Walter Pernas / Sudestada / @PernasWalter

La aeronave fue adquirida a Hangar Uno SA, empresa a la que el Ministerio del Interior le había comprado otros tres helicópteros. La fundamentación de la cartera para la declaración de “expediente secreto” es genérica y se apoya en el artículo 33, literal C, numeral 8 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), aprobado en 2012.

El artículo establece que “las contrataciones se realizarán mediante licitación pública u otro procedimiento competitivo expresamente previsto, de acuerdo a lo que mejor se adecue a su objeto, a los principios generales de la contratación administrativa y de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente”. Pero señala que “no obstante podrá contratarse (…) directamente o por el procedimiento que el ordenador determine por razones de buena administración, en los siguientes casos de excepción: (…) 8) Cuando las circunstancias exijan que la operación deba mantenerse en secreto”.



En la resolución firmada, el 28 de diciembre de 2018, por el presidente Tabaré Vázquez se relata en forma somera que llegó una oferta de parte de Hangar Uno SA, se especifica el costo del “Helicóptero Robinson R66 Turbine”, de los accesorios y de los gastos de importación, lo que suma 1,3 millones de dólares.

Con ese preámbulo se expresa “que la propuesta realizada por la mencionada firma, es la más idónea a los efectos de brindar la solución adecuada a las necesidades del Ministerio del Interior, siendo la recomendable, por razones de seguridad, vigilancia, traslados e instrucción, así como por resultar una propuesta más conveniente en cuanto a mantenimiento de la Unidad a adquirir, como de sus accesorios”. Pero se desconoce el proceso de análisis, cotejo y sobre todo negociación con la empresa a la hora de adquirir el aparato.

A renglón seguido, se afirma: “Que la difusión de la presente contratación, podría irrogar graves perjuicios para la seguridad pública, tanto desde el punto de vista técnico, como estratégico, resultando desfavorable la divulgación de información que pueda ser utilizada por terceros ajenos a la Administración. En virtud de lo expuesto es oportuno y adecuado, calificar el presente procedimiento como operación secreta al amparo de lo dispuesto en el artículo 33, literal C, numeral 8 del decreto 150/012 de 12 de mayo de 2012 (TOCAF)”.



El Tribunal de Cuentas no opuso reparos por eventuales violaciones al TOCAF en tanto la compra se amparó en la norma para declarar actuaciones “secretas”, aunque apuntó que “si bien se expresa que es la propuesta más idónea y recomendable a los intereses del Estado, lo que implica que se ha cotejado con otras, en los hechos, se trata de una única oferta”.

En la resolución presidencial se subraya que la cartera del Interior “se encuentra avocada a adquirir el equipamiento técnico, para dotar al personal de las herramientas necesarias a la hora del cumplimiento de su función, en las tareas de garantizar la seguridad y el orden público, cometido fundamental de este Ministerio”.

Se explica entonces que “dichas tareas conllevan realizar el patrullaje de grandes extensiones territoriales, en el mínimo tiempo posible, así como poder alcanzar terrenos sinuosos, cuyo acceso es imposible en vehículos automotores, lo que traduce además en la necesidad de mayor número de efectivos, ocasionando demoras, altos costos de combustible y roturas de los móviles en multiplicidad de ocasiones”.



Las razones de porqué se compra un nuevo helicóptero pueden ser fundadas, pero la decisión de ocultar el procedimiento de compra no solo genera suspicacias sino que inhibe las posibilidades de escrutar la legitimidad de la negociación con una empresa privada, por un monto de relevancia.

Tratando de razonar a partir de la escueta explicación del Ministerio del Interior, se podría comprender la medida de dificultar a organizaciones delictivas el acceso al conocimiento de las características técnicas del equipamiento adquirido. Pero poner en la misma bolsa el proceso –conversaciones, negociación, funcionarios y empresarios involucrados– que llevó a comprar esa aeronave de 1,3 millones de dólares y no otra, a una empresa determinada, por vía directa, sin otros oferentes que compitan, parece fuera del alcance de la justificación ensayada por las autoridades.

Porque de hecho el propio Ministerio del Interior, en su informe de rendición de cuentas ante el Parlamento, ha revelado ciertas características técnicas del helicóptero que finalmente adquirió, pero se guardó los pormenores de la negociación que luego cristalizó en “contratación secreta”.



En la página 31 de su informe, bajo el título “Lineamientos generales sobre los objetivos que se entienden necesarios alcanzar para una mejor ejecución de los cometidos asignados”, se da cuenta –en el punto 8– de la “incorporación de un nuevo helicóptero a la Unidad Aérea de la Policía Nacional (UAPN)”.

“Se adquirirá un cuarto helicóptero que se sumara a la flota actual de tres helicópteros de la Unidad Aérea de la policía Nacional. Se trata de un Helicóptero Robinson modelo 66 Turbine, del mismo fabricante de los tres anteriores (USA). Esta aeronave será la primera propulsada con un motor a turbina de la flota de la UAPN. Dentro de sus características se destacan, capacidad para cinco ocupantes incluyendo al piloto, autonomía de vuelo de más de cinco horas sin necesidad de reabastecer combustible”, señala el documento.

Revela que “en cuanto a su equipamiento extra, tiene la posibilidad de instalación de cámara, reflector de alta potencia y gancho para el izado de cargas externas”.

El informe profundiza: “Dentro de las ventajas que supondrá la operación de este tipo de aeronave para la UAPN se destaca: La facilidad de entrenamiento de los pilotos de la UAPN en la aeronave, al tratarse de un aparato de similares características a los que ya opera dicha unidad. Mayor confiabilidad de su planta motriz, al tratarse de un motor a turbina, lo que posibilitara operaciones nocturnas y sobre zonas céntricas de la ciudad con márgenes de seguridad más amplios. Mayor tiempo en vuelo sin necesidad de aterrizar, logrando ir, dentro del territorio nacional, hacia el punto más alejado de la capital y retornar sin reabastecer combustible”.



Pero si estos datos resultaran escasos, el fabricante tiene un sitio web en el que se pueden apreciar con lujo de detalles, las posibilidades técnicas de la aeronave y las estratégicas a partir de su puesta en funcionamiento.

Por todas estas razones, lo que en realidad se ha declarado secreto en esta compra es la negociación con la empresa para el desembolso de 1,3 millones de dólares de parte del Estado.