Pablo Alfano / Sudestada / @pabloalfano

En el segundo año del primer gobierno de Tabaré Vázquez, las sociedades anónimas que eran propietarias de tierras tuvieron que comenzar a presentar los nombres de los dueños de esas empresas, en el marco de la reforma tributaria que impulsó el entonces ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori.

La ley 18.092 permite a las sociedades anónimas poseer tierras “siempre que la totalidad de su capital accionario estuviere representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas”. Esto significa que el Estado debe conocer, con nombre y apellido, quienes son los dueños de esos campos.

Gracias a esta ley, Uruguay comenzó a dejar, paulatinamente, de figurar en varias “listas negras” que comprometían la credibilidad del país en materia de políticas para combatir el lavado de dinero y la financiación del crimen organizado.

En el caso de las sociedades en comandita por acciones y las sociedades anónimas, sucursales de entidades del exterior, fideicomisos y fondos de inversión, cuyo capital social esté representado por títulos al portador, o por cuotas o títulos nominativos no incluidos en las disposiciones precedentes, serán exceptuadas cuando la actividad que desarrollen encuadre en un proyecto que sea considerado prioritario para el desarrollo productivo del país, señala el decreto reglamentario de la ley. 

En su momento, la puesta en marcha de esta ley generó un gran malestar en las gremiales rurales en el entendido que muchas sociedades anónimas dejaron de serlo, pese a que en forma paralela, el gobierno realizó excepciones para grandes empresas o multinacionales.

Desde la puesta en marcha de esta ley menos de 100 empresas que trabajan bajo distintas figuras jurídicas, principalmente sociedades anónimas, recibieron la autorización del Poder Ejecutivo para ser propietarias de inmuebles rurales.





El plan de gobierno del Partido Nacional indica que “nuestro objetivo es volver a poner al agro a jugar en su puesto, para que a través de su crecimiento actúe como palanca para al resto de la economía. Volver a hacer del agro una actividad rentable promoverá la inversión, generará empleo y traerá beneficios para todos. Para lograr este objetivo hay que actuar con más inteligencia y con menos prejuicios ideológicos”.

En ese sentido, los blancos consideran que “hacen falta condiciones que devuelvan a los productores herramientas para la inversión, la innovación y asumir riesgos”. Para ello, sostiene que se debe “brindar herramientas que permitan una mayor agilidad en las explotaciones agropecuarias y un acceso eficiente a los estímulos”

“Se eliminará la discriminación que actualmente sufre la agropecuaria en el acceso a personas jurídicas admitidas en otros sectores. La prohibición de la utilización de Sociedades Anónimas o en Comandita es una limitante a la integración de capitales al sector”, señala el programa de denominado “Lo que nos une”.

El argumento para eliminar esta “discriminación” que es “los gobiernos del FA han sido grandes generadores de latifundios. Cada vez se necesitan más hectáreas para poder vivir del campo. Esto se debe, entre otras cosas, a la presión fiscal que se ha ejercido sobre el sector. Desde 2005 hasta 2018, el agro ha pasado de pagar 112 millones de dólares en impuestos a pagar 260 millones. La presión fiscal pasó del 7,7% sobre el Producto Bruto Interno sectorial en 2005, al 8,3% en la actualidad”.

El Partido Nacional señala también que “no sólo aumentó la presión fiscal, sino que cambió su estructura”, ya que “en el año 2005 los impuestos ciegos a la tierra representaban el 37% del total de lo pagado. En 2018 representaban el 60%. Estos son impuestos retrógrados, que atentan contra la inversión y la producción intensiva”.

La política tributaria del agro

Foto: FocoUy

El programa de los blancos propone, entre las acciones a impulsar en la política tributaria para el sector agropecuario, que se debe basar en la renta, como lo está en los demás sectores de la economía. Para ello, prevé “permitir que los productores que tributan el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA) puedan descontar costos de producción” y también plantea “estudiar la posibilidad de que también puedan descontar el IVA en insumos estratégicos”.

También propone que se permita “gradualmente” que el Impuesto al Patrimonio pueda ser descontado del Impuesto a la Renta y “flexibilizar las fechas de pago de tributos, ajustándolas a los ciclos productivos”.