El Estado admite que no cumple con la cuota de contratación del 4% de personas con diferentes tipos de discapacidad en sus llamados laborales, prevista en varias leyes, según datos del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis), en base a estadísticas actualizadas al mes de junio de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC).

En Uruguay desde el año 1989 se estableció por ley la obligación del Estado de brindar empleo a personas con discapacidad en una proporción no inferior al 4% de sus vacantes anuales, según la ley N° 16.095. Actualmente en nuestro país hay alrededor de 500 mil personas que tienen diferentes tipos de discapacidades, según los últimos datos oficiales.

El último informe de la ONSC señala que el Estado no cumple con esta norma ya que durante 2018 sólo se contrataron 91 personas con discapacidad de las 288 que deberían haberse contratado, para alcanzar un 4% de 7.189 vacantes generadas en todo el año pasado. Esto representa apenas 1,27% de las vacantes que se generaron ese año. Las cifras de 2017 son similares a las del año pasado.

Esta es la realidad del sector público, pero en forma paralela el próximo 17 de noviembre comenzará a regir la ley N° 19.691 de cuotificación de empleo para personas con discapacidades en el sector privado. Esta norma prevé una cuota del 4% rige para las empresas privadas con más de 25 empleados.

La reglamentación de esta ley, que fue aprobada en marzo pasado, establecer que las empresas privadas deberán incorporar a personas con discapacidad en un porcentaje del 3% si tienen 500 o más trabajadores permanentes, un 2% si tienen entre 150 y 499 empleados y 1% si tienen entre 50 y 149.

Aquellas empresas que no cumplan con esta cuota laboral podrán ser multadas, e incluso clausuradas. Si al momento de tomar personal no pudieron cumplir con lo establecido, tendrán 12 meses para hacerlo. Además, deberán comunicar esta situación a la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social y presentar un plan para informar cómo planean cumplir con lo previsto en la ley.


                                                                                                                                                                                                  Foto: Gastón Britos / FocoUy

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, explicó que esta ley entrará en vigencia, en forma gradual, y reconoció que hay muchas empresas privadas que aplican parte de esta normativa “y lo hacen muy bien”. Murro destacó que si bien falta profundizar aún más en las políticas de seguridad social, en los últimos años se han registrado avances importantes en el acceso a lentes y prótesis, por parte del Banco de Previsión Social (BPS).

El jerarca indicó que se busca la manera más efectiva de aplicar esta ley en alrededor de 5 mil empresas que a partir de noviembre deberán contemplar la contratación de personas con discapacidad. Agregó que estas empresas se verán beneficiadas con una significativa reducción de los aportes patronales del BPS.

El ministro reconoció que la mayoría del Estado de los organismos y empresas del Estado no cumplen con la cuota de 4% en las contrataciones, pero destacó que se pretende que en el sector privado haya un mejor desempeño.

Estos temas fueron centro de discusión durante un seminario que se realizó en el Palacio Legislativo denominado “Inclusión Laboral y Discapacidad Intelectual” con el foco puesto en el cumplimiento de las leyes de inclusión laboral para personas con discapacidad en los sectores público y privado. Esta actividad fue organizada por la Asociación Down del Uruguay, el PIT-CNT y el Instituto Nacional de Empleo y Formación (INEFOP).

El subdirector del Programa Nacional de Discapacidad, Gustavo Cardozo, sostuvo que es necesario que el Estado en su conjunto cumpla con la disposición legal que establece una cuota de 4%. Destacó que en el sector privado hay varias consultas al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Ministerio de Desarrollo Social para conocer los mecanismos necesarios para poder emplear a personas con diferentes discapacidades. Uno de los beneficios para las empresas que ofrezcan oportunidades laborales es la reducción de los aportes patronales al BPS.

Por su parte, la Secretaría de Discapacidad de PIT-CNT reclamó al Parlamento y al ministro Murro un conjunto de herramientas para asegurar el derecho al voto de las personas con discapacidad. Una de las integrantes de la secretaría, Magela Brun, explicó que es necesario crear más espacios accesibles destinados a las personas con discapacidades físicas para que, por ejemplo, muchos puedan ejercer el derecho al voto.