A través de una resolución presidencial del pasado 21 de noviembre el Poder Ejecutivo designó al ex intendente de Paysandú Bertil Randolf Bentos como nuevo miembro del directorio de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía, Combustibles y Agua (URSEA) en representación del opositor Partido Nacional.

Según consta en su página web, la URSEA “es una institución estatal, creada con el fin de defender a los usuarios, y contribuir al desarrollo del país, a través de la regulación, fiscalización y asesoramiento en los sectores de energía, combustible y agua”.

Actualmente los otros dos miembros del directorio son César Falcón (presidente) y Gerardo Triunfo.

Según supo Sudestada, la designación de Bentos provocó sorpresa en muchos ámbitos sanduceros, sobre todo en el entorno de la Intendencia de Paysandú ya que en el mes de febrero el frenteamplista Guillermo Caraballo resolvió denunciar penalmente a su antecesor por las irregularidades encontradas durante su gestión.

Caraballo se presentó en conferencia de prensa el 4 de febrero en el salón rojo del ejecutivo departamental y enumeró una larga lista de irregularidades constatadas durante una auditoría externa, cuyo informe final (que se entregó hace exactamente un año, el 2 de diciembre de 2015), consta de 115 páginas. El trabajo de análisis solamente abarcó los útimos dos años de gestión del intendente nacionalista.



El panorama institucional que describió el intendente aquel día era dantesco: “La información que aporta el estudio constata nuestra sospecha original en cuanto a la situación administrativa que recibimos. Se muestra con contundencia, que al momento de nuestra asunción importantes áreas de la gestión de la Intendencia se encontraban en una situación de verdadera devastación administrativa. Se ha podido constatar la desaparición, destrucción y/o mutilación de cientos de documentos y expedientes en varias reparticiones, hecho que la propia empresa contratada señaló como un importante obstáculo para lograr más y mejor información”.

Al describir la situación administrativa de la intendencia durante a gestión nacionalista, Caraballo explicó que las áreas auditadas en el mejor de los casos “muestran procedimientos poco cuidadosos” y en el peor “pueden encuadrar en situaciones penadas por la ley”.

En cuanto al detalle de las irregularidades constatadas, señaló el pago al contado de una obra de un hogar CAIF que nunca se realizó, la entrega de libretas de conducir sin los procedimientos adecuados, el reparto de canastas de alimentación y la entrega de alimentos en el comedor departamental sin la identificación de los beneficiarios y la supresión de multas de tránsito a través de gestiones personales y sin justificación.

“Reúne las condiciones”

El consejo de ministros encabezado por el presidente Tabaré Vázquez designó el 21 de noviembre a Bentos para el cargo vacante, en representación de la oposición, mediante una resolución que destacó en su único considerando que el ex intendente “reúne las condiciones requeridas por la ley para ser designado miembro integrante” del directorio de la URSEA.



La designación de Bentos pasó desapercibida para la mayoría de la población, a pesar de haber sido anunciada en la página web del Partido Nacional, que se ocupó de informar al respecto a través de un escueto texto, con una pequeña foto del funcionario designado.

Lo curioso del anuncio es la mención en ese párrafo del escándalo más grande que debió enfrentar la administración de Bentos: el caso de explotación sexual infantil que protagonizó su secretario general, Hugo de los Santos, en lo que se conoce como “La casita del parque”, un inmueble de propiedad de la intendencia que el jerarca actualmente procesado usaba para realizar fiestas sexuales con niñas y adolescentes.

"Bentos ocupó la intendencia entre 2010 y 2015. En el último tramo, un sonado caso de explotación sexual de menores golpeó a su administración que culminó con la renuncia y prisión del entonces secretario general de la intendencia", decía la noticia que subió el PN. 



La mención del caso que golpeó duramente la imagen de la administración Bentos seguramente haya generado malestar en su entorno y en el sector Alianza Nacional, que lidera el senador Jorge Larrañaga, al que pertenece el nuevo director de la URSEA, ya que poco después la noticia fue retirada y hoy no se encuentra disponible.


En la actualidad el proceso judicial que involucra al ex intendente sanducero no registra demasiados avances. Según supo Sudestada, recién hace pocos días tuvo lugar la audiencia ratificatoria de la denuncia presentada en febrero, hace más de nueve meses, por lo que se espera que después de la feria judicial mayor se produzcan las primeras actuaciones por parte del juez Fabricio Cidade.

Por lo tanto, cuando Bentos deba concurrir a declarar ante la Justicia Penal estará en sus primeros meses de gestión en un organismo que se dedica a la fiscalización de varios organismos públicos para prevenir procederes como los que él mismo parece haber protagonizado.