Se divulgó este viernes el auto de procesamiento dictado por la Jueza Letrada en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno, María Helena Mainard, que envió a la cárcel a cinco choferes de la empresa Cutcsa por “delitos vinculados a la explotación sexual de menores de edad previstos en los arts. 4 y 5 de la ley nº 17.815”.

Los hombres compartían fotografías y videos de sus contactos con las adolescentes a través de un grupo de la aplicación de mensajes instantáneos Whatsapp que se denominaba "los fenómenos". 

Según informó el Poder Judicial, la “investigación se inició a instancias de la denuncia presentada por la Presidenta de INAU Lic. Marisa Lindner, quien señaló que en terminales de la empresa de transporte colectivo en la que se desempeñaban los choferes, guardas e inspectores sospechados, se habrían entablado en varias oportunidades contactos de tipo sexual con por lo menos tres adolescentes, lo que en uno de los casos dataría de hace tres años atrás. Los encuentros se producían en los coches de la empresa, en casas que se alquilaban a tal fin o en hoteles de alta rotatividad, a cambio de dinero u otros bienes”.

El escrito establece que según la denuncia, los abusos se producían “en las terminales de la empresa de transporte CUTCSA, Terminal de la playa del Cerro, Terminal Cerro – Plataforma de trasbordos, Islas Canarias y Buceo, presuntamente línea D”, lugares donde “por lo menos 10 choferes de la empresa citada, guardas e inspectores, así como militares del cuartel del barrio Causeglia (Grupo "Brigadier General Manuel Oribe" de Artillería 105 mm. Nº 1), han entablado en varias oportunidades contacto de tipo sexual por lo menos con tres adolescentes, de aproximadamente 15 años de edad. Estos hechos ocurrían con una de ellas desde hace aproximadamente tres años. Los contactos se producían en los coches de la empresa, en casas que se alquilaban a tal fin o en hoteles de alta rotatividad y eran a cambio de dinero, compra de objetos a cambio de mantener con ellas diferentes prácticas sexuales”.

El comunicado de la Justicia señala que la investigación fue desarrollada por la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol (Departamento de Investigación de Delitos Especiales), lo cual determinó el enjuiciamiento con prisión de cinco personas, atendiendo “a la gravedad de las conductas imputadas primariamente”.

El fallo de la jueza