Florencia Cremonese / @flocremonese / Sudestada

“Las declaraciones inapropiadas y desproporcionadas” formuladas por el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro en las dos últimas semanas del año 2014 “y a lo largo de su trayectoria como ministro, afectan considerablemente la confianza institucional que la ciudadanía demanda de su cartera”. Así se inicia el comunicado librado por el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y otras 26 organizaciones de la sociedad civil, en el que piden al presidente electo Tabaré Vázquez que reconsidere su decisión de renovar en el cargo a Huidobro.

También apunta que las respuestas de las organizaciones ante las palabras del ministro “han sido claras y contundentes” y “demuestran que la lucha y el compromiso por los acontecimientos del pasado reciente no incumben a una sola organización ni a una persona en concreto. Y que ninguno de todos los actores puede dictaminar el punto final sobre este tema”.

“Hoy como en el pasado no podemos aceptar la banalización del horror y de la impunidad, porque no nos hace bien socialmente, porque la democracia sólo puede ser sólida y estable si se construye sobre la Verdad y la Justicia”, subraya el comunicado.

Por ello, entienden que la persona que ocupe la cartera de Defensa “debe estar en consonancia con la sensibilidad y la idoneidad adecuada para atender las demandas en relación con nuestro pasado reciente”. Y así, convocan a Vázquez “a reflexionar y volver a analizar su decisión de confirmar al actual ministro de defensa en su cargo para el próximo período de gobierno”.

El 30 de diciembre representantes de varias organizaciones de la sociedad civil pro derechos humanos se reunieron en Serpaj y ante la prensa relataron por qué entienden que Huidobro no puede seguir en el cargo en el nuevo gobierno y explicaron la necesidad de que Vázquez sea sensible al pedido de la sociedad civil.

La subsecretaria de Relaciones Exteriores del primer gobierno frenteamplista, Belela Herrera, se hizo presente en la casa de Serpaj y acompañó las declaraciones y la solicitud de las organizaciones al nuevo mandatario. Herrera ha sido una destacada militante por los derechos humanos desde la época del Terrorismo de Estado, ex representante regional de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados.

En 2011 el gobierno argentino –a través de la embajada de ese país en Uruguay– la condecoró con la Orden de Mayo al Mérito en grado de Gran Cruz por su “pelea ardiente a favor de los derechos humanos” de los exiliados políticos de varios países latinoamericanos en las décadas del 70 y del 80: “la solidaridad, si no duele y cuesta, puede ser tan solo una palabra”, expresó en ese momento el presidente José Mujica, al recordar cómo la homenajeada había salvado las vidas de decenas de personas aun a riesgo de poner en peligro la suya, en particular cuando la instalación de la dictadura militar en Chile, en 1973, y tres años más tarde en Argentina.



Ahora Herrera se une a Serpaj y a otras organizaciones que cuestionan al ministro de Defensa por sus declaraciones y su gestión de gobierno.

La polémica nació luego de que el 10 de diciembre en la presentación del Informe Derechos Humanos en el Uruguay 2013-2014, Madelón Aguerre en nombre del Serpaj cuestionara la decisión del presidente electo de renovar en el cargo a Huidobro. “Fue una forma de seguir avalando un silencio, un acuerdo del que ninguno de nosotros fue partícipe”, dijo aludiendo, entre otras cosas, a la obstaculización del acceso a los archivos militares de la época de Terrorismo de Estado.

El ministro no tardó en contestar: “Es falso lo que está diciendo esa ONG financiada por las peores fundaciones imperiales. No la tengo (a la información), ¿de dónde quieren que la saque?, si me autorizan a torturar, si Serpaj me autoriza, yo capaz que le consigo información”, repuso entre ofuscado e irónico.

Familiares: “Huidobro nos niega información sobre mandos militares”

Madelón Aguerre declaró en la conferencia de prensa que el comunicado emitido el 26 de diciembre por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) –también firmante del pedido a Tabaré Vázquez– ahonda en las dificultades constatadas para el acceso a la información correspondiente al Ministerio de Defensa.

“No es cierto que el Ministerio de Defensa tenga una actitud de colaboración con las causas que por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, se vienen tramitando ante los tribunales. Tanto es así que –y a vía de ejemplo– en la causa que tramita ante el Juzgado Penal de 12° Turno, que reúne a más de noventa denunciantes víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes –patrocinados por nuestra institución–- que estuvieron recluidos en el Regimiento de Artillería o fueron víctimas de la Operación Morgan solamente la contestación por el Ministerio de tres oficios ha insumido más de un año”, señaló.

Acotó que “han sido necesarias varias reiteraciones reclamando la información” y que en todas las causas “desde que se han reabierto los casos, luego de declarada inconstitucional la ley de caducidad y luego de haber sido condenado el Estado en el caso Gelman, se han producido este tipo de demoras que obstaculizan la investigación y contribuyen a la denegación de justicia”.

Ignacio Salamano de Ielsur sostuvo en la conferencia que los dichos del ministro “fueron desajustados a la realidad y a la verdad de lo que viene sucediendo en la tramitación de las causas judiciales. Muy lejos de que exista una conducta de colaboración en Ielsur venimos tramitando varias causas en las que sistemáticamente nos encontramos con obstáculos. No es necesario torturar para conseguir información, basta con que el Ministerio cumpla los mandatos judiciales que se le solicitan”.

Aguerre dijo que “es rol inherente a una organización de derechos humanos vigilar el cumplimiento del Estado sobre sus obligaciones. Y en este sentido, como lo viene haciendo Serpaj desde hace treinta años, interpela las acciones y las respuestas que no van en ese sentido”.

Respecto a las acusaciones hacia las fundaciones que apoyan a la organización prefirió no ahondar porque “desvía la atención de lo que es importante”, si bien explicó que Serpaj es “transparente y no tiene nada que ocultar”.

Destacó que los citados incumplimientos fueron señalados también por órganos tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Contra la Tortura, el Comité contra las Desapariciones Forzadas, o el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre otros.

“Entendemos que los dichos descalificadores y denigrantes del ministro encierran una violencia explícita y además simbólica, ya que no son palabras de un particular, sino de un alto funcionario del gobierno”, sentenció.

Oscar Urtasun, de Familiares, cerró la ronda de declaraciones con indignación evidente: “el ministro es un hábil declarante, mete muchas mentiras y las entrevera con alguna verdad para que sea una comida pasable. Nosotros hemos pedido información sobre cuáles eran los mandos en cada actuación represiva y se nos ha negado constantemente. Él hace abuso de su autoridad”. Y fue más explícito: “Nos niega los archivos que primero declaró que nos iba a entregar, y después nos niega la existencia de los archivos, algo absurdo que dice por el poder que detenta como superministro”.
Subrayó que luego Huidobro sale a la prensa diciendo que no niega nada a nadie y que la lucha por los derechos está intacta. Pero desconoce la trayectoria del Serpaj, por lo tanto no sabe nada de lo que son los Derechos Humanos, no sabe nada de lo que es la lucha constante, prolija, y de años trabajando por los Derechos Humanos”.

Belela Herrera: “vergüenza internacional”

Madelón Aguerre sostuvo que si bien a Serpaj le consta que existe una política gubernamental en derechos humanos y que ha habido ciertos avances, estos “no son suficientes”.

Sostuvo que en las causas de graves violaciones a los derechos humanos bajo terrorismo de Estado “el tiempo juega muy en contra, porque hay muchos testigos que probablemente no estén dentro de muy poco, y la justicia perderá así pruebas importantes para el esclarecimiento de los casos”.

Consultada por Sudestada a propósito de los requisitos ineludibles de quien ocupe a partir del 1 de marzo la cartera de Defensa analizó el problema en un contexto histórico. Uruguay es un país de menos de doscientos años, y “hace cuarenta ocurrió el que probablemente haya sido el momento más oscuro de la historia: seguimos hablando de pasado reciente, porque para nosotros es un pasado doliente, no está cerrado. Es necesario, entonces que el Ministerio trabaje en conjunto y esto no sea una guerra”.

Por su parte, la ex vicecanciller, Belela Herrera, que se acercó a Serpaj en la mañana del 30 de diciembre a manifestar personalmente su adhesión al comunicado emitido por las organizaciones civiles, dijo que se encontraba en Chile festejando la Navidad con sus hijas cuando escuchó las declaraciones de Huidobro: “Me sentí muy triste” –confió–, pues las repercusiones internacionales no tardaron.

“Frente a una comunidad internacional que nos está mirando esto fue una vergüenza para este país que ha mostrado una generosidad muy grande en otros aspectos. Sentí un dolor muy profundo y me alegró que Serpaj saliera con voz firme contra esto”, subrayó.

Con respecto a Fernández Huidobro dijo que no quiere personalizar el tema, y que es necesario que la sociedad civil “irradie un nuevo sentimiento” para que el ministro reflexione y “entre en consonancia” con las organizaciones que trabajan estos temas. Dijo que Uruguay tiene aún una “falla muy grande” al “ocultar una verdad que es inocultable. No hay voluntad de abrir los archivos”, remarcó.

Para Herrera “es fundamental” que la voz de las organizaciones “resuene fuerte y que haya un cambio grande para que esos archivos que están ocultos sean entregados a la sociedad que los está reclamando”.