María Natalia Rodríguez / @licmnrodriguez / Sudestada

Durante el gobierno presidido por Luis Lacalle Pou disminuyó a menos de un tercio el número de inspecciones y sanciones por incumplimientos a las disposiciones de control de tabaco, y se desmanteló el equipo de fiscalización que llevaba adelante las visitas. Paralelamente, la administración se alineó a la estrategia de las tabacaleras, promoviendo medidas que coincidían con su estrategia comercial o por pedido directo de ellas, según publicó Sudestada en su investigación Humo por Decreto.

Este martes 3 de junio el Ministerio de Salud Pública anunció la derogación de los dos principales instrumentos usados por el gobierno anterior para satisfacer la demanda de las tabacaleras, el decreto 87 del año 2021 que habilitó el registro, venta y distribución de los dispositivos de tabaco calentado, y el 282 del 2022 que afectó la politica de etiquetado neutro de las cajillas de cigarros. 


El presidente Orsi encabezó la conferencia de prensa junto a la ministra Lustenberg, la directora general de la Salud Fernanda Nozar, y la coordinadora del Programa Nacional de Control de Tabaco, Laura Llambí, en Torre Ejecutiva. Foto: Presidencia.

En conferencia de prensa, con la presencia del presidente Yamandú Orsi, la ministra de Salud Cristina Lustenberg dijo que "ambas normas fueron cuestionadas por organizaciones científicas, académicas, sociales y de salud pública, tanto nacionales como internacionales. La sociedad civil jugó un rol clave en la defensa de la normativa vigente, en especial en la protección de niñas, niños y adolescentes".

“Tenemos desde hoy el desafío de avanzar en dos direcciones: en las medidas orientadas al control del consumo de tabaco y en el fortalecimiento del cambio cultural que cuide la salud de las y los uruguayos. No se trata solo de derogar los decretos, también tenemos que cargar de contenido el futuro y tomar decisiones con datos que nos permitan evaluar los resultados de lo que hacemos”, subrayó la ministra.

Lustenberg anunció cinco líneas de trabajo inmediato, la primera de las cuales implica reforzar la fiscalización del cumplimiento de la normativa, tanto a nivel interno como en las fronteras, en coordinación con distintos organismos del Estado. Este fue uno de los retrocesos en el cumplimiento de la normativa antitabaco en el gobierno anterior. 

Derrumbe de las fiscalizaciones

Entre el 1 de marzo de 2020 y octubre de 2023, mientras el gobierno aprobaba decretos a medida de los intereses de la industria, se registraron apenas 259 infracciones a la normativa antitabaco, cuando solo en 2019 habían sido 284 y en 2018, 377. Estos datos surgen de la respuesta del Ministerio de Salud Pública (MSP) a una solicitud de acceso a la información pública realizada por Sudestada.

La baja en el registro de infracciones es correlativa al descenso en los controles en el marco de la Ley de Protección del Derecho al Medio Ambiente Libre de Humo de Tabaco y su Consumo N°18.256, del año 2008, y su decreto reglamentario. En los tres primeros años del gobierno pasado (de 2020 a octubre de 2023), se completaron 8.449 inspecciones ,mientras que solo durante 2019 se alcanzaron las 8.193 fiscalizaciones.

El descenso en el control coincide con la desvinculación de la cooperativa que realizaba esas funciones. En enero de 2021, luego de siete años de trabajo con el MSP, la administración encabezada por el ministro Daniel Salinas resolvió discontinuar el vínculo con la cooperativa 21 de octubre, conformada por extrabajadores de la filial uruguaya de la multinacional tabacalera Philip Morris, un acuerdo que daba cumplimiento al Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT).

El argumento que les dio la cartera en ese entonces fue que todas las inspecciones del MSP (no solo las de control de tabaco) se iban a concentrar en la Dirección de Fiscalización.

Durante su período de trabajo, la Cooperativa realizó unas 40 mil inspecciones y detectó 2.300 incumplimientos. “Las infracciones nunca pasaron de un 5% y eran por distintos motivos, no específicamente por el ambiente libre de humo”, explicó uno de sus exintegrantes. “Por contrato, la cooperativa tenía que hacer 500 inspecciones por mes”. Casi el doble que el número de procedimientos que realizó el MSP durante más de tres años.

En diálogo con Sudestada, pusieron como ejemplo que la estrategia de la industria tabacalera Montepaz era que los kioscos “estaban pintados con los colores de las marcas, o de Nevada (rojo verde y dorado) o de Coronado (azul y amarillo), entonces se hacía un acta porque se consideraba elemento de marca”. Es decir, “un arreglo del diseño gráfico con colores que son publicidad de una determinada marca”.

“Esas actas después las recurrieron las empresas, sobre todo Montepaz”, dijo uno de los antiguos inspectores. Y enfatizó: “La estrategia de las tabacaleras era: si vienen los inspectores, sacamos y cambiamos los colores del kiosco, pero hasta que no vengan, no sacamos nada”.

“La tabacalera Montepaz, más que nada, les dejaba afiches a los comerciantes. Entonces ellos ponían el afiche y cuando íbamos nosotros le explicábamos que eso estaba mal por ley. Y nos decían que no sabían porque [el distribuidor] no les dijo nada. Entonces ahí entraban a tener encontronazos con el distribuidor, porque él sabía, pero no les decía nada”, relató otro integrante de la cooperativa.

En esos casos, la sanción va para el comerciante y para la tabacalera.


Fuera de Montevideo y Canelones

Desde marzo de 2021 hasta octubre de 2023 solo figuran infracciones en Montevideo y Canelones. Según la documentación entregada por el MSP, la última sanción realizada en otro departamento, específicamente en Rocha, fue el 26 de febrero de 2021. En 2024, tras conformarse la Dirección General de Fiscalización, se retomaron los otros departamentos, aunque continuó con un número bajo de inspecciones en comparación con el quinquenio precedente.

Durante ese año se realizaron un total de 3.393 inspecciones, de las cuales 188 (poco más de un 5%) se hicieron en otros departamentos fuera de Montevideo (2.821) y Canelones (384).

La baja inspección fuera de la Zona Metropolitana se mantiene desde 2018, excepto en 2022 y 2023, en los que no se registró ninguna infracción. En 2021, solo figuran seis infracciones (tres en Rocha y tres en Maldonado).

“El gran problema del interior es el contrabando”, señaló un extrabajador de la cooperativa. Explicó que cuando inspeccionaban y encontraban cigarrillos en infracción aduanera en el acta escribían que habían encontrado “cajillas sin las advertencias del Ministerio de Salud Pública”, pero que especificaban que eran cigarrillos de contrabando, porque era el acuerdo con la cartera.

“Uruguay tiene todo para caerle al contrabando”, señaló otro exfiscalizador. “Muchas veces lo que estaba dentro del protocolo [para el control del comercio ilícito de los productos de tabaco] no se hacía”, señaló. “Vos ibas a un lugar y encontrabas cartones de contrabando, se hacía el acta y le decías que en algún momento iba a pasar Aduana con (el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior) y es peor la situación, porque esos caen y te llevan todo. Nosotros no podíamos retirar ni nada, pero pedíamos sacarle una foto”.


Una cooperativa que molestaba y un diputado ensañado

Conformada por un grupo de extrabajadores de la empresa Abal Hnos. S.A. (filial de la multinacional Philip Morris en Uruguay), la Cooperativa 21 de Octubre se creó en 2013 en el marco de un acuerdo con el MSP, con el objetivo de realizar fiscalizaciones para el control del tabaco.

La cartera cumplió con las recomendaciones del CMCT, que dispone en sus artículos 4, 17 y 22 como uno de sus principios rectores, “desarrollar de manera económicamente viable medios de subsistencia alternativos para los trabajadores del sector tabaco cuyos medios de vida queden gravemente afectados como consecuencia de los programas de control del tabaco”.

La Cooperativa lleva el nombre del día en que los trabajadores fueron despedidos de la filial uruguaya de Philip Morris tras su cierre. El proyecto autogestionado fue reconocido a nivel nacional e internacional por su característica inédita de reinsertar extrabajadores de la industria tabacalera en tareas de promoción en salud y de contribución a la lucha contra la epidemia del tabaquismo, siguiendo las recomendaciones del Convenio Marco de la OMS.

Luego de siete años, el gobierno presidido por Lacalle Pou decidió desvincular este emprendimiento del MSP, con el argumento de que la cartera estaba conformando la Dirección General de Fiscalización, que concentraría todas las inspecciones vinculadas a la cartera. El ministro en funciones era el médico Daniel Salinas, del partido Cabildo Abierto.

En diálogo con Sudestada, los extrabajadores de Abal Hnos., y de la Cooperativa 21 de Octubre, aseguraron que desde su conformación, el entonces diputado por el Partido Nacional, Martín Lema, “estaba ensañado” con ellos. “Nosotros nunca salimos a contestar ni nada porque era darle vida y no nos interesaba, pero decía varias, pero varias falsedades, mentiras mal”, agregaron.

Los exfiscalizadores cuentan que Lema “decía que la cooperativa estaba inscripta en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para hacer tareas de limpieza” cuando “el literal E del artículo tercero del estatuto de la cooperativa social dice ‘ofrecer y brindar servicios de educación, prevención y fiscalización referentes al tabaquismo y demás áreas vinculadas a la salud’”.

“Por eso digo que [Martín Lema] miente, no es que no conozca”, aseguró uno de los extrabajadores. “Cuando empezamos con los trámites ya teníamos negociaciones con el Ministerio de Salud Pública, porque el proyecto era crear una cooperativa para esto [control de tabaco] y cuando nos transformamos en cooperativa de trabajo, el literal E del estatuto siempre dijo lo mismo”, agregó.

Cuando Lema era oposición, hizo un pedido de informes al MSP sobre la contratación de la cooperativa. Según publicó El País en julio de 2017, para el legislador se "realizó una licitación pública casi a medida" en 2016. La nota menciona además que “se desconoce cuáles fueron los criterios o idoneidad que la entonces ministra de Salud, la comunista Susana Muñiz, vio en los ocho cooperativistas”.



A su vez, en diciembre de 2017, Búsqueda también publicó una nota sobre el tema, titulada “Cuestionan vínculo entre el Ministerio de Salud y la cooperativa de exempleados de Philip Morris para fiscalizar ley antitabaco” con declaraciones de Lema.

El legislador aseguró al semanario que cuando se llamó a licitación se dirigió “a cooperativas de trabajo, valorándose especialmente los antecedentes en tareas similares, lo que parecería ser un traje a medida”.

Lema criticó la contratación en forma directa “a una cooperativa que hubo que capacitar a sus inspectores para desarrollar la tarea” y expresó que “no se entiende cómo se contrata una cooperativa que hay que capacitarla para que pueda prestar funciones teniendo una división de Fiscalizacion”

Además, aseguró que “la cooperativa 21 de octubre se contrató en forma directa con observaciones del Tribunal de Cuentas desde 2013 a 2016”. Sin embargo, el TCR no realizó observaciones. En su sesión del 30 de diciembre de 2013 acuerda “no formular observaciones al convenio a suscribir por el Ministerio de Salud Pública y la Cooperativa Social 21 de Octubre”.

En diciembre de 2018, para el llamado a la Licitación Pública Nº 16/2018, cuyo objeto era la “Contratación de una cooperativa de trabajo o producción que realice tareas de educación, promoción de salud y soporte al Programa Nacional de Control de Tabaco de la Dirección General de Salud”, el TCR observó el gasto por no existir “antelación suficiente entre la publicación efectuada en la página de Compras y Contrataciones Estatales (1º/11/2018) y la apertura de oferta (13/11/2018)” y porque los criterios para la adjudicación “no resultan claros”.

Los extrabajadores también dijeron a Sudestada que Martín Lema los acusaba de percibir unos 70 mil pesos por mes. “El primer contrato era 315.000 pesos mensuales, y él decía que eso dividido entre 8 o entre 7, daba 70 mil pesos para cada uno, un disparate porque él sabía lo que decía”.

“En la adjudicación parcial que el Ministerio de Salud resolvió el 24 de agosto de 2016, se dispuso que la cooperativa de trabajo 21 de Octubre recibiera 7 millones de pesos, por año con impuestos incluidos. En el caso de que continúen siendo ocho cooperativistas (porque los documentos públicos no lo aclaran), cada uno recibiría al mes unos 73 mil pesos”, mencionaba en ese entonces el legislador a El País.

En respuesta al pedido de informes de Lema, el MSP sostuvo que la cooperativa 21 de Octubre “ha cumplido a satisfacción con las tareas que le corresponden”, según publicó Búsqueda, e “incluso ante los requerimientos del Programa Nacional de Control de Tabaco (PNCT)” concurren a realizar inspecciones “fuera de su horario de trabajo”.