Lourdes Vitabar/ @louvitabar / Sudestada

El 27 octubre de 2015 Hector Astudillo Flores (Partido Revolucionario Instituciona-PRl) asumirá la gobernación de Guerrero, estado mexicano donde se ubican la ciudad de Iguala y la escuela de Ayotzinapa. Ese día se cumplirán trece meses de la desaparición de los 43 estudiantes en un hecho que según dijo Astudillo durante la campaña electoral, “no merece olvido ni perdón”.

Según diversos medios de prensa mexicanos esta postura del candidato del PRI y el Partido Verde Ecologista fue determinante para que, a pesar del boicot a las elecciones al que llamaban entre otros los padres de los normalistas y a los graves hechos de violencia registrados en la jornada electoral, lograra terminar una década de gobierno del Partido De la Revolución Democrática (PRD).

Todavía hay un centenar de personas que permanecen detenidas por este caso, aunque todavía no se encuentra explicación ni justicia para las víctimas y sus familias. Y a pesar del impacto nacional e internacional que provocó, los episodios violentos continúan ocurriendo. Las acusaciones de narco gobierno se expandieron por todo el mundo cuando las cámaras de las cadenas internacionales de noticias centraron su atención en Ayotzinapa pero no lograron reducir la cantidad de desapariciones, secuestros y asesinatos que se registran cada día en distintos estados mexicanos como Guerrero, Michoacán, Chihuahua o Baja California.

“Que bien que la bandera de mi México querido esté doblada, si la extienden chorrea sangre”, dijo Mario González, padre de Cesar Manuel González desaparecido en Ayotzinapa, parado frente a la embajada de ese país en Montevideo el mediodía del viernes 29 de mayo justo a la mitad de la “Caravana 43 Sudamérica”, como denominaron a la gira que varios familiares de los estudiantes realizaron por la región solicitando que se les apoye en la exigencia al presidente Enrique Peña Nieto de que se continúen y mejoren las investigaciones del caso.

Las “caravanas” se iniciaron en marzo de este año y han llevado a distintos grupos de padres y sobrevivientes de la masacre de Iguala a realizar conferencias y marchas en Estados Unidos y Europa. La etapa sudamericana comenzó el 16 de mayo en Argentina y tras su paso por Uruguay culminó a mediados de junio en Brasil.

“El venir acá es porque queremos articular las luchas, sumarnos para que el grito sea más fuerte. Pedimos el compromiso de reclamar justicia por Ayotzinapa; que el pueblo en México, en Uruguay, en todo el mundo diga “faltan 43”. Y no nada más 43, en México tenemos 30 mil desaparecidos, 200 mil muertos. ¿Y dónde queda la justicia? ¿Dónde están las autoridades que reciben miles de millones de dólares para defender al pueblo? Ellos nos están matando. No podemos seguir viviendo así, tenemos que dar el basta”, explicó con su cara de niño y la voz firme de quien ha visto demasiado dolor Francisco Sánchez Navas, un estudiante de 19 años que sobrevivió a los eventos del 26 de setiembre de 2014.

El día de la masacre

El reclamo de padres y alumnos se debe a que en los diez meses transcurridos las investigaciones llevadas a cabo no han presentado avances que permitan determinar cuál fue el destino de los 43 jóvenes desaparecidos ni quiénes fueron los responsables de las muertes que ocurrieron aquella noche en Iguala.

A esto se suman una serie de obstáculos interpuestos por el gobierno que, entre otras cosas, dividió los más de 100 expedientes de la causa entre dependencias judiciales de distintos estados y ha impedido el ingreso a los cuarteles de Guerrero de los técnicos independientes enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“El gobierno mexicano dice que fue la delincuencia organizada. Pero allá, sobretodo en Guerrero, la delincuencia organizada y el gobierno es lo mismo, la delincuencia organizada está dentro de los ayuntamientos. Como padres le hemos exigido al gobierno que investigue a todos los funcionarios de las dependencias públicas involucradas y no lo ha hecho. Hay muchas irregularidades en los expedientes pero el gobierno hace caso omiso a todo esto. El 26 de enero el gobierno dio por cerrado el caso, pero no puede hacerlo porque los jóvenes no aparecieron”, detalló Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, estudiante desaparecido.

La información confirmada por fuentes oficiales acerca de lo que ocurrió entre la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre de 2014 en Iguala – y que puede verse en la web de la Procuradoría General de la Republica (PGR) indica que cuando 80 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, salían de la terminal de ómnibus de esa ciudad agentes de la policía municipal, presuntamente en acuerdo con sicarios vinculados al crimen organizado, habrían atacado a los jovenes prolongando los disparos indiscriminados con armas de grueso calibre durante horas.

Estos hechos, cuyas causas aún se desconocen, dejaron como saldo 6 personas muertas (tres estudiantes, uno de ellos con presuntos signos visibles de tortura, dos futbolistas y una mujer); al menos 14 estudiantes heridos, algunos de ellos de gravedad; y 43 estudiantes desaparecidos.

Según el gobierno mexicano, dos sicarios detenidos por las autoridades habrían confesado que 17 estudiantes habrían sido detenidos por la policía municipal de Iguala y entregados a miembros del grupo del crimen organizado denominado “Guerreros Unidos”, quienes los habrían asesinado y dejado en fosas clandestinas.



El relato de Francisco Sánchez Nava, estudiante sobreviviente de esa noche, es notoriamente distinto a la versión oficial

Los normalistas

Las escuelas normales rurales son centros de estudio donde se otorga la Licenciatura en Educación Primaria. Tienen su origen en la Revolución Mexicana de 1910 y se caracterizan por mantener y fomentar un espíritu colectivo de lucha por los sectores más desfavorecidos del país, lo que hace que participen y organicen numerosas marchas y protestas contra las políticas gubernamentales. Razón por la que también se alienta a los egresados a dar clases en las zonas más pobres y alejadas de México.

La escuela normal “Raúl Isidro Burgos” ubicada en Ayotzinapa, estado de Guerrero, es de las que recibe más alumnos provenientes de familias campesinas. Fue fundada el 2 de marzo de 1926.

Al día de hoy tiene 520 alumnos, pero la rutina - que implicaba el inicio de la jornada con un desayuno a las siete de la mañana para luego tomar clases hasta las 16 cuando alumnos y docentes se dedicaban a realizar tareas de agricultura y el fin de día con charlas de política con alumnos de ciclos superiores – se ha visto suspendida desde el 26 de setiembre y por tiempo indeterminado.

Poco después de la desaparición de los 43 estudiantes un docente dijo que no era posible continuar con esas sillas vacías y la moción fue secundada por todos los demás. Y ello a pesar de que no es la primera tragedia que tiene como protagonistas a estos normalistas.

En 1988 un estudiante de Campeche que se encontraba en la escuela de Ayotzinapa junto a otros cientos venidos de todas las normales rurales para protestar por el retiro del bachillerato de los planes de estudio de estos centros fue abatido por balas de la policía federal.

Varios años después, el 12 de diciembre de 2011, el estado anuncio el recorte de matriculas para nuevos ingresos de 140 a 100. La marcha se realizó en la capital del estado de Guerrero, y bloquearon la autopista del Sol. El gobernador Ángel Aguirre Rivero ordenó el desalojo de la autopista, por lo que fuerzas militares y ministeriales llegaron disparando: mataron a dos estudiantes de Ayotzinapa.

Ese hecho está impune al igual que el ocurrido el 7 de enero de 2012 cuando dos estudiantes más murieron en un accidente que se presume fue provocado y por el que el chofer que manejaba en estado de embriaguez no fue detenido ni procesado.

“Somos una normal que defiende y exige los derechos que tenemos como estudiantes y mexicanos, y los derechos humanos en general”, fundamentó Sánchez Nava, buscando razones para la violencia que los ha tenido como centro.

México herido

“En Guerrero cuando abres la puerta de tu casa para salir a comprar cualquier cosa encuentras una cabeza de un ser humano o un cuerpo destrozado. Eso es lo que sucede en Guerrero. Han pasado muchas cosas, no solo lo de Ayotzinapa. Hay muchísima impunidad. Queremos la presentación con vida de los 43 compañeros pero también queremos justicia por todos los crímenes de Estado que han ocurrido en México. Si encontramos a nuestros 43 compañeros no vamos a dejar la lucha; vamos a seguir hasta que encontremos un cambio. No podemos seguir viviendo en un país de donde te asesinan por levantar la voz. Donde matan 10, 20 campesinos reclamando sus derechos y luego las autoridades dicen que eran del narcotráfico o de los Zetas”, sostuvo Sánchez Nava.

Según Amnistía Internacional el caso de Ayotzinapa es similar a los miles de casos de desaparición ocurridos en México desde 2006 cuando el entonces presidente Felipe Calderón, inició la "guerra contra el narcotráfico", estrategia que ha priorizado la militarización por sobre los derechos humanos.

La organización también destacó que este caso es diferente al modelo general, debido a que el gobierno se vio obligado a actuar ante la presión nacional e internacional. Aunque, según Amnistía, “la respuesta del Estado sigue siendo limitada, y no cumple plenamente las normas internacionales de derechos humanos”.

Según cifras oficiales publicadas en octubre de 2014, 22.610 personas han desaparecido entre el 1 de diciembre de 2006 y octubre de 2014. Casi la mitad de esas desapariciones tuvieron lugar entre 2012 y 2014, durante el gobierno del actual presidente Enrique Peña Nieto. Se desconoce cuántas de estas personas han sido víctimas de desaparición forzada o de sustracción por parte de particulares, y cuántas podrían estar en paradero desconocido por otros motivos.

De acuerdo a datos del Estado mexicano desde 2006 no se ha enjuiciado a nadie a nivel federal en casos de desaparición forzada; pero tampoco se ha brindado a las organizaciones de derechos humanos información sobre los procesamientos a nivel estatal.

En 2013, Amnistía Internacional publicó un informe titulado “Enfrentarse a una pesadilla - La desaparición de personas en México”, en el que se revela un patrón constante de desapariciones forzadas y de personas llevadas ilegalmente contra su voluntad. Además se denuncia la inacción sistemática de las autoridades federales y estatales para llevar a cabo búsquedas efectivas e investigaciones criminales que permitan esclarecer el destino de las víctimas, garantizar justicia y proporcionar una reparación a las familias.

En esa investigación Amnistía documentó la desaparición de 152 personas, 85 de ellas en circunstancias en las que había indicios de la implicación directa o indirecta de funcionarios públicos.

La organización internacional afirmó también que las víctimas, incluidos sus familiares, encuentran “enormes obstáculos para conseguir una atención adecuada de la policía y los agentes del ministerio público cuando denuncian la desaparición de personas o hacen un seguimiento de sus denuncias. En muchas jurisdicciones sigue habiendo una demora inicial en la realización de búsquedas e investigaciones. Los familiares siguen enfrentándose a campañas de discriminación y difamación”.

Cabe señalar que en el caso de Ayotzinapa, algunas autoridades locales y federales sugirieron en diversas oportunidades que los estudiantes estaban relacionados con cárteles de la droga u otros grupos criminales. Además de las dificultades para denunciar, Amnistía señaló que también se producen irregularidades al momento de tomar las muestras de ADN, ya que los familiares son presionados para otorgarlas sin que se les explique el procedimiento o sus derechos, y sin ofrecerles garantías suficientes respecto al correcto manejo y procesamiento de esas muestras, que por otra parte no es raro que se pierdan.

La organización puntualizó además que el caso de Ayotzinapa podría haberse evitado si el gobierno hubiera tomado acciones ante las “denuncias creíbles contra autoridades municipales en la ciudad de Iguala, incluidas denuncias contra el ex alcalde, José Luis Abarca”, realizadas públicamente desde 2013.

El nivel de inseguridad en México es tal que según cifras oficiales, en 2013 hubo 10.7 millones de hogares que sufrieron algún delito (el 33.9% de la población). Pero debido a la desconfianza en las autoridades, por estar permeadas por el crimen organizado, el 93.8 % de delitos no se denuncian. Y a eso se suma que el mexicano ha naturalizado la tortura como una práctica policial, llegando el 80% de la población a asumir que en caso de ser detenido será víctima de malos tratos y procedimientos degradantes.