que las dos demandas totalizarán unos 100 millones de dólares.

Petrobras tomó esta decisión con el argumento que la distribución de gas enfrenta una serie de situaciones desventajosas que son totalmente ajenas a la gestión de las dos empresas que la brasileña opera en Uruguay. Una de ellas es las complicaciones en la llegada de gas natural desde Argentina y otra es el elevado precio respecto a la cotización en el mercado internacional.

Las dos empresas, que abastecen de gas a Montevideo y algunos puntos del Interior del país, señalaron que desde hace meses le reclaman al Estado una batería de medidas que corrijan inconvenientes que afectan su operativa.

"Desafortunadamente, esos reclamos no han encontrado eco en las autoridades uruguayas, lo que ha llevado a que cada una de las distribuidoras recurriera a los mecanismos arbitrales de solución de disputas previstos en los respectivos contratos del Estado con Montevideo Gas y Conecta", señala un comunicado emitido por ambas compañías.

En el gobierno de Tabaré Vázquez existe un fuerte malestar por este anuncio, aunque en filas oficiales reina cierto hermetismo. "Para mí, es inexplicable", dijo la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, quien evitó brindar mayores detalles como una estrategia para "preservar" los intereses del Estado uruguayo.

La empresa Conecta -Petrobras es dueña del 55% de las acciones y ANCAP del 45% restante– inició un arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, contra el Estado uruguayo en reclamo de 50 millones de dólares por daños causados.

Por su parte, Montevideo Gas, perteneciente en su totalidad a la petrolera brasileña, entablará una demanda a nivel nacional contra el Estado, ya que así lo establece el contrato de concesión, por un monto de dinero similar al de Conecta.

El antecedente de esta controversia fue la decisión del gobierno uruguayo concretada en mayo de comenzar con el proceso de ejecución de la garantía por 5 millones de dólares de Montevideo Gas debido al atraso en el canon que la empresa debe pagar todos los años al Ministerio de Industria.

La empresa sostiene que el monto que debió abonar fue mayor a esos 5 millones de dólares "con la finalidad de evitar males mayores", según una carta interna que el presidente de Montevideo Gas, José Augusto Carrinho, envió a sus trabajadores el pasado 28 de julio.

En tanto, el sindicato de trabajadores del gas levantó hoy una ocupación de tres locales de Montevideo Gas, pero anunciaron que tienen en mente implementar otras medidas gremiales "para lograr defender al usuario, los puestos de trabajo y la soberanía nacional", según un comunicado de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas (Uaoegas).

Los trabajadores denuncian que la Montevideo Gas no busca el desarrollo ni la mejora comercial, pese a las mejores condiciones en el mercado y a una tarifa más barata tras un acuerdo con el gobierno de Argentina. "La estrategia es ver de qué manera me llevo decenas de millones con una demanda al Estado", aseguró a Sudestada el dirigente del sindicato Alejandro Acosta.

"Para nosotros es una estafa contra el pueblo uruguayo, porque si el Estado tiene que terminar pagando todo, o parte de lo que se reclama, ¿de dónde va a salir?, del bolsillo de los uruguayos porque el Estado no tiene otra forma de ingreso que nuestros impuestos. Entonces, lamentablemente Petrobras vuelve a optar por perjudicar al país", dijo Acosta.

Para el dirigente sindical es claro que la idea de la empresa brasileña se basa en reducir la plantilla de trabajadores y salarios por un lado y "sacarle plata a los uruguayos" por el otro. Además desestimó los argumentos de la empresa para llevar adelante la demanda contra el Estado uruguayo. 

Los trabajadores se reunieron con la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados el martes 15 y con la de Industria el miércoles 16. Además tienen pensado convocar la Cancillería, el Ministerio de Industria, Energía y Minería mientras que el próximo viernes está previsto un encuentro con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro.

(*) Este artículo es parte de las publicaciones de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, integrada por periodistas de Armando.Info (Venezuela), LA NACION (Argentina), La Prensa (Panamá), Sudestada (Uruguay), Quinto Elemento Lab (México) e IDL-Reporteros (Perú).