La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) concluyó que la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, violó las normas de conducta de la función pública al contratar a su hermano, Gerardo Peña, como director de Prensa de la comuna.

La Jutep entiende que la intendenta incurre en la violación del artículo 35 del Decreto 30/003 que reglamenta la Ley Anticorrupción.

El artículo 35 establece la “prohibición de revistar en la misma oficina por razones de parentesco”.
“Prohíbese la actuación dentro de la misma repartición u oficina del funcionario que se halle vinculado con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o por ser su cónyuge”, dice la norma.

La JUTEP informó hace tres semanas a la jefa comunal que debería cesar a su hermano en el cargo, pero Gerardo Peña se mantiene hoy como director de Prensa de la Intendencia de Lavalleja.

El caso de la pareja de la intendenta 

Adriana Peña también ha designado a su pareja, Gastón Elola, como director de Vialidad. Pero aunque la decisión pueda estar reñida con la ética, la norma solo contempla la prohibición para el caso de cónyuge.

Por el hecho de no haber contraído matrimonio formal con Elola, la intendenta de Lavalleja sortea la prohibición legal del decreto que reglamenta las normas de conducta de la función pública.

La Junta de Transparencia y Ética Pública ha señalado que la ley debe ser modificada a fin de que se consideren ilegales actos que hoy no están contemplados en la normativa vigente.