Las persecuciones políticas y culturales desencadenadas por el gobierno de Rajoy contra el independentismo en Cataluña están siendo comparadas con la época de Francisco Franco en España
Víctor L. Bacchetta
La detención en la última semana de varios líderes independentistas y del ex presidente catalán Carles Puigdemont en Alemania, junto a la movilización de decenas de miles de personas en Barcelona y otras ciudades de Cataluña reclamando la liberación de los presos políticos, han vuelto a llamar la atención sobre la lucha independentista de aquella región y la represión del Estado español contra la misma.
Bajo la acusación de rebelión y malversación de fondos públicos, fueron procesados 13 líderes independentistas, incluyendo dirigentes sociales e integrantes del gobierno y el Parlamento catalán. Hay nueve que están presos, cuatro desde noviembre de 2017 y cinco desde el 23 de marzo pasado. Junto con Puigdemont, hay cuatro miembros más de su gobierno y dos líderes parlamentarias en el exilio.
La primera ola de procesamientos y detenciones fue `a posteriori´ del resultado del referéndum celebrado el 1° de octubre de 2017, donde votaron 2.286.217 personas, una participación del 43% del padrón electoral. El ´Si` a la creación de un estado independiente obtuvo 2:044.038 votos (90,2% del voto válido), votaron por el `No´ 177.547 (7,8%), en blanco 44.913 (2%) y hubo 19.719 votos nulos.
El 27 de octubre Puigdemont proclamó ante el Parlamento la creación de la nueva república. En aplicación del artículo 155 de la Constitución, con el aval del Senado, el gobierno de Mariano Rajoy intervino la Generalitat y destituyó al gobierno electo. El vicepresidente Oriol Junqueras y la mitad del gabinete catalán permaneció en el país, al tiempo que la otra mitad, junto con Puigdemont, marchó al exilio.
La segunda ola represiva se desató tras las elecciones convocadas por el gobierno español el 21 de diciembre donde el independentismo ratificó su mayoría. Con una participación sin precedentes de 81,95% de los 5.554.394 inscriptos, los partidos Juntos por Cataluña (JxCat), Esquerra Republicana (ERC) y CUP (Candidatura de Unidad Popular) obtuvieron 70 de los 135 escaños del Parlamento.
El envío de 10 mil policías no pudo impedir el referéndum en octubre y la aplicación del artículo 155, con la mayoría de la prensa a favor del gobierno español, líderes independentistas presos o exiliados imposibilitados de hacer campaña electoral, no logró modificar la composición del Parlamento catalán en diciembre. No dispuesto a reconocer ni acatar el resultado, Rajoy siguió con la escalada represiva.
En este proceso ha ido cayendo la división de poderes establecida en la Constitución de 1978, adoptada para poner fin a la dictadura franquista. La persecución política a los catalanes y la represión cultural emprendidos en connivencia con el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad vuelven al país luego de 40 años. Veamos algunos aspectos de una situación que resulta poco creíble aún desde fuera de España.
¿Hay o no hay presos políticos?
De acuerdo con el artículo 472 del Código Penal español: “Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución". La "malversación de fondos públicos" alude al uso de recursos de la Generalitat para financiar el referéndum, que fue una decisión del Parlamento catalán.
Tanto en el caso de los líderes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, como de los miembros del gobierno y el Parlamento catalán, al procesarlos en una primera instancia, los retienen en "prisión provisional" alegando un riesgo de fuga, que prolongan en sucesivas decisiones con argumentos de notorio contenido político.
A vía de ejemplo, uno de los fallos del juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, quien tiene a su cargo la cuestión independentista, rechazó la liberación del presidente de la ANC en base a que el mismo "mantiene su ideario soberanista, lo que resulta constitucionalmente válido, pero imposibilita el convencimiento de imposible reiteración delictiva que se tendría respecto de quien profese la ideología contraria (sic)".
En cuanto a la reiteración delictiva, Llarena sostuvo que en este caso había un riesgo mayor que en otros porque "no sólo no ha renunciado a la actividad pública" sino que ha "revalidado su compromiso" en una candidatura. En efecto, Sánchez fue segundo en la lista de Juntos por Cataluña, encabezada por Puigdemont, para las elecciones del 21 de diciembre, que obtuvo 938.966 votos (el 21,67%) y 34 escaños.
El hecho de que presos y exiliados, como el mismo Puigdemont, fueran candidatos en las elecciones evidenció que no había una norma legal que lo prohibiera. No obstante, Llarena mantuvo las prisiones impidiendo la comparecencia en el Parlamento de los electos, obstaculizando así la formación del nuevo gobierno catalán. Los argumentos del juez del Tribunal Supremo para fundamentar sus decisiones son de antología.
Justificando las últimas prisiones, Llarena señaló en su fallo que, como los acusados entienden que no han perpetrado delito alguno, "puede concluirse que no se aprecia en su esfera psicológica interna un elemento potente que permita apreciar que el respeto a las decisiones de este instructor vaya a ser permanente (sic)". La razón invocada por el juez ya dejó de ser también política, es sicológica.
En febrero 650 juristas del Colectivo Praga denunciaron ante el Consejo de Europa, y antes lo habían hecho en la ONU, las "violaciones de los derechos humanos" del Estado español, que "ha preferido la vía de la judicialización y de la represión, con serias vulneraciones de derechos y libertades". Ese colectivo reúne a profesores de derecho y juristas catalanes, vascos y abogados que ejercen en Madrid.
La represión se amplía
Algunos recuerdan aún la época del "destape". Una crónica reciente lo describía de esta manera: "Se cumplen 40 años del nacimiento del destape, un modo de entender aquella sociedad española de mediados de los 70. La dictadura sometió al país bajo un yugo opresor y moralista, por lo que una vez abierta la veda de la libertad se originó una avalancha de aperturas, tanto para reprimidos como para liberados".
El conflicto entre el gobierno central y el independentismo de Cataluña parece haber despertado también una tendencia en sentido contrario a aquel destape en lo cultural, que rebasa las fronteras de la región rebelde. He aquí algunos ejemplos:
- Condena a tres años y medio de cárcel del rapero Valtònyc, por calumnias e injurias graves a la Corona, enaltecimiento del terrorismo y amenazas en sus canciones.
- Censura de la obra Presos Políticos, del artista Santiago Sierra en la feria Arco de Madrid, por aludir a la situación de los catalanes encausados por el Tribunal Supremo.
- Instrucción judicial contra el actor teatral Willy Toledo por insultar a Dios y la Virgen María en unos comentarios en Facebook, donde criticaba la apertura de un juicio oral contra tres mujeres por la procesión de una gran vagina en Sevilla.
"Mediante la ley o la intimidación, España se ha convertido en un país donde el riesgo para la libertad de expresión ha ido creciendo estos últimos años", publicó el diario New York Times sobre lo ocurrido a Santiago Sierra. "Es jurásico y medieval, sólo lo hemos visto en países árabes donde lo ordenaba un jeque", dijo el galerista colombiano León Tovar, coincidiendo con otros expositores de la feria de Madrid.
Para el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, la escalada de violaciones de derechos dio un "salto exponencial" con el reciente encarcelamiento de otros cinco dirigentes independentistas. Torrent calificó la decisión como "un golpe casi definitivo a la democracia española", y agregó que los poderes centrales están "secuestrando la voluntad del conjunto del pueblo de Cataluña expresada en las urnas".
El hecho más notorio es que la brutalidad del Estado español ha impulsado la creación en Cataluña de una amplia coalición de fuerzas sociales y políticas contra la represión que, en lo político, rebasa al agrupamiento independentista, incluyendo a los Comuns, el grupo Cataluña en Común liderado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. En lo social se expresa en las 40 entidades de la Mesa por la Democracia.
Mientras se evaluaba la orden española de detención contra Puigdemont, el liberal Wolfgang Kubicki, vice presidente del Parlamento Federal de Alemania, dijo que su país no tiene el delito de rebelión y el partido de izquierda Die Link demandó la liberación del ex presidente. "El gobierno español quiere resolver un problema político con la policía y la justicia. No debemos colaborar", dijo Jakob Augstein, co director del semanario Der Spiegel.