El excomandante en jefe del Ejército recordó algunos de los fallos judiciales por los que sus “camaradas de armas” están presos en la cárcel de Domingo Arena por violaciones a los derechos humanos, y en especial, al coronel Rodolfo Álvarez, sobrino del fallecido exdictador Gregorio Álvarez, procesado sin prisión por torturas cometidas durante la dictadura cívico-militar.

“Ahora, en estos días, acaban de reflotar algo y procesaron a Rodolfo Álvarez, que es sobrino del excomandante en jefe Gregorio Álvarez, pero además es hijo de su hermano Artigas, a quien los tupamaros mataron cobardemente en la puerta de su casa frente a su pequeña hija, en el 72”, dijo Mermot en referencia a la mañana del 25 de junio de 1972, cuando poco después de salir de su casa en Punta Gorda fue ultimado por un comando tupamaro.

Estos y otros comentarios motivaron que el diputado Puig y Sandro Soba -hijo del militante desaparecido Adalberto Soba- presentaran este lunes 24 ante el Juzgado Penal de 9° Turno una denuncia que señala que el 14 de abril el militar retirado “emitió declaraciones públicas que son merecedoras, en nuestra opinión, de reproche penal. Varios medios de prensa las reprodujeron total o parcialmente, dándole a las palabras del Gral. (r) Raúl Mermot la nota de hecho público y notorio”.

El militar retirado justifica notoriamente el trato inhumano y cruel al decir que “se puede dejar a una persona detenida un tiempo prudencial hasta que se canse y pueda hablar (…) La insólita, grotesca y palmaria justificación del tormento nos debería eximir de mayor comentario”, señala la denuncia a la que accedió Sudestada.

“Es inadmisible que la sociedad tenga que soportar que se reivindiquen los crímenes y los tratos humanos y degradantes que sufrieron miles de uruguayos”, señaló Puig.

Por otra parte, la denuncia establece que “las amenazas y los ataques contra jueces y juezas, fiscales y defensoras y defensores públicos tienen generalmente por objetivo amedrentar y ejercer presión para afectar la imparcialidad e independencia de sus actuaciones” que “suelen incrementarse cuando tienen a su cargo casos que son de gran relevancia nacional e involucran graves violaciones a derechos humanos”.

De esta forma se refiere al autodenominado “Comando Barneix” que a través de correo electrónico amenazó de muerte a 13 personas vinculadas a los derechos humanos. Este comando asegura que por cada nuevo procesamiento de un militar acusado de violar los derechos humanos durante la dictadura serán asesinadas tres personas de esta lista: el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, el fiscal de Corte Jorge Díaz, la ex fiscal Mirtha Guianze, la ex vicecanciller Belela Herrera, los abogados Oscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Pablo Chargoñia, Juan Errandonea, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé, el activista brasileño Jair Kirschke, y el jurista francés Louis Joinet.

La denuncia señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena las amenazas contra operadores de la Justicia en Uruguay y urgió al Estado a adoptar medidas urgentes a fin de proteger a los operadores judiciales.

Colorado y hombre fuerte de la dictadura

Durante la dictadura cívico-militar Mermot fue intendente interventor del departamento de Rivera. Luego fue jefe de Policía de Artigas y, sobre el final de la dictadura, se desempeñó como jefe de Policía de Montevideo en 1984. Durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle fue comandante en jefe del Ejército (1996 a 1998) y se retiró con el grado de teniente general.

En 2006 el gobierno argentino solicitó, sin éxito, a la Justicia uruguaya que ordenara su extradición por violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del cono sur.

Siempre vinculado al Partido Colorado fundó la agrupación Identidad Oriental (Lista 811) junto con el entonces diputado colorado Daniel García Pintos, que apoyó la precandidatura de José Amorín Batlle para las elecciones internas de 2009.

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