“No sólo damos soluciones, brindamos un concepto conformado por principios básicos de trabajo, honestidad y responsabilidad”. Así se presenta ante sus potenciales clientes la empresa Mega (Omega SA), dirigida por Alejandro Servioli González, procesado por haber coimeado al sindicalista de la salud, Heber Tejeira, a fin de que éste procurara un rápido pago de parte del Estado para su empresa y asegurara que la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) no ingresara en un conflicto que entorpeciera el funcionamiento de su negocio.

Mega brinda diversos servicios: seguridad, limpieza y selección de personal para otras empresas. Se adjudica ser la “proveedora de personal temporario y servicios líder en el mercado nacional”, por su trabajo en “frigoríficos, plantas industriales, supermercados, oficinas, instituciones deportivas, depósitos, grandes superficies” y naturalmente en el área de la “salud”.

El Estado le ha pagado a la empresa de Servioli más de 2 millones de dólares en los últimos tres años. Fue contratada en forma directa para brindar el servicio de limpieza del hospital de Canelones, y ganó licitaciones para proveer de auxiliares al hospital Pasteur, servicio de conserjería al hospital de Rivera y de vigilancia al Saint Bois y al hospital de Rocha, entre otros contratos.

Servioli fue uno de los que surtía de coimas a Tejeira, alias "Toshiba", quien –según el fallo judicial–, aprovechándose de su “condición de representante de los funcionarios de salud pública, encargado de las empresas tercerizadas, recibió giros o entregas de dinero, de variada cuantía, de diversas empresas que prestaban servicios tercerizados en distintos centros de salud pública” en “retribución a la intervención que lograba” para “acelerar los pagos” o “lograr otro tipo de beneficios para las referidas empresas, algunas veces, consistente en evitar o desactivar un conflicto gremial”.



Este empresario fue uno de los que admitió en el juzgado de Crimen Organizado haber pagado a Tejeira por su intermediación. Ése era el acuerdo que mantenía con “Toshiba” y por ello terminó procesado por cohecho, al igual que el sindicalista y el resto de los empresarios coimeros. De acuerdo al Código Penal el funcionario público que por ejecutar un acto de su empleo “recibe una retribución que no le fuera debida” incurre en la figura de cohecho, que se pena con tres meses a tres años de encarcelamiento, multa de 10 a 5 mil Unidades Reajustables (entre 311 y 155.508 dólares, según los valores actuales) y la inhabilitación de dos a cuatro años para ocupar cargos públicos.

Pero, a su vez, el delito es cometido por el que da la retribución, en tanto se entiende que es una figura de doble vía que compromete al que otorga la dádiva y al que la recibe en el marco de tal acuerdo ilícito.

La “concusión” y una entrevista al experto que coimeaba

Ahora Servioli y el resto de los empresarios procesados alegarán ante el Tribunal de Apelaciones que, en realidad, se sentían forzados a pagarle a Tejeira. Y esto para intentar que el delito solo abarque al sindicalista y los libre de responsabilidad penal aunque hayan coimeado al dirigente gremial.

El funcionario que con abuso de su calidad de tal o del cargo que desempeña, compele o induce a alguien a dar o prometer indebidamente dinero u otro provecho cualquiera, comete el delito de concusión. Eso es lo que tratarán de probar Servioli y sus colegas enjuiciados, aunque el juez especializado en Crimen Organizado, Néstor Valetti, ya haya señalado en su fallo que la “pretendida presión psicológica ante supuestas amenazas de que serían víctimas de Tejeira invocada por sus defensas, no resulta probada de las escuchas telefónicas ni de otros medios de prueba, todo lo contrario”.

En las escuchas queda claro que los empresarios piden “determinados favores” a Tejeira. El trato consistía en que “Toshiba” intercedía para que las empresas recibieran con cierta antelación el pago por parte de ASSE y para que el gremio no activara conflictos sindicales.

A Servioli siempre le preocupó actuar para que los gremios no obstaculizaran su negocio en Mega. El 6 de julio el diario El Observador lo entrevistó como experto en materia de contrataciones laborales desde su empresa Mega. “¿El sindicato hoy es un problema?”, le preguntaron. Y él respondió: “La gente está sindicalizada y me parece que está bárbaro cuando se lo utiliza como un medio positivo y no como uno negativo, para negarse a todo. Es como todo, si las cosas se hacen bien, está buenísimo. Por el contrario, complica”.

Y describió como le gustaba manejarse con los gremios: “Nosotros tenemos un trato muy bueno con el sindicato, trabajamos en conjunto y en sí los resultados de la empresa son muy buenos. Es un ida y vuelta con el trabajador; queremos que se sienta parte de la empresa, formar un equipo”.

El trabajo en conjunto implicaba el pago de coimas a uno de los principales sindicalistas de la FFSP, para que desalentara los conflictos, de acuerdo a la resolución del juzgado de Crimen Organizado. El juez decidió que Tejeira debía ir a la cárcel, pero consideró que los empresarios coimeros aunque procesados podían permanecer en libertad “debido a que no poseen antecedentes penales” y a la “menor gravedad de las conductas reprochadas”.

En vez de ir a prisión, durante los próximos tres meses deben presentarse una vez por semana en la seccional policial de su barrio, firmar un acta y retirarse. Sí se les aplicó un embargo genérico de “bienes, derechos y acciones” por hasta 200 Unidades Reajustables (unos 6.220 dólares, según los valores actuales).

Otras perlas de los empresarios procesados

Además de Servioli fue procesado Jorge Washington Lucero del Puerto, cuya empresa unipersonal es “Jorge Lucero”. El empresario mantiene contratos con los hospitales de Mercedes y Florida, entre otros. Su desempeño ha sido cuestionado por irregularidades en el pago de los derechos laborales de los trabajadores y por no cumplir de manera eficiente con ciertas tareas para las que fue contratada su empresa, pero sobre todo por acceder a licitaciones y contrataciones directas a pesar de sus antecedentes de incumplimientos.

También se dictó el procesamiento de Carlos Ruben Carbone Álvarez, secretario de la asociación civil sin fines de lucro Apex, que mantiene diversos contratos con el Estado como el servicio de limpieza y conserjería de los hospitales Pasteur y Vilardebó, y por los cuales el Estado pagó cerca de 4 millones de dólares en los últimos tres años. Carbone había sido citado a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados por un conflicto en el cual algunos empleados de la ONG en el Pasteur denunciaban al directorio de esa asociación por persecución a trabajadores que habían realizado denuncias ante el Ministerio de Trabajo y terminaron despedidos.

Para señalar que el conflicto ya se había resuelto al momento de la comparecencia en el Parlamento, el 22 de octubre de 2013, Carbone expresó: “Creemos que todos los actores sociales – Dirección Nacional de Trabajo, gremios– han participado como corresponde y se ha llevado la negociación como se debía, siendo laudada donde correspondía hacerlo, sin apartarnos de los caminos que nos marca la ley, lo que jamás hemos hecho”. Y aclaró: “Decimos esto porque nos acusan de habernos apartado de los caminos. Nosotros estamos desde el año 2010, por la ley de tercerización, y ¡vaya que ha habido muchos temas en cuanto a la tercerización con respecto a las unidades de Salud Pública, de ASSE!, pero jamás hemos sido observados y nuestros servicios y nuestra forma de actuar han sido reconocidos”.

Entonces sacó un documento y dijo: “Tengo un acta del 15 de noviembre de 2012 de nuestra comparecencia, junto con la Federación de Funcionarios de Salud Pública…” ante la Dirección Nacional de Trabajo. Y contó que en esa audiencia se encontraba como representante de la FFSP “el señor Heber Tejeira” quien también firmó el acta de esa tarde: “Las partes acuerdan dar las garantías del debido proceso al trabajador a sancionar…”, leyó y presentó el documento como prueba de rectitud en las negociaciones con los trabajadores: “Jamás se dijo que hubiera persecuciones”, afirmó.

En la sesión de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados el asesor legal de APEX, Igor Ducroq, relató que se realizaban negociaciones con los trabajadores del Hospital Pasteur a través de Heber Tejeira: “En el hospital, había reuniones semanales en las que participaban el delegado de la Federación que representaba a las empresas tercerizadas (Tejeira), gente del hospital, comisión interna y trabajadores de cada empresa tercerizada”, sostuvo.

Una vez sentados como indagados ante el juez de Crimen Organizado, tanto el dueño de Mega (Omega SA), Alejandro Servioli, como el secretario de APEX, Carlos Carbone, admitieron que pagaron coimas al sindicalista Tejeira.



“Son contundentes los testimonios tanto de Carbone como de Servioli, quienes admiten haberle girado dinero, sea para evitar los problemas antes mencionados (conflictos sindicales), así como, para acelerar el trámite de los pagos. Asimismo, de los testimonios surge que dichas empresas eran sobre las cuales siempre se interesaba” Tejeira, señala el fallo del juez Valetti.

Por su parte, la empresa Joaka SA, dirigida por el procesado Joaquín Luis Dos Santos López, mantiene también contratos con el Estado. Brinda sus servicios al Ministerio de Industria, a la Facultad de Agronomía y a la Unidad Reguladora de Servicio de Energía y Agua (URSEA), entre otros. Justamente Dos Santos es quien –de acuerdo a las escuchas telefónicas realizadas por la Policía– le dice a Tejeira que ya le había dejado el sobre con la plata para que se pudiera “hacer un asado”. “Esto da para más de un asado”, respondió “Toshiba”, quien adora las reuniones de amigos entre whiskies y parrilla.



En coincidencia con el fiscal Gilberto Rodríguez, el juez afirmó que con respecto a los empresarios indagados Dos Santos, Carbone, Lucero y Servioli de las pruebas que constan en el expediente, “informes de la Unidad de Información y Análisis Financiero sobre giros y escuchas telefónicas donde consta la entrega de dinero a Heber Tejeira a cambio de que éste procurara agilitarles los pagos u otro tipo de beneficios ante la Administración de ASSE así como para que les procurara un ambiente de buena relación con el gremio y así evitar situaciones de conflicto sindical, han también incurrido en una conducta de cohecho simple”.

El dirigente de de la FFSP encargado del área de empresas tercerizadas no corrió la misma suerte que los empresarios que del juzgado se fueron a sus casas. “Atento a la gravedad de los delitos imputados al indagado Heber Tejeira así como la reiteración y la continuidad, su procesamiento se dispondrá con prisión”, resolvió el juez Valetti.

Es que Tejeira también fue procesado por conjunción del interés personal y del público –el mismo delito que se le adjudicó al director de ASSE en representación de los trabajadores, Alfredo Silva– en relación a los beneficios que la empresa Buena Estrella (asociación civil integrada por trabajadores sindicalizados en la FFSP) recibió en licitaciones y contrataciones directas en varios hospitales. El embargo genérico para Tejeira fue de 500 Unidades Reajustables (unos 15.550 dólares, según los valores actuales). Se estima que el sindicalista levantaba por coimas unos 1.250 dólares mensuales, según fuentes vinculadas a la investigación consultadas por Sudestada. Por tanto el embargo equivale a alrededor de un año de retribuciones indebidas.

La nulidad de los contratos que no se quiere ver

A los empresarios procesados no les salió tan caro después de todo. Y más cuando desde el Estado se está alegando que no se le van a rescindir los contratos que sus empresas mantienen con la Administración Pública, al argumentar que no existen impedimentos legales.

La gerenta general de ASSE, Alicia Ferreira, dijo que los procesamientos en sí mismos no son un argumento legal suficiente como para rescindir los contratos con las firmas cuyos titulares fueron procesados por el delito de cohecho: “No hay razón legal para suspender los contratos”, indicó. Agregó que las firmas cuyos titulares fueron procesados sin prisión están desarrollando su labor hasta el momento “sin problemas”.

El punto medular quizás no sea el trabajo que cumplen los limpiadores, conserjes y vigilantes sin problema alguno, sino la situación delictiva que se ha generado con el empresario que contrata con el Estado. El Código Civil establece en su artículo 1560 que “son nulidades absolutas” de un contrato las producidas “por un objeto o causa ilícita”. Y el 1561 señala que “la nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez de oficio, cuando aparece de manifiesto”. Y a su vez, en caso de que no se produzca la actuación de oficio, la nulidad puede ser solicitada a instancia de parte.

Es decir que el Estado tiene todas las posibilidades de terminar con los contratos afectados por obrar con causa ilícita, la que surge de pagar coimas con la intención de obtener beneficios de la Administración Pública.

Algunos jerarcas dirán que un procesamiento no es sentencia firme y que se debe otorgar el beneficio de la duda al indagado y que nadie es responsable hasta que se demuestre lo contrario. Pero todo eso se desvanece con las escuchas telefónicas reunidas en el expediente, además de las propias declaraciones de los implicados y testigos.

Dejando de lado lo estrictamente legal, en el campo político se vuelven naturales los cuestionamientos al gobierno frenteamplista. Colorados y blancos arremeten con todas sus armas contra el Frente Amplio. El debate recalienta Twitter y Facebook, donde sin embargo se puede apreciar que uno de los empresarios procesados por pagar coimas tiene preferencias políticas ignoradas por algunos dirigentes. Un ejemplo de ello es el perfil en la red social del empresario Alejandro Servioli. 

Leé el dictamen del juez del Crimen Organizado

Auto de procesamiento del juez Valetti en caso ASSE by Sudestada - Periodismo y transparencia