Walter Pernas / Sudestada / @PernasWalter

En estos últimos días seguidores, aliados y aliadas de Sudestada, me ha pedido una opinión, una respuesta ante ciertas afirmaciones que yo desconocía. Me enviaron algunas capturas de tuits de una periodista que, sin arrobar ni nombrar específicamente al medio en el que trabajo ni a quien escribe, alardean sobre cómo realizar un trabajo periodístico, me tildan de “temerario” y llaman a no replicar un artículo de Sudestada, uno que se titula: “La sorpresiva ampliación de la suma estafada a Julio César Lestido”.

No suelo discutir en redes sociales, aunque me convoquen/provoquen. Quizás en circunstancias muy concretas aclaro abiertamente alguna información, si es necesario.

Debe entenderse que aunque tenga un prontuario de casi tres décadas de periodismo –y agradezco los cumplidos al respecto– eso no deja a nadie exento de cuestionamientos. Aunque prefiero no transitar por ese camino –el de la ególatra pelea mediática–, afrontar las críticas y hasta los cometarios más duros, el agravio, la ofensa mordaz, el ánimo de escarnio o el afán de descalificación, es parte de la profesión, del oficio de ser periodista.

Voy a aclarar ahora que –por no contar con la información pertinente– en la nota que escribí para Sudestada no se publicó que en mayo de 2017 la empresa Lestido había realizado una ampliación de denuncia para rectificar el monto de la estafa, que pasó de 2,5 millones de dólares a 7,6 millones de dólares. Como otros medios, el diario en el que trabaja la periodista cometió ese error durante dos años, pero mal de muchos, consuelo de tontos. Sudestada se hace cargo de que, en cuanto a la fecha, no informó con exactitud.

La periodista que refriega lo que parece una enseñanza –“hay que leer los expedientes para hablar con seguridad”–, también opina que la nota “desliza suspicacias que no existen” y eso, la verdad, se aparta de cualquier manual básico de periodismo.

¿Alcanza con acceder a los expedientes (sospecho siempre de aquella parte interesada que ofrece los documentos, porque en general llegan con cortapisas en forma directa o velada) si no se aplica una interpretación periodística de los hechos judiciales?

En los cimientos del periodismo profundo, de la investigación periodística, se encuentra la suspicacia, la desconfianza, el recelo, la duda, la prevención de que bajo lo formal y solemne –como el cuello blanco– puede ocultarse el verdadero interés maquiavélico, artero en la trama, y muchas veces espurio en su finalidad.

Se trata de una lógica de trabajo, de una idea de partida que luego debe sospesarse con el resto de la información recolectada, y así atar cabos, falsear hipótesis, redirigir la idea si es necesario, y afirmar con pruebas contundentes o, si no se ha llegado a ese punto, presentar a las audiencias la situación en su complejidad, lo que conlleva contar (mediar) los hechos y exponer a todos los implicados, sobre todo si se trata de figuras públicas.

Con todos esos elementos, sin retaceos autoinfringidos, ni amputaciones editoriales convenientes, quienes reciben la información pueden interpelar la historia y a los protagonistas, y formular, alimentar, ignorar o descartar todas las suspicacias que entiendan pertinentes, y también cuestionar el enfoque o la interpretación periodística.

La suspicacia es parte fundamental de nuestra tarea como periodistas, pero aún más la que implica sospechar de cualquier tipo de poder, y sobre todo, en estos tiempos, del poder que ostentan los grandes grupos económicos.

Por todo esto, si Sudestada se hubiese enterado en mayo de 2017 de que Lestido ampliaba en cinco millones de dólares el monto de la estafa denunciada, la nota a redactar hubiera sido muy similar a la que se publicó el viernes 1 de marzo. Eso porque no es tan importante la fecha de la acción como el hecho en sí mismo, el acto que aumenta en un 300 por ciento la suma “estafada” a una poderosa empresa, dirigida por Julio Lestido y presidida por el abogado y ex ministro de Economía, Ignacio de Posadas.

El guante blanco

En tuits distintos a los que cuestionaban a Sudestada, la periodista invitaba a leer su nota, basada en “los expedientes”, publicada el domingo 3 de marzo en El País. “Mónica Rivero robó 7,6 millones de dólares en una década…”, asevera el titular.

En el artículo del 1 de marzo Sudestada señaló que “varios medios de prensa ya dieron por válido lo que afirma la empresa y titularon que la contadora cometió una estafa de siete millones de dólares. Sin dejar de presumir que esto pueda ser posible, lo cierto es que la justicia no ha llegado a esa conclusión”.

Para esa nota Sudestada extractó una parte del pedido de procesamiento que formuló el 28 de febrero la fiscal, Sylvia Gari: la magistrada indicó tener pruebas de un delito por 2,5 millones de dólares, pero no (al menos aún no) por 7,6 millones de dólares. Es que la ampliación que triplicó el monto acababa de llegar al juzgado penal de 24º turno.

Lestido omitió incorporar al expediente penal original el millonario aumento del monto que le habían estafado, por cuanto la sede que lleva el caso de Mónica Rivero desde su desaparición en febrero de 2017 –y en la que se investiga la presunta conducta delictiva de la mujer y eventualmente de sus familiares– había quedado al margen de tan relevante información para el expediente. La “misteriosa” situación sorprendió tanto a la fiscal como a la jueza, Ana Ruibal, quien no dudó en citar al abogado de Lestido para interrogarlo.

“Diga usted si tiene conocimiento de los motivos de su citación/conducción ante la sede”, inquirió la jueza al abogado Julio César Lens, una vez en la audiencia. Y el patrocinante de Lestido respondió con una afirmación. La jueza le estaba pidiendo una explicación de los hechos, “para que aclare si en la actualidad se ha determinado algún otro monto que lo denunciado” en el proceso penal que ella tiene a cargo.

El abogado esgrimió entonces que luego de la auditoría inicial –que dio una suma de 2,5 millones de dólares– se siguió auditando hasta descubrir, a fines de mayo de 2017, una maniobra de 7,6 millones de dólares en diez años. Y que se había optado por realizar una ampliación de la denuncia “en forma reservada” ante la sede de Crimen Organizado que investiga el eventual lavado de activos a partir del dinero robado por la ex jefa de Tesorería de Julio César Lestido SA.

Lens es un joven penalista que se ha vinculado para casos específicos con el estudio Posadas Posadas y Vecino, además de que su esposa, Soledad Eibe, trabaja en el bufete encabezado por el ex ministro de Economía.

Resulta curioso que una firma presidida por De Posadas presente una denuncia por lavado de activos, aunque está claro que tiene el derecho a su favor. En otros expedientes que también habría que leer, como los de Lava jato, aparece Ignacio de Posadas y su estudio como pieza clave para el blanqueo de capitales protagonizado por la multinacional Odebrecht, según afirmaciones de jueces y fiscales en pedidos de procesamiento y en sentencias. Pero ciertos titulares aseverativos parecen reservados en el establishment media para situaciones como la de la señora ludópata Mónica Rivero. Con aquellos de finísimo guante blanco se aplicará el sigilo, la prudencia, el pie de plomo, la compostura, el decoro –efugios artificiosos que ponen a resguardo la invisibilidad mediática–, y si es posible, el olvido.

La mujer del fondo

En este asunto de Lestido, la búsqueda de reserva de la ampliación de la denuncia puede obedecer a múltiples razones –retardar polémicas mediáticas, evitar el acceso a la información de presuntos involucrados, del periodismo, jugar en un terreno del sistema de justicia que le resulta más cómodo–, pero una causa preponderante es la estrategia civil: Lestido quiere recuperar lo que le robaron y ser resarcido por el daño que le produjo la maniobra. De hecho, se embargaron cuentas y bienes a nombre de la familia de Rivero –lo que en principio no supera los 250 mil dólares– y se iniciaron demandas contra quienes sí pueden responder por un volumen de 7,6 millones de dólares: KMPG, la empresa auditora que debió detectar el acto fraudulento; y Enjoy (Conrad), casino que no reportó como operación sospechosa que Rivero y sus familiares (esposo y hermano) apostaran millones de dólares en el juego.

Todo lo que refrende la suma esgrimida por Lestido, sirve a sus intereses, y eso incluye ahora que la prensa publique hasta naturalizar que le han robado 7,6 millones de dólares. La empresa no irá ante los tribunales por 2,5 si puede obtener más de siete millones.

Por ahora se trata de una prueba de parte, que debe pasar por los peritajes contables que ordenará la justicia.

Al dictar el procesamiento de Rivero por estafa y falsificación de documento, la jueza –ya superando el trance del misterio en la ampliación de denuncia–señala que “por el correr de por los menos diez años, la indagada se apoderó fraudulentamente y mediante engaño de importantes sumas de dinero, que según la estimación realizada en el día de la fecha por parte del denunciante, asciende a dólares 7.622.233 y pesos 1.435.044”.

Como se puede apreciar, jueza y fiscal son más cautelosas que algunos medios a la hora de afirmar cuál es el monto de la estafa que cometió la mujer. Y de esto sí que resulta una enseñanza: es muy fácil “jugarse” a un titular si se quiere “catástrofe” que deje a Mónica Rivero como la estafadora de 7,6 millones de dólares, porque al fin y al cabo detrás de esa señora que llegó muy lejos “sin ser siquiera contadora” y vive en una casa al fondo en el Cerrito de la Victoria, no se erige ningún poder, ningún grupo de interés, nadie que pueda significar un problema en las relaciones económicas o políticas, nadie que sea capaz de coaccionar con su apellido o “prestigio”.