Walter Pernas/ Sudestada / @pernaswalter

La fiscal departamental de Colonia, Eliana Travers, abrió una investigación de oficio al entender que existe presunción delictiva tras escuchar los audios que se viralizaron a través de redes sociales en las últimas horas.

“Lo único que voy a decir por ahora es que la Fiscalía va a investigar los hechos de oficio”, dijo la magistrada a Sudestada.

“¿Una pasantía, renovar no se puede…?”, pregunta la edila nacionalista en el primero de los dos audios difundidos. El intendente Carlos Moreira (Partido Nacional) se niega porque, dice, “es un exceso, no podemos… salvo que vos me vengas a convencer a mí personalmente, porque si no, no…”.

A continuación ambos ríen, y la edila responde: “¡Qué bandido! No perdés oportunidad…”. Y Moreira, confirma: “No, no, por supuesto que no…”. La charla culmina con el intendente, diciendo: “Bueno, nos vemos esta noche…”.

En una segunda grabación, que parece ser en otro momento, el intendente avanza –al menos en forma verbal–, sin rodeos:

(…)
-Te acordás que te pedí las pasantías, y vos me dijiste, bueno, sí… –le recuerda la edila.
-Bueno, ta –interrumpe Moreira–, yo qué sé, vemos eso. Yo lo que quiero es hacerte el amor.
-Bueno, pero yo necesito que me resuelvan unas cosas…
-¿Me querés coger, ahora? –y todo sigue en ese tono.

Sudestada se comunicó con María José García, pero la edila –ahora de la lista local nacionalista 12404– cortó la comunicación.



La investigación de la Fiscalía comenzará por determinar la autenticidad de la grabación para lo cual será indispensable citar en principio a García. De esa declaración podrán tomarse decisiones sobre las líneas de investigación.

Pero en principio, se buscará reunir el material documental pertinente para contextualizar la conversación grabada, y que ahora es centro de la investigación, según supo Sudestada de fuentes vinculadas al caso.

Existen diversas figuras penales en juego, pero destacan las de concusión, cohecho calificado o abuso de funciones, para las que tendrá que reunirse la prueba pertinente.

Concusión: "el funcionario público que con abuso de su calidad de tal o del cargo que desempeña, compeliere o indujere a alguno a dar o prometer indebidamente a él o a un tercero, dinero u otro provecho cualquiera, será castigado con doce meses de prisión a seis años de penitenciaría, multa de 50 unidades reajustables a 10.000 unidades reajustables, e inhabilitación de dos a seis años", establece el Código Penal.

El caso rebasa las barreras de la vida privada al tratarse de funcionarios públicos que negocian contrataciones en la Intendencia, y donde el máximo jerarca de la comuna aparece -de acuerdo a los audios viralizados- en claro uso de su poder, cuando le indica a la edila lo que tiene que hacer para que él habilite la renovación contractual.