“Yo asesoré en los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores, esa fue mi participación” en el caso de la Asociación Civil Buena Estrella (ACBE) dijo Alfredo Silva ante el juez. Y eso no es “ilegal” se argumenta en la apelación presentada por la defensa del director representante de los trabajadores en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) quien fuera procesado sin prisión por conjunción del interés personal y del público.

El escrito que consta en el expediente y al que accedió Sudestada señala que “la actividad de Silva no privilegió a ACBE frente al Estado” y “no presionó a ningún directivo o persona vinculada” a esa organización integrada por trabajadores afiliados a la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) para que se presentaran a las licitaciones o acudieran a los llamados para compra directa de parte de los hospitales públicos.

La apelación señala que a esos trabajadores que proveían de la liquidada empresa Clanider –cuyos directivos terminaron procesados por corrupción en el Hospital Maciel – los “asesoró en la formación de la Asociación Civil para que estas personas mantuviesen su fuente de trabajo en ejercicio de sus derechos y obligaciones”.

El vínculo entre Silva y Tejeira

Antes de ser designado como director de ASSE, Silva era el principal dirigente de la FFSP. Y el escrito busca aclarar cuál era la relación que éste mantenía con el sindicalista Heber Tejeira, procesado por conjunción del interés personal y del público y también por cohecho al comprobarse que recibía coimas de parte de empresarios de la Salud. Silva le había dicho a su abogado Juan Fagúndez que si se hubiera enterado de que Tejeira cobraba coimas le hubiera pegado una “cachetada”, según relató el propio defensor.

Ahora ante el juez señala que “su vínculo con Tejeira lo es a raíz de sus cargos en la Federación de Funcionarios de Salud Pública, y siendo Tejeira el encargado sindical de las (empresas) tercerizadas, interactuó en la formación y asesoramiento de derechos y obligaciones” de los trabajadores de la nueva empresa de limpieza y conserjería. La Defensa considera que “de la investigación y de la propia resolución judicial, se ha desarrollado la confusión, más allá de los aspectos reales, respecto la actividad de Tejeira, con la de Silva”, pues estas personas “se relacionan a partir de su pertenencia a la FFSP, pero no trabajan juntos, ni tienen sus tareas coincidentes en función, lugar, tiempo, etc.”.

Relata que Tejeira, coordinador, encargado por la FFSP de las empresas tercerizadas, "era el nexo entre éstas y la administración” y tenía “como tarea entre otras, que los pagos de los salarios estuviesen en fecha, extremo que colaboraba con la prevención de conflictos”. “Para ello Tejeira llamaba, como lo llamaban infinidad de funcionarios por cuestiones varias, a Marcelo Spósito, adscripto a la Dirección de Alfredo Silva, quien averiguaba el estado de los pagos de las tercerizadas”, apunta la apelación.

Indica que Spósito “no tenía directivas para hacer ‘conexiones’ en el sentido que se le atribuye” en la resolución de procesamiento: “Sí debía estar dispuesto a averiguar sobre atrasos de pagos” a las empresas tercerizadas “y otra infinidad de trámites, tal cual lo declaró” en el expediente, lo que se considera parte del trabajo habitual del funcionario, que no fue procesado por la justicia.

Enojo de estafadores con Silva

Según el escrito “surge de los testimonios de los directivos de ACBE que Tejeira estaba permanentemente colaborando con el desarrollo de esta asociación de trabajadores, y que, al comienzo Alfredo Silva colaboró asesorando en su formación, y en lograr que ACBE se presentase en condiciones aptas a los llamados de las diferentes unidades”. Explica que “dada la inexperiencia de estos trabajadores (quienes se desempeñaban en Clanider como auxiliares de servicio, limpiadores) Alfredo Silva, entre otros, y desde la Federación, se les facilitó el asesoramiento necesario para su formación y presentación ante llamados de precio y licitaciones”.

Para la defensa este asesoramiento es “legítimo, sin contraprestación alguna a cambio, nada diferente de lo que un estudio profesional pueda realizar al asesorar a una multinacional que se presente en un llamado de este tipo”. Añade que “no” se puede “encontrar en los testimonios de las personas vinculadas al Hospital de Rivera (u otras unidades), extremos que sitúen a Alfredo Silva ejerciendo presiones u actos dirigidos a que ACBE consiga ser contratada”. Al enumerar las pruebas reunidas en el expediente en una investigación de dos años y medio, afirma que tanto en los registros de giros monetarios remitidos al juzgado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central como en las intervenciones telefónicas realizadas por la Policía “Silva no aparece”.

Incurre en conjunción del interés personal y del público el “funcionario público que con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona, se interesare con el fin de obtener un provecho indebido para sí o para un tercero, en cualquier acto o contrato en que deba intervenir por razón de su cargo…”. Pero la defensa entiende que Silva “no se interesó en ACBE para obtener un provecho injusto, propio, ni para terceros. Su interés estaba dirigido a la existencia de un colectivo formado por trabajadores, y que desempeñasen su tarea dignamente, conociendo el alcance de sus derechos y obligaciones”.

“No surge, incluso en la denuncia, que ACBE haya sido contratada a raíz del interés de Alfredo Silva. La denuncia se motiva en el modo de facturación realizado por sus integrantes, extremo que a su vez provocó que Alfredo Silva no los recibiese cuando lo requirieron”, señala la apelación. Y remarca que “este extremo colabora con la consideración de que Alfredo Silva defiende que las tareas de cualquier trabajador en el servicio de salud sean acorde a derecho. Sin perjuicio de que ello a la postre generara enojos que se manifestaron en las declaraciones frente a la sede por parte de algunos de los (directivos de Buena Estrella) que resultaron procesados por estafa” al sobrefacturar las horas de trabajo en el Hospital Maciel.

Por todo esto la defensa pide que se archive la causa respecto de Silva. El caso será estudiado por un tribunal de apelaciones.